Los negocios de los diputados

En esta legislatura hay muchos diputados novatos. Todos los integrantes de las nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos, lo son, con la excepción del actor Toni Cantó. También hay muchos más jóvenes que antes. A pesar de ello, el número de diputados con intereses en negocios supera al de la pasada legislatura.

No solo eso. Hay más diputados que, además, tienen más empresas. Algunos de los nuevos baten los récords marcados hasta la fecha. El popular José María García Urbano, actual alcalde de Estepona, tiene intereses en 14 empresas, según figura en la declaración de bienes y rentas que tienen que presentar todos los representantes populares ante las Cámaras. Sin embargo, García Urbano no confiesa el valor de estas participaciones. Esta es su primera legislatura y se ha convertido en el diputado que más paga a Hacienda, a gran distancia de los demás. Su cuota con el fisco ascendió a 162.962 euros, con lo que sus ingresos también deben ser al menos casi el doble, ya que no se conocen puesto que tampoco ha rellenado estos datos en la declaración de rentas, como está obligado. García Urbano es abogado del Estado, notario y registrador, y alguna de sus empresas tiene relación con el sector inmobiliario. En el caso Malaya se destaparon reuniones de los principales condenados en su despacho, como el asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, despacho donde también se constituyeron sociedades de estos protagonistas. Es posible que el alcalde de Estepona sea el que tenga un mayor patrimonio en empresas de entre todos los diputados, pero ante la actitud de no mostrarlas es otro de sus compañeros, también nuevo en la Cámara Baja, quien ocupa el primer lugar en la clasificación por el valor de sus sociedades. Se trata de Mateo Isern, anterior alcalde de Palma de Mallorca. Dos diputados que son o acaban de ser alcaldes se encuentran, por lo tanto, en cabeza si se tiene en cuenta el valor de sus participaciones o el número de empresas en las que tienen intereses. La valoración de las empresas de Isern es de 4,4 millones de euros. La más importante de ellas es Sineu Inversiones, donde tiene 3,8 millones de euros. A través de esta sociedad disfruta de su automóvil marca Jaguar y varias propiedades inmobiliarias, concretamente ocho viviendas, dos locales y medio, una finca rústica, a los que hay que añadir otras propiedades que no están a nombre de esta empresa. La suma de sus ahorros llega a los seis millones de euros, con lo que se coloca a la cabeza de los diputados en cuanto a este patrimonio.

Si Isern y García Urbano, en la cumbre según diferentes varas de medir, son del Partido Popular, también lo son ocho de los diez diputados con mayor patrimonio empresarial. Los otros dos son de Democràcia i Llibertat (DiL). Además, 25 de los 65 diputados con intereses empresariales son del PP. Sin embargo, llama también la atención que entre las filas de Ciudadanos se da una proporción mayor (ver cuadros). Sus 16 diputados con participaciones en empresas suponen el 40% de sus escaños, mientras que en el PP son el 20%. También destaca que la proporción es ligeramente mayor en Podemos que en el PSOE, ya que en los primeros es del 14% de sus escaños frente al 11% de los socialistas. No obstante, los diputados de ambas formaciones con empresas son diez por cada una de ellas. Finalmente, tres de los ocho diputados de DiL y uno de los nueve de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) son dueños o socios de empresas.

Los citados Mateo Isern y José María García Urbano se estrenan en los escaños en esta legislatura. Es otro aspecto que llama la atención, ya que de los 65 diputados que tienen negocios, 42 de ellos pisan por primera vez el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Son tantos, prácticamente, como el total (nuevos  o no) que tenían empresas en la anterior legislatura. La mayoría de ellos forman parte de lo que podríamos denominar clase media-baja de los empresarios del Congreso, ya que apenas hay diputados con experiencia en anteriores legislaturas que no sea en los puestos de cabeza. Bien es verdad que hay que contar con el condicionante de que 14 miembros de la Cámara Baja no ofrecen una valoración de sus participaciones empresariales. La más conocida de este grupo es la popular Celia Villalobos, que tiene participaciones en las empresas a través de las que su marido, Pedro Arriola, el gurú de las encuestas asesor de Mariano Rajoy, realiza su trabajo. Se trata de Instituto de Estudios Sociales y Consultores de Investigación Social, en las que tiene aproximadamente la mitad de las acciones en lo que explica como “participación por régimen matrimonial de gananciales”. La primera tiene unos activos de 823.000 euros e ingresa al año 623.000, aunque sufre unas pequeñas pérdidas de 900 euros. Los activos de Consultores de Investigación Social, por su parte, suman unos activos de 2,4 millones de euros, su cifra de negocio es de 315.000 euros y cosechó un beneficio de casi 76.000 euros. Las normas de la declaración de bienes y rentas que los diputados deben depositar en el Congreso señalan que el valor de las acciones debe calcularse “según el balance de la sociedad”.

