Los 100 días de los alcaldes novatos

Los alcaldes de las nuevas formaciones políticas cumplen sus primeros cien días en el poder. Aquellos Gobiernos municipales que nacieron de plataformas populares están sometidos a un escrutinio más profundo del que sufren el resto de sus colegas en los demás ayuntamientos.

En Cádiz, su alcalde protagonizó una protesta contra un desahucio; en Madrid se ha visto a su alcaldesa viajar en metro; en Barcelona, Ada Colau tiene que hacer equilibrios a la hora de gestionar una solución con la venta callejera del top manta y con las reivindicaciones independentistas...

El nuevo alcalde gaditano ha destacado como la figura más peculiar. La pareja de la dirigente de Podemos Teresa Rodríguez es comparsa en los carnavales y entre sus primeras medidas retiró el retrato del rey Juan Carlos para poner el de Fermín Salvochea, un alcalde anarquista que presidió el cantón de Cádiz durante la Primera República, al que aún se recuerda en esta ciudad como referente. Uno de las iniciativas más polémicas fue cuando se opuso a un desahucio nada más llegar a la alcaldía. José María González se plantó con otros concejales delante de la puerta de la vivienda, aunque no pudieron impedir la expulsión de la familia de su casa. La polémica aumentó cuando se conoció que la dueña de la casa era una mujer mayor, con un grave problema de salud. Desde el Ayuntamiento de Cádiz explican que aunque fuera así, ellos se encontraron con que la propietaria era una empresa, a la que ofrecieron que el ayuntamiento le pagara un mes para mantener a la familia en esa casa mientras le buscaban otra.

En sus primeros pasos tuvo problemas para que funcionaran debidamente los plenos municipales, especialmente porque el apoyo de los concejales del PSOE se trastocó en oposición en cuanto consideraron que no se había contado con ellos, y eso que solo se trataba de decidir ciertos aspectos de la organización interna del ayuntamiento. El alcalde José María González, conocido por su apodo, Kichi, también destacó por comprarse un traje para celebrar las bodas civiles, aunque no usaba este tipo de indumentaria para su trabajo como alcalde. Ahora admite que se lo deberá enfundar más veces. Es el que está más en el punto de mira. Su último gesto ha sido no visitar el buque escuela chileno por la vinculación que tuvo con el dictador Pinochet. Entre sus primeras medidas ha destapado una deuda de unos 300 millones de euros.

Laia Ortiz, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, explica cómo han tratado las exigencias para que se definieran sobre la independencia. “Queremos estar a la altura de la ciudad desde lo que los ciudadanos nos piden. Estamos más allá de diferencias en cuanto a la reivindicación de más soberanía, sino que nos situamos ahí donde podemos encontrar el mayor consenso”. Según explica, el origen de la formación explica su posición en este asunto: “Nuestra candidatura era plural y tenemos claro que somos un Gobierno municipal cuyo interés es trabajar con la pluralidad que existe en la ciudad”. Aunque aclara que no es competencia del ayuntamiento la convocatoria de consultas anuncia que sí están “dispuestos a respaldar consultas ciudadanas”.

Si muchos señalaron que las nuevas plataformas se retratarían con sus primeras medidas y posicionamientos, el independentismo ha sido uno de los grandes asuntos en los que el nuevo Gobierno municipal de Barcelona ha tenido que hacerlo. Laia Ortiz cree que se ha jugado con ello “en clave electoral”. El Ayuntamiento de Barcelona ha estado inmerso en un debate público sobre su inclusión o no en la red de municipios por la independencia.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal está experimentando un récord de convocatorias de plenos extraordinarios, uno de los síntomas que definen la nueva situación política tras las elecciones del pasado 25 de mayo. Para Ortiz, de la misma manera que lo convoca el equipo de Gobierno para tratar sobre pobreza y desigualdad, “cuando se convoque por la oposición, estaremos para rendir cuentas”. En Barcelona se produjeron incidentes relacionados con la venta de los top manta. Ahí se queja Ortiz del comportamiento del resto de grupos municipales. “Hemos tenido que apelar al resto de grupos a que sean responsables para no provocar alarmismo y brotes xenófobos”.

La nueva corporación dirigida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha podido como otras, pagar la novatada de su llegada al poder. Para Laia Ortiz, la novatada la han pagado “en la búsqueda de espacios de complicidad con los grupos políticos municipales con los que creía poder trabajar fuera de los focos”. Pero estos grupos, según esta responsable del Gobierno municipal, “quieren ir más allá, para hacerse la foto y romper las reglas del juego con cosas que afectan a colectivos vulnerables”, como ha ocurrido con el citado top manta.

