Los ERE llevan a Chaves y Griñán ante el juez

Años después de que el caso de los ERE empezara a perseguir a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este miércoles, día 16, por fin les alcanzará en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Ambos tendrán que declarar en calidad de investigados (el nuevo término para los imputados) en la pieza separada que instruye el juez Álvaro Martín. En ella se investiga el denominado “procedimiento específico” a través del que se concedían  las ayudas fraudulentas para los expedientes de regulación de empleo.

No es la primera vez que ambos tienen que responder ante un juez, si bien la anterior, cuando declararon ante el Supremo dada su –entonces– condición de aforados, ambos alegaron que no recordaban los hechos. Chaves aseguró que un presidente autonómico no puede “leerlo todo” y que dio por hecho que el procedimiento de concesión que le presentaron era legal. Por su parte, Griñán (exconsejero de Hacienda durante algunos años del fraude) negó haber conocido los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que en su día señalaron las irregularidades y argumentó que no estaba encima de la gestión de las ayudas sociolaborales. No les sirvió de nada y salieron del Tribunal Supremo como imputados.

El mismo día que los dos expresidentes y figuras de referencia del socialismo andaluz declarará también el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Y cerrarán la ronda de declaraciones a final de mes otros tres exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. Con ellos se completará la declaración de los 51 imputados que forman esta primera pieza separada de los ERE, la más política de todas en las que se ha dividido la macrocausa sobre las subvenciones.

Sea cual sea el resultado del juicio, tanto José Antonio Griñán como Manuel Chaves han pagado ya un gran precio político. Ambos han abandonado la vida pública y, pese a la dimisión, su figura se ha convertido en munición constante para atacar la credibilidad del discurso socialista contra la corrupción.

Los cursos, en el Parlamento.

Y mientras la Justicia cita a los expresidentes andaluces, la política ha hecho lo propio con la actual. El Parlamento de Andalucía arrancó durante los primeros días de marzo la primera ronda de comparecencias ante la comisión que investiga el escándalo de los cursos de formación, un presunto fraude que podría superar los 700 millones de  euros en subvenciones sin justificar. La posición de Ciudadanos ha sido determinante para poner en marcha la comisión. Aunque respaldan el Gobierno de la Junta, los de Albert Rivera se han situado en este tema junto a la  oposición de PP y Podemos. Fue, de hecho, gracias a su voto, por lo que será la presidenta Susana Díaz quien cierre esta ronda, después de que hayan dado su versión de los hechos las 69 personas y entidades que han sido citadas por la comisión. El objetivo es establecer si hubo responsabilidades políticas en el presunto fraude de las ayudas a la formación concedidas por la Junta entre 2002 y 2012. Entre ellas se encuentra una subvención de 8 millones de euros para el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) la organización de UGT que se encargaba de la formación y para la que trabajaba el marido de la presidenta andaluza, José María Moriche.

La comisión es, sin embargo, solo la rama parlamentaria del escándalo. Al mismo tiempo que se dirimen las responsabilidades políticas, varios juzgados andaluces tienen abiertas causas relacionadas con los cursos de formación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones.