Los reyes de la basura en España

El próximo 6 de noviembre, el gerente del PP en Castilla-La Mancha y el expresidente de Sacyr (la dueña de la empresa Sufi), Luis del Rivero, declararán como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel. Un presunto soborno de la empresa que fue adjudicataria del contrato de limpieza y recogida de basuras de Toledo es la causa de la declaración de estos nuevos imputados en el caso. Según el extesorero del PP Luis Bárcenas, el dinero financió la campaña de este partido en la región, entonces bajo la batuta de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Mientras, Madrid puede vivir una huelga de los empleados de limpieza a finales de este mes.

La limpieza de la ciudad es casi el primer escaparate de la gestión de los gobiernos municipales. Las contratas son, por otra parte, negocios importantes, a veces salpicados de casos de corrupción. Además de Toledo, en el mismo caso Gürtel se investiga el presunto soborno de los dueños de Sufi para conseguir la contrata de limpieza de uno de los distritos de Madrid.

Un repaso a las adjudicaciones de las principales capitales de provincia de España dibuja el mapa de este negocio. Los 38 ayuntamientos que han facilitado los datos a esta revista suman un presupuesto anual de más de 1.125 millones de euros (ver cuadro). Las contratas se adjudican por periodos de unos ocho, diez o hasta quince años, con varias prórrogas anuales posibles, con lo que el negocio total al que pueden aspirar las empresas en toda España puede superar holgadamente los 10.000 millones de euros para esos paquetes de varios años. Por ejemplo, solo en el ayuntamiento de Madrid las empresas han aspirado a una contrata con un presupuesto de 2.300 millones de euros para un periodo de 8 años. Cada zona de la ciudad adjudicada ha supuesto un contrato valorado por encima de los 300 millones de euros.

En las capitales de provincia que han facilitado los datos reina con diferencia Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa de Esther Koplowitz, con presencia en las contratas de 18 ayuntamientos. En los años 90 del pasado siglo, FCC, Sufi y la empresa de los que luego fueran los maridos de las hermanas Koplowitz, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, aspiraban a hacerse con el mayor vertedero de Madrid. Así saltaron las imágenes de los Albertos con sus gabardinas a las páginas de los periódicos de la época. En número de contratas, a FCC le siguen Cespa (de Ferrovial, la empresa de los Del Pino), con seis contratas, y Urbaser (de ACS, de Florentino Pérez) y Sufi-Valoriza (Sacyr), con cinco.

Color político.

No se pueden sacar conclusiones sobre  relación entre el color político y las adjudicaciones. Doce de las 18 adjudicaciones de la potente FCC han coincidido con gobiernos del Partido Popular, que por lo demás es el que gobierna en la mayoría de las capitales consultadas. Cespa consiguió cuatro de sus seis contratas con el PP, Urbaser consiguió dos con los populares, dos con los socialistas y una con Coalición Canaria. Sufi, por su parte, obtuvo cuatro de sus cinco contratas con ayuntamientos gobernados por el PP.

Las adjudicaciones suponen compromisos mucho más allá de las legislaturas políticas. En Cáceres, por ejemplo, el contrato está vigente desde 2006 y llegará hasta el año 2021. Aunque con diferentes fechas de comienzo, seis contratas en capitales de provincia no caducan hasta la próxima década. El caso de Castellón es el que llega más lejos, hasta el año 2025. En Oviedo, la concesión finaliza en 2016, pero caben dos prórrogas de cinco años de duración  cada una, por lo que la misma empresa lo podría disfrutar hasta 2026, veinte años en total.

El precio anual de los servicios varía en función de la importancia en número de habitantes. En Melilla no alcanza el millón de euros, frente a los 256 millones que se gasta Barcelona. No se puede establecer una comparación en el gasto que dedica cada ciudad a la limpieza, ya que no todas las contratas incluyen los mismos servicios. Algunas ciudades de costa subrayan que estos contratos incluyen la limpieza de playas. Otras ciudades, como Murcia, llaman la atención sobre el hecho de que su servicio de limpieza se realiza los siete días de la semana, mientras que muchas ciudades solo la realizan o la han reducido a seis días, o que la gran extensión de su término municipal encarece el contrato.

Reducción de gasto.

Por lo demás, muchas ciudades se han embarcado en procedimientos para rebajar su gasto en estas contratas. Unas, por ejemplo, han concentrado diferentes servicios en un único contrato, como por ejemplo, la limpieza y la recogida de basura. En Cáceres han reducido el coste más de medio millón de euros este año, de un contrato de casi ocho millones de euros anuales. Pero no siempre es así. Son varias las capitales en las que se revisa el canon anual al alza, a pesar de la crisis. En Tarragona han aprobado un incremento de casi 700.000 euros anuales sobre los 18,5 millones que costaba la contrata. En cuatro capitales la contrata ha llegado al final del periodo de adjudicación o está prorrogada. En otras cuatro la contrata finaliza el año que viene.

A veces, la contrata de basura la ha conservado tradicionalmente una misma empresa en algunas ciudades. Es el caso de Granada, donde Inagra la lleva desde los años setenta, o Jaén, donde FCC es la adjudicataria desde los años ochenta del pasado siglo. En Lugo, Urbaser la lleva desde el año 1996. Y aunque parezca extraño, cuando la limpieza fue uno de los primeros servicios públicos que se privatizaron, todavía quedan cinco ayuntamientos (Córdoba, León, Sevilla, Teruel y Valladolid) donde lo presta personal municipal. En Málaga, la empresa que da el servicio es municipal en un 49%. En León, el recorrido ha sido el contrario, ya que la contrata era privada, de Urbaser, pero se decidió municipalizarla para ahorrar costes, según indican en ese ayuntamiento gobernado por el Partido Popular.