Los damnificados del proceso catalán

El denominado proceso catalán ha dejado una larga lista de damnificados entre coaliciones rotas, partidos hundidos, líderes que han dejado de serlo y formaciones políticas literalmente engullidas por otras.

Sin duda, el mayor impacto ha sido la desaparición de Convergència i Unió (CiU). La que parecía indestructible alianza de la derecha nacionalista saltó por los aires en un abrir y cerrar de ojos. La formación que había hecho posible la gobernabilidad de España durante décadas se convertía, de repente, en el principal problema de la unidad del Estado, al tomar Convergència las riendas del independentismo, en contra de las tesis de Unió. La ruptura fue sonada. Se materializó en junio de 2015. Tras ella, Convergència, el partido de Artur Mas, concurría a las últimas elecciones autonómicas de septiembre de 2015 en coalición con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A pesar de sus inmejorables perspectivas, la unión de las dos grandes fuerzas soberanistas, a las que apoyaba la “sociedad civil” que Mas había alimentado durante los últimos tres años, solo logró igualar los resultados de CiU en 2010. Objetivamente, un fracaso absoluto. Internamente, los independentistas sostienen que a sus 62 escaños hay que sumar los 10 de la Coordinadora de Unidad Popular (CUP), con lo que el independentismo tiene una holgada mayoría absoluta (establecida en 68 escaños). La extraña carrera de Mas hacia el independentismo ha terminado por convertirle, no en el presidente salvador de Cataluña, sino en el político que hundió literalmente el partido más importante de la comunidad autónoma. Y a ello a contribuido también la larga lista de escándalos de corrupción que han salpicado a la familia de Jordi Pujol, el fundador del partido y gran valedor histórico de Mas. La maldición del proceso se ha extendido al otro socio, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que no obtuvo representación en las autonómicas y el 20-D solo consiguió algo más de 64.000 sufragios. Su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, el sempiterno aspirante a ministro de un Gobierno de España, no repetirá, pues, escaño por primera vez en su larga carrera política.

La primera víctima. Otra de las víctimas, quizás la primera de todas, fue el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Esther Niubó, portavoz de esta formación, reconoce: “Sufrimos una escisión en la época más dura del debate. Pero esta fractura no fue tan traumática como cabría suponer porque se hizo mediante un goteo de bajas. En realidad, fueron pocas caras, pero muy conocidas, porque todas habían estado en primera línea y habían tenido cargos de responsabilidad, especialmente en el Gobierno: Ernest Maragall, Montserrat Tura, Marina Geli, Francesc Castells... De hecho, era una cosa más simbólica que otra cosa, pero a nivel mediático tuvo mucho tirón”. La salida más sonada fue la de Maragall, que fundó el partido Nova Esquerra Catalana (NEC), fusionado luego con Avancem, otra escisión liderada por el diputado Joan Ignasi Elena. Este parlamentario, junto con la exconsejera de Salud Marina Geli desobedecieron reiteradamente las consignas del PSC en la cámara y se alinearon en sus votaciones con el frente soberanista, lo que provocó que les fuesen retiradas todas las responsabilidades.

En resumen, el debate soberanista dejó una sangrante herida abierta en las filas socialistas que tardará en curarse. El ala catalanista no supo reconducir internamente su descontento e intentó provocar una gran fuga masiva de militantes que finalmente no se llegó a producir, aunque sí hubo bajas significativas. “Si alguien no acata la disciplina de un partido, no puede estar en él ni poseer cargos en su representación. Que deje paso a otros, pero que no intente traicionar a los votantes de ese partido”, señala a Tiempo un alto dirigente del PSC. Y Niubó enfatiza que “el impacto de la salida del ala soberanista fue mínimo y eso se vio en las autonómicas: Miquel Iceta no perdió votos y en el
 20-D y Carme Chacón, aunque perdió votos respecto a 2011, obtuvo más que en las últimas autonómicas”. Pero Pere Navarro, líder del PSC, así como dirigentes que pilotaron la etapa del Gobierno tripartito, como José Montilla, han sido devorados por la criatura.

Iniciativa per Catalunya (ICV) tuvo también sus más y sus menos con el soberanismo y es otro de los muertos que han quedado en la cuneta del largo camino hacia la independencia. El ala secesionista, encabezada por el portavoz parlamentario Jaume Bosch provocó un intento de debate interno en el que no faltaron momentos de gran tensión. Pero la crisis del proceso acabó llevándose por delante al partido, que actualmente está casi desaparecido y atomizado en la amalgama de grupos que conforman las plataformas electorales que se presentan bajo el manto de Podemos.

Por daños, incluso el Partido Popular fue una víctima más del proceso. “A nosotros nos ha perjudicado mucho porque hemos sido la diana, el enemigo a batir y a combatir. El ejemplo más claro es la durísima campaña en contra de Alicia Sánchez-Camacho, a la que han casi expulsado de la política”, señala a Tiempo Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán. Después del 20-D, el que probablemente ha sido el candidato más polémico recogerá su acta de diputado y se sentará en el Congreso. A pesar de que dirigentes del PP como la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría; el eurodiputado Esteban González Pons o los líderes del PP segoviano le pidieron que diera un paso atrás, el número 2 de la lista por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, volverá a ser diputado gracias a un sistema que blinda a los candidatos, que solo pueden dejar de serlo por dimisión o fallecimiento.

Sobre el papel, la imposibilidad de modificar las listas electorales es una garantía para que los votantes sepan exactamente a quién están votando y que no varíen en función de los intereses partidistas en cada momento de la campaña. Pero son también un pase directo, vía voto, al Congreso en este caso, al margen del comportamiento del candidato o de que su partido ya no confíe en él.

Un ejemplo es el caso de De la Serna. Las sospechas de un comportamiento al menos poco decoroso por, presuntamente, intermediar y cobrar comisiones de empresas por facilitar acuerdos con Gobiernos de otros países, según publicó El Mundo, no son motivo suficiente para apartar a un candidato de una lista. Llevado al extremo, tampoco lo sería la comisión de un delito, al menos hasta pasadas las elecciones. Como todos los demás, De la Serna quedó blindado cuando en noviembre se cerró el plazo de presentación de candidaturas. A partir de ahí, ni su partido ni la Junta Electoral Central (JEC) pueden hacer nada para retirar a un candidato de su camino a las urnas. Al margen de la polémica en la que se ha visto envuelto por las informaciones de El Mundo, el blindaje de De la Serna estaba llamado a transcurrir hacia otro mayor, el del escaño en el Congreso, personal y con aforamiento. Ahora, allí decidirá si dimite y cede su puesto. Si no lo hace y el PP se enroca en apartarle, podría echarle del grupo, pero no dejaría de ser diputado.

Inelegibilidad sobrevenida. 

El único resquicio legal para obligar a un candidato a dejar su acta es la “inelegibilidad sobrevenida”, por algo ocurrido entre la proclamación de candidaturas y las elecciones. En todo caso, el procedimiento para declararla no empezaría hasta que, una vez más, el candidato fuera elegido y estuviera ya en el Congreso.

La ley electoral es el fondo del dolor de cabeza que ha dado De la Serna al PP –sobre todo al de Segovia– en esta campaña. Su compañero en las presuntas comisiones que publicó El Mundo, Gustavo de Arístegui, dimitió como embajador en la India “para no perjudicar al Gobierno”. De la Serna no, a pesar de que pesos pesados del PP se lo pidieron. El partido llegó a decir que no conseguía hablar con su candidato porque este no cogía el teléfono. La presión bajó al final de la campaña, cuando Mariano Rajoy evitó pronunciarse sobre la cuestión –y también pedir la dimisión de su candidato–, cuando ya parecía claro que no daría un paso atrás. En realidad, el PP, como cualquier otro partido en esta situación, tenía poco margen de maniobra, más allá de abrirle un expediente disciplinario que, en el más grave de los casos, podría conllevar la expulsión del partido.

“No podemos hacer nada”, decían en el PP. Al menos, nada que no fuera la única opción para que De la Serna dejara de ser candidato con la que el PP podría haber acudido a la JEC: retirar toda la candidatura de la que formaba parte. Es decir, que el PP no se presentara en Segovia, donde el 20-D superó al PSOE por dos escaños a uno. Ese segundo es el de De la Serna, a quien sus compañeros pidieron su dimisión y le apartaron de la campaña. Con el voto de los ciudadanos, el candidato bajo sospecha ha llegado al Congreso y se convierte en la primera mácula del PP en esta legislatura.