Los alcaldes pelean su reforma electoral

Durante la década que Mariano Rajoy lleva al frente del Partido Popular ha demostrado ser poco permeable a las presiones, vengan del exterior o de sus propias filas. Pocas veces comparte lo que le pasa por la cabeza y en la mayoría de las ocasiones toma las decisiones solo, sin que las opiniones ajenas influyan en su proceso mental. Ese secretismo trae de cabeza en las últimas semanas a muchos alcaldes del PP, que confían en la reforma electoral local que el partido propuso durante el verano para mantener sus feudos.

Mientras, Rajoy duda. Si hace unas semanas parecía claro que el PP aprobaría la reforma contra viento y marea, la disposición del PSOE para hablar (que no negociar) ha templado los ánimos en el Gobierno. Ahora hay quien duda de que el PP se atreva a cambiar las reglas del juego de forma unilateral. Más, después de que esta semana la oposición al completo mostrara su rechazo a la propuesta. La mejor baza del PP es conseguir un acuerdo que se antoja imposible. Se mueve ahora entre dos propuestas. La original supone que en las alcaldías gobierne la lista más votada siempre que supere el 40% de los sufragios y sobrepase en más de cinco puntos al segundo. La última, introducir una segunda vuelta que elija entre las opciones más votadas quién se hará con el bastón del ayuntamiento.

La propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ex-plicó en una entrevista que “no está cerrada una postura” y están dispuestos a hablar. En el Partido Popular sostienen que la propuesta es “lo suficientemente abierta” como para que nadie se sienta incómodo discutiéndola y que dependerá de las negociaciones con el resto de fuerzas políticas cómo se acabe concretando.

La disposición, según reconocen los demás grupos, es buena. La semana pasada, durante la primera reunión con el nuevo portavoz socialista, Antonio Hernando, sobre las propuestas de regeneración, el clima fue conciliador. Los populares aceptaron sacar la reforma electoral del paquete de medidas y en los próximos días convocarán una mesa de diálogo entre partidos centrada exclusivamente en la nueva normativa. La intención es vencer la resistencia de la oposición para no aprobar la normativa en solitario. O si no hay acuerdo, poder acusar a la oposición de inmovilismo.

El principal problema, en realidad, no es tanto de fondo como de forma. No tanto de contenido del texto, como del momento elegido para ponerlo en marcha. A solo ocho meses de las elecciones, tras una caída importante de los dos grandes partidos en la última cita electoral (las europeas del mes de mayo), la propuesta parece redactada por algunos de los alcaldes que en 2015 se jugarán el puesto.

Capitales en peligro.

Tras las municipales de 2011, los populares alcanzaron uno de los mejores resultados de su historia, haciéndose con buena parte de las capitales de provincia. En concreto, el PP gobierna en 34 de ellas, 36 si se cuentan Ceuta y Melilla. Solo en tres, Oviedo, Huesca y Vitoria, lo hace gracias a pactos. En el resto, disfruta de una mayoría absoluta que podría venirse abajo el próximo año. A falta de acudir a las urnas, las encuestas ponen en duda que sea capaz de mantener más del 50% de los concejales en Madrid, Valencia, Alicante, Valladolid, Santander, Sevilla, Málaga y las otras seis capitales andaluzas. En prácticamente todas ellas se están fraguando pactos en la izquierda para expulsar al PP del consistorio. Es comprensible que los alcaldes, algunos con mucha influencia dentro de sus aparatos regionales, presionen para sacar adelante la reforma antes de las próximas elecciones. La previsible atomización del voto de la izquierda, con un PSOE que no acaba de arrancar, les permitiría ganar las elecciones y mantener la alcaldía pese a perder la mayoría absoluta.

Esa es la principal razón por la que el PSOE se opone. Hace dos semanas el número dos del PSOE explicaba en una entrevista en este semanario que la reforma electoral del PP estaba viciada por “la intención” de mantenerse en el poder. Y es la intención la que determina el momento. Los socialistas se niegan a respaldar a ocho meses de las elecciones un cambio en las normas del juego. Pese a las conversaciones que ya han mantenido José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y el portavoz socialista, Antonio Hernando, la postura del PSOE sigue siendo clara: no aceptará que la reforma se produzca hasta después de la cita electoral. El rechazo de los socialistas va más allá. Acudirán a la mesa de diálogo exclusivamente para decir que no hay nada que negociar. Cualquier intento del PP de utilizar su mayoría absoluta para aprobar la reforma supondrá que los socialistas abandonen de inmediato también las negociaciones respecto a las medidas de regeneración.

Negativa coyuntural.

En realidad, igual que la presión del PP para aprobar la medida, la negativa socialista también es coyuntural. A finales de los 90 los socialista ya defendieron la elección de alcaldes en segunda vuelta, propuesta que abandonaron con los años. En julio, sin embargo,  la entonces portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, rescató la idea. Fue un paso en falso. Sin echarse atrás, Ferraz sostiene ahora que no es el momento para esa ni para ninguna otra reforma electoral. En el PSOE, sin embargo, hay otras opiniones. Algunos conocidos socialistas, entre ellos varios candidatos a alcaldías, creen que la elección en segunda vuelta de los primeros ediles les permitiría en las próximas elecciones, pero sobre todo más adelante, consolidar varios ayuntamientos importantes sin necesidad de incómodos pactos con otras formaciones.

Son esos socios puntuales, sin apenas posibilidad de gobernar en solitario pero con un peso moderado en los consistorios, quienes más se oponen a la reforma. Un ley electoral que primase a la fuerza más votada o que dejara para una segunda vuelta la elección del alcalde, les apartaría del proceso de investidura y, por tanto, limitaría enormemente su capacidad de influencia.

Izquierda Unida es probablemente el ejemplo más claro. La coalición ha servido en múltiples ocasiones al PSOE de apoyo para dar estabilidad a sus Gobiernos locales, algunas veces completando la mayoría absoluta de la lista más votada, otras dejando al PP fuera pese a haber ganado las elecciones. En todas ellas, la negociación ha permitido que los ediles de IU impongan condiciones y desarrollen en mayor o menor medida su programa. La reforma les dejaría sin ese instrumento de presión. El coordinador de la coalición, Cayo Lara, ya ha anunciado que su formación empleará “todos los resortes” para detener un “golpe antidemocrático” que solo busca “blindar” el poder del PP. La preocupación en la coalición es aún mayor por las propuestas de varios barones populares para ampliar la medida a las autonomías. En este momento, IU gobierna con el PSOE en Andalucía y Asturias y junto al PP en Extremadura.

Al rechazo frontal de IU se sumó el más moderado de Unión, Progreso y Democracia. Aunque están dispuestos a estudiar la propuesta, especialmente la instauración de una segunda vuelta, se niegan a apoyar una reforma que tenga lugar justo antes de la cita electoral.

Los nacionalistas, divididos.

Más complejo es el caso de los nacionalistas. Tanto en Cataluña como en el País Vasco son conscientes de que una medida de este tipo beneficia a los partidos más votados, algo que hace unos años habría consolidado el poder local de CiU o del PNV. Sin embargo, en este momento, tanto Bildu como Esquerra Republicana de Catalunya ganan fuerza a costa de sus competidores más moderados. De hecho, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado el argumento de que la izquierda aberzale saldría beneficiada para negar que fuese una medida partidista. Amaiur corrió a aclarar que pese a que los resultados les beneficiarían, la formación no será cómplice de lo que consideran “un pucherazo” electoral.

Tampoco el PNV dará su visto bueno a una reforma así, por un lado por la premura de la propuesta, pero fundamentalmente por el fondo de la cuestión. Los nacionalistas han tachado la propuesta del Gobierno de “antidemocrática” y no han dudado en amenazar con llevarla a Europa en caso de aprobarse.

Más pragmática es la postura de CiU. Los convergentes confían en seguir siendo la fuerza más votada en varios ayuntamientos importantes y la reforma les ayudaría a mantener parte del poder local que ostentan, uno de los mayores de su historia. Además, pese al enfrentamiento que mantienen con el Ejecutivo a costa del referéndum independentista, los nacionalistas catalanes buscan puentes que les permitan mantener cierta capacidad de influencia en Madrid. Podrían, de hecho, ser los únicos socios del Gobierno en esta propuesta. Aunque han dejado claro que no quieren una reforma realizada de espaldas al resto de fuerzas parlamentarias y votaron en contra de la medida en el Congreso, no dudan en ofrecerse a negociar.

Serán dos meses en los que el PP hablará con la mayor parte de las fuerzas buscando un acuerdo general que se antoja casi imposible, o al menos apoyos minoritarios que den legitimidad a la reforma. Si Rajoy está dispuesto a aprobarlo en solitario es algo que, como otras veces, solo Rajoy sabe.