Por el contrario, su compañera de filas la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, sí que valora sus acciones en la Compañía Turística Santa María y en Abaque Hotelera, sociedades de las que es socio y ejecutivo su marido, Santiago Cobo. Por comparar con el caso de Villalobos, Teófila Martínez declara que sus participaciones en la más importante de las dos empresas que declara, Abaque Hotelera, están valoradas en 348.000 euros para una sociedad con un patrimonio algo superior a los ocho millones de euros, que tiene un capital escriturado de dos millones y cuyos ingresos anuales ascienden a 3,4 millones de euros. La valoración total que declara la exalcaldesa gaditana asciende a 524.911 euros y la coloca en segundo lugar en el ranking de los diputados en cuanto al valor de sus participaciones empresariales. El marido de Teófila Martínez, Santiago Cobo, es el administrador de alguna de las empresas investigadas en el caso Rato, aunque Cobo desmintió rotundamente su participación en ninguna de las irregularidades sobre las que se realizan pesquisas. Alcaldes o exalcaldes como García Urbano, Mateo Isern y Teófila Martínez destacan, por lo tanto, en esta clasificación.

Es curioso el caso del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el único, junto con el actor y diputado de Ciudadanos Toni Cantó, que señala que el valor de sus participaciones es negativo. El hecho de que las participaciones de Méndez de Vigo en una de sus sociedades, Feldstein, tenga una valoración negativa de 117.069 euros frente a los 71.985 euros positivos de la otra, Krainem, dan un resultado final de 45.084 euros negativos. A pesar de ello, sus ahorros e inversiones son superiores a los 700.000 euros. Su empresa Feldstein, dedicada a la explotación de caballos, tiene efectivamente un patrimonio neto negativo, lo que le acerca a su quiebra. Llama la atención que la ley de incompatibilidades exige dedicación exclusiva a los altos cargos, que no puede ser compatible con ninguna otra actividad o cargo público o privado. En cuanto a la empresa Krainem, se trata de una compañía dedicada a la gestión del ejercicio de la abogacía realizado por los miembros de la sociedad. En ella Íñigo Méndez de Vigo compartía la administración con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que dejó la empresa en el año 2012, según el registro mercantil.

A través de esta empresa, el ministro de Educación disfruta de un automóvil de la marca Jaguar. Una fórmula igual que la del anteriormente citado Mateo Isern. Los ministros José Manuel Soria (Industria), Rafael Catalá (Justicia) y Fátima Báñez (Empleo), tienen también intereses empresariales. En el tercer lugar de la clasificación de la valoración de las empresas de los diputados se encuentra Pedro Gómez de la Serna.

El que fuera diputado del Partido Popular dejó este grupo parlamentario para ingresar en el Grupo Mixto cuando se supo de su participación en presuntas comisiones ilegales para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior por unos 250 millones de euros. El caso, que investiga la Audiencia Nacional, afectó también al exembajador en la India Gustavo de Arístegui, que también fue diputado hace años. La investigación afecta a la empresa Scardovi, en la que Gómez de la Serna declara tener el 51% de las acciones con un valor de 464.000 euros. En su declaración de bienes también aclara que la empresa tiene cargas hipotecarias por inversiones inmobiliarias en Segovia y Madrid por valor de 477.000 euros.

El primer miembro del Gobierno en la clasificación, que ocupa el puesto quinto entre los diputados cuyos intereses empresariales tienen mayor valoración, es la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Sus participaciones del 20% en las empresas Inmobiliaria Huerta del Rey, Isabel la Católica 4 e Inmobiliaria Relatores 5 se valoran en un total de 377.000 euros. La ministra aclara que ninguna de ellas ha repartido dividendos. El valor de las inversiones y ahorros de García Tejerina es de 2,8 millones de euros, lo que la convierte en la segunda diputada más rica del Congreso, por detrás de Mateo Isern.

Jordi Xuclà, de Democràcia i Llibertat, es el primer diputado en la clasificación de los intereses empresariales que no pertenece al Partido Popular. Se encuentra en el puesto séptimo con una valoración de 257.000 euros de sus acciones en la empresa Xuclà Mecàniques Fluvià. El diputado de Ciudadanos por Alicante José Cano Fuster es el primer representante de las nuevas formaciones que han llegado al Congreso. La valoración de la empresas donde es socio, Xato Restauración, es de 125.000 euros. En el puesto 19, ya con empresas mucho menores, se encuentra el primer representante de Podemos, la diputada Lucía Martín González, diputada por Barcelona, que tiene el 4% de la empresa Moving Publicidad. El primer representante del PSOE se encuentra a continuación. Se trata de Javier Antón Cacho, diputado por Soria, dueño de Monzón Sugar.

Muchos de los diputados con intereses empresariales en la anterior legislatura, de 2011 a 2016, no repiten escaño en la actual. Los más destacados eran el popular Telmo Martín, el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, y el histórico diputado de Convergència i Unió Josep Sánchez Llibre.

Las acciones en los negocios del primero ascendían a unos 20 millones de euros, una cantidad seguramente no alcanzada antes, a pesar de que las declaraciones de bienes solo son públicas desde la anterior legislatura. También son muy superiores a las del primer diputado en el ranking actual. Las participaciones del ministro Arias Cañete en dos empresas petrolíferas ascendían a algo más de 300.000 euros. Esta participación le acarreó críticas sobre la posibilidad de que incurriera en un conflicto de intereses desde su puesto de ministro de Agricultura, también con competencia en Medio Ambiente, al igual que en su cargo posterior como comisario europeo. Finalmente, Sánchez Llibre tenía acciones en seis empresas por un valor aproximado de 2,8 millones de euros.