Auditorías. Muchos Gobiernos municipales que cambiaron de manos en las últimas elecciones abordaron auditorías de las cuentas. En Barcelona han puesto el foco político en la crítica a la orientación de la política presupuestaria, sesgada hacia la austeridad. Ortiz es crítica con el hecho de que las cuentas de los grandes municipios estén saneadas, cuando las de sus ciudadanos no lo están: “Ante el drama social y las profundas desigualdades, es una aberración tener un superávit de más de cien millones de euros” como tiene Barcelona, recuerda. El nuevo equipo prefiere “gastar fondos en rehabilitación, ayudas al alquiler, en becas de comedor...”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue conocida antes por su activismo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y ha sido sometida a un escrutinio especial en el asunto de los desahucios. La teniente de alcalde Laia Ortiz subraya como una de las medidas más importantes de estos primeros cien días la ampliación de las ayudas al alquiler, ya que la mayor parte de los desahucios se están produciendo en los arrendamientos. En Barcelona han cambiado los protocolos de actuación de los servicios sociales. En este balance, Ortiz considera que la principal diferencia con los Gobiernos de formaciones políticas tradicionales ha sido “la voluntad de ser valientes con los fuertes y de acompañar a los vulnerables” y recuerda las primeras multas impuestas a las entidades financieras por tener pisos vacíos.

Otra de las cuestiones más polémicas fue el anuncio de tomar medidas contra la alta proliferación de turistas y establecimientos turísticos en la ciudad. Ortiz aclara que se trata de replantearse el modelo de ciudad. “Nos damos seis meses para pensar qué hacer con una actividad que es fuente de riqueza, pero que está ahogando zonas de la ciudad”. Abrir estos debates es, en su opinión, una cuestión de valentía.

Iniciativas sociales. En lo que se refiere a las políticas sociales en Barcelona, Ortiz señala que “el ayuntamiento ha cumplido y complementa lo que la Generalitat no pone”. La concejala defiende que los servicios sociales deben recaer en la administración de cercanía, en los ayuntamientos.

Los apoyos políticos son a veces el talón de Aquiles de estos ayuntamientos. En el de Barcelona, Ortiz considera que se han dado numerosos vaivenes en función de los intereses electorales. Esquerra Republicana de Cataluña los escatimaba por la falta de alineamiento con la red de municipios por la independencia y el PSC decidiendo no ofrecer su apoyo hasta que no pasaran las elecciones. ¿Cuajarán estas plataformas más allá de los ayuntamientos? “Esto es rebeldía desde abajo, desde los ayuntamientos, aunque necesitamos a veces rebeldes en comunidades autónomas o en el Estado”, dice Laia Ortiz.

En el Ayuntamiento de Madrid, las promesas sobre la paralización de los desahucios también fueron recibidas por algunos con escepticismo. El segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, explica que aunque la competencia sobre las hipotecas es judicial, “sí hemos puesto todos los medios que teníamos para paralizar los desahucios, sobre todo los de primera vivienda”. Cuando no se puede paralizar el desahucio el ayuntamiento ofrece “una alternativa habitacional”. “El problema es que esta no es la solución óptima, porque son importantes para la familia el arraigo en el barrio o la escolarización de los niños, pero lo urgente es que no se queden en la calle”, añade.

En Madrid sí se han paralizado todos los desahucios que dependen de la Empresa Municipal de Vivienda y se han establecido alquileres que no sobrepasen el 30% de los ingresos de los inquilinos. Como en otros ayuntamientos de similar corte político, se han creado oficinas de intermediación hipotecaria.

No cree Murgui que la llegada al poder de formaciones políticas que no son las tradicionales les haya llevado a sufrir algún desliz de novatos. El concejal señala: “Tenemos una inexperiencia relativa. El equipo de Gobierno tiene un recorrido amplio a sus espaldas, empezando por la alcaldesa, hasta gente que por su actividad profesional o su experiencia, por ejemplo en los movimientos vecinales, sí que tiene experiencia en la gestión de los problemas”.

Nuevo estilo. Las críticas las afronta explicando que “introducir una nueva forma de hacer las cosas que no sea en la línea que se seguía antes, sino a través del diálogo, choca”. La ilusión de cambiar las cosas se topa a veces con la realidad al llegar al poder. Murgui cuenta su experiencia