Los otros objetivos del 23F

23 / 02 / 2016 Antonio Rodriguez
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35 años después, Varios informes secretos del PSOE señalan que el 23-F, la división Acorazada, quería entrar en el diario El País, fusilar a tres diputados y ocupar euskadi y Navarra.

Tejero y sus guardias civiles el 23-F en el Congreso de los Diputados. Bajo estas líneas, algunos de los documentos citados en el reportaje.

La próxima semana se cumplen 35 años de la intentona golpista del 23-F y siguen apareciendo documentos de gran valor histórico, así como declaraciones de los protagonistas que quedan vivos de aquel suceso que conmovió España: la más interesante de los últimos años ha sido la del rey Juan Carlos al periodista Fernando Ónega tras su abdicación, en la que el monarca emérito dijo estar seguro de que el cerebro de la trama, el llamado Elefante blanco, fue su antiguo preceptor, el general Alfonso Armada. Los últimos documentos relativos al
 23-F, en ver la luz han sido los del archivo del PSOE, que se desclasificaron en junio del año pasado. En el marasmo de papeles que custodia la Fundación Pablo Iglesias existen varios informes confidenciales que ayudan a entender lo que pudo pasar ese día si el golpe no se hubiera cortocircuitado tan pronto.

TIEMPO ya publicó en su número 1.719 el contenido de un proyecto de asonada militar que llegó a manos de los socialistas antes del 23-F y que se asemejaba en varios puntos a lo que luego intentaron poner en práctica los golpistas durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Pero hay otros escritos  que ahora salen a la luz. Por ejemplo, existe un informe fechado el 17 de enero de 1980 sobre la Brigada Paracaidista (Bripac) de Alcalá de Henares (Madrid), una de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas. Al PSOE se le alerta entonces de que allí se están produciendo reuniones en las que se habla de “asaltar” La Moncloa, algo que ya habían planeado en 1978 el propio Antonio Tejero con el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas en la denominada operación Galaxia. Así, en octubre de 1979 hubo una reunión del jefe de la II Bandera de la Bripac –el teniente coronel Vicario– con dos comandantes y ocho capitanes, en la que este oficial “dijo que la situación de España era inaguantable y que si una unidad tomaba la decisión de asaltar La Moncloa, la guarnición de Madrid le seguiría”.

Lejos de amedrentarse, el citado teniente coronel insistió en que dicho “honor” de ocupar por la fuerza el recinto presidencial debía corresponder a la Bripac. Y que si el general de la base no estaba de acuerdo, se haría como al inicio de la Guerra Civil: “En el 36 hubo generales que no lo estuvieron y no fueron un obstáculo”, enfatizó refiriéndose al destino trágico que sufrieron algunos conmilitones de Franco que no se sumaron al golpe.

Indulto para Tejero. La actitud golpista de este oficial era secundada por otros jefes de unidad de la Bripac, que consiguieron entrevistarse con el general de la base, Ángel Mendizábal, y al que trasladaron “sus deseos e inquietudes, incluso de dar el primer paso” a la hora de ocupar La Moncloa. “Se habló de la necesidad de [decretar] el estado de excepción en el País Vasco y de que un tribunal constitucional (sic) dictaminase si los Estatutos [de autonomía] eran o no constitucionales”, se indica en el documento.

El informante del PSOE alerta de un hecho que se produjo el 6 de diciembre de ese 1979, primer aniversario del referéndum de la Carta Magna. Ese día los mismos oficiales volvieron a ver al general “para presionarle para que fuese al capitán general y que este pusiese en libertad a Ynestrillas y Tejero”. Al final no se produjo tal reunión con el jefe de la I Región Militar, pero sí con José Gabeiras, jefe del Ejército de Tierra en aquel momento. “Se han detectado reuniones con líderes de Fuerza Nueva en Alcalá y Vicario es un gran jefe, con mucho carisma. Le seguiría el 80% de la Bripac”, sentencia el informe.

Otro escrito de junio de 1980 relata los ánimos levantiscos que se respiraban en la Capitanía General de Sevilla, comandada por el general Pedro Merry Gordon. Bajo el título Algo intenta cocerse en Sevilla, el informante socialista, que firma con el seudónimo Blasco, señala que en la II Región Militar se están produciendo una serie de conferencias dentro de los cuarteles en las que se dice que “en estos tiempos de crisis, lo único de verdad permanente y en lo que un militar tiene que creer y confiar es en el Ejército”. Los discursos los pronuncian coroneles llegados de la Capitanía General, quienes reúnen a todos los oficiales y suboficiales del acuartelamiento en una sala y allí les imparten la siguiente doctrina: “El Ejército se encuentra por encima de la Constitución e incluso de la monarquía. Solo al Ejército se debe una lealtad absoluta: lo demás es coyuntural. El Ejército, en una palabra, está por encima de la ley y, particularmente, de la Constitución”.

El informe subraya que los mandos militares de la II Región son “mayoritariamente y furibundamente antidemocráticos”, y que han sido “bien seleccionados” por el general Merry Gordon en “sus muchos años de capitán general” en dicha plaza. “También puede tratarse de una especie de ensayo, a ver qué pasa, como de una prueba de presión y fuerza”, concluye Blasco.

Después de la noche del 23-F, alguien del Partido Socialista entrevistó a un soldado de la Policía Militar destinado en la División Acorazada Brunete, la más importante de las Fuerzas Armadas, y que en la noche del golpe estuvo en el interior del Congreso de los Diputados al formar parte del grupo de militares que, al mando del comandante Pardo Zancada, apoyó al contingente sedicioso del teniente coronel Antonio Tejero.

Este militar afirmó que aquella tarde “se observó que de manera inusual algunos oficiales escuchaban el programa de radio”. No obstante, la mayoría desconocía todo lo que iba a suceder, pues varios de ellos fueron llamados al acuartelamiento a las 5 de la tarde. Los soldados de la Policía Militar desconocían lo que se estaba fraguando hasta que a las 6.30 de la tarde, tras la entrada a tiros en el Hemiciclo, les indicaron que estuviesen preparados pues iba a efectuarse “un toque de generala”.

La Acorazada Brunete se puso en marcha entonces para ocupar los principales puntos neurálgicos de la capital. A los compañeros de este soldado les dieron la orden de “ocupar” la sede del periódico El País, algo que finalmente no llegó a ocurrir porque hubo una contraorden cuando los primeros vehículos militares enfilaban ya por el norte de Madrid. “Llevaban mucha munición y algún oficial llevaba armas no reglamentarias, como rifles Winchester”, precisa el autor del escrito.

En el relato sobre lo que ocurrió dentro del Congreso, el soldado de la Acorazada dijo que “en el interior estaba previsto efectuar disparos para intimidar y que estos disparos serían de fogueo”, pero que ante la actitud del vicepresidente Gutiérrez-Mellado, sus compañeros dispararon con fuego real “quizá debido a los nervios”. En los días posteriores se enteró que la parte de la División Acorazada que estaba de maniobras en Zaragoza “tenía misión de ocupar el Norte por la parte de San Sebastián y Pamplona”. Para ello, dicho contingente se pondría a las órdenes del teniente general Antonio Elícegui, amigo de Jaime Milans del Bosch y que estaba decidido a sumarse al golpe al frente de la V Región. Finalmente, fue uno de los generales dudosos en la tarde del 23-F y se puso a las órdenes del Rey.

“Claramente golpista”. Otro foco de tensión estuvo en la zona gaditana del Campo de Gibraltar y Algeciras, donde “la tropa había tomado posiciones”. Este aspecto poco conocido del 23-F
 también aparece en un informe que el 7 de abril de 1981 elaboró el PSOE de Cádiz. En él se advierte de que la extrema derecha estuvo confeccionando listas la noche del golpe y que sus miembros se pusieron a las órdenes de la Guardia Civil. En cuatro localidades –Alcalá de los Gazules, Puerto Serrano, El Bosque y Algodonales– salieron armados a la calle, un peligro que también se dio en Marbella (Málaga). Pero lo más preocupante para el PSOE gaditano fue la actitud “claramente golpista” del gobernador militar del Campo de Gibraltar, el general Ricardo Oñate de Pedro, quien “tuvo los tanques fuera de los cuarteles de la Brigada Jerez 22 de la División Guzmán el Bueno”. Hasta ahora se sabía que un grupo de ultraderechistas fue a ofrecer sus servicios al general Oñate, pero que este los rehusó y procuró tranquilizarlos. El Gobierno de Calvo-Sotelo le colocó en 1982 al frente de la IX Región en Granada, así que el informe socialista pudo faltar a la verdad.

El PSOE guardó también un escrito sobre el capitán médico Julián Relanzón, persona con una “significación muy acusada como ultraderechista” y que estaba muy relacionado con altos mandos del Ejército, hasta el punto de que el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, estuvo en su casa la noche del 20 al 21 de febrero. ¿Supo algo el ministro de UCD? “Hombre oscuro, intencionadamente en lo público, se estima que es pieza importante en toda la trama conspirativa pasada y actual”, se dice del capitán Relanzón.

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