Los distintos modelos de jurado vecinal

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, va a poner en marcha un programa piloto en el barrio de Lavapiés, en el que pretende introducir figuras públicas como los “jurados vecinales” o el “gestor de barrio” con el objetivo de intermediar ante delitos menores con la ayuda de la denominada Policía Comunitaria, un cuerpo que se dedicaría básicamente a solucionar conflictos de forma preventiva. En palabras de Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, estos jurados serían “espacios de mediación vecinal para ayudar a conciliar derechos y convivencia cotidiana”, sin suplantar a las instancias judiciales que juzgan delitos penales. “No sustituye al sistema judicial, se trata de intentar resolver los problemas de convivencia antes de que lleguen a los tribunales”, ha subrayado Barbero.

En cuanto a la llamada Policía Comunitaria, se trataría de un nuevo modelo, de carácter voluntario, que serviría para que el agente no solo acuda a la llamada de los vecinos ante una emergencia o infracción, sino también para prevenir esas situaciones y “acompañar a los vecinos en su día a día para evitar que padezcan riesgo o delito”.

Este esquema solucionaría, a juicio del equipo de Carmena, algunos conflictos vecinales de carácter leve con penalizaciones “más integradoras” que la condena o multa económica que pueda imponer un juzgado. El fin último sería, por tanto, “cohesionar” la vida de los barrios con una especie de tribunal social en el que estuviesen vecinos y agentes en un papel similar al de los jueces de paz.

En ciudades de Estados Unidos, Reino Unido o Canadá ya funcionan grupos de conciliación vecinal, con sus propios tribunales, en los que se busca reducir la reincidencia delictiva de los barrios más conflictivos. Nueva York fue pionera en el mundo anglosajón con su Community Court. Este tribunal sustituye condenas de cárcel de delitos menores por trabajos comunitarios. Desde la década de los noventa, la Gran Manzana ha logrado reducir la criminalidad y los barrios disfrutan de una mayor paz social.

El modelo de Cuba

Otras urbes latinoamericanas han copiado este mismo sistema. En Buenos Aires existen desde el año pasado los “centros de gestión y participación comunales”, mientras que en Santiago de Chile se implantaron en 2011 las llamadas “unidades de justicia vecinal”. En ambos casos se ha podido agilizar la resolución de reyertas vecinales o pequeñas gestiones que un juzgado por sí mismo tramitaba con más lentitud. Sin embargo, este modelo tiene una vertiente más represiva en países como Cuba o Venezuela, donde funcionan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y las llamadas Brigadas Vecinales. En el caso cubano de los CDR, que funcionan en cada manzana, el régimen castrista reconoció en 2012 que son “sus oídos y ojos” a la hora de vigilar a la ciudadanía.

“No se concibe que en un CDR no haya vigilancia, esa tarea no hay que discutirla”, indicó el Ejecutivo cubano, a lo que la bloguera Yoani Sánchez replicó lo siguiente en Twitter: “Donde se habla de vigilancia debe decirse delación, intromisión en la privacidad, fisgoneo. La vigilancia se orienta a todos los órdenes: si el vecino compró algo nuevo, a quién recibe en su casa, qué ideas tiene. La sensación de vigilancia permanente es uno de los más extendidos mecanismos de control en Cuba”.

El PSOE madrileño, único socio de Carmena, ya ha advertido que el proyecto de la Policía Comunitaria “o está muy mal contado o está muy mal planteado, porque juzgar solo debe hacerlo el poder judicial”. Y sobre los jurados vecinales, los socialistas insistieron en que “si se trata de mediación, existen los servicios sociales, que la desarrollan en coordinación con la Policía Municipal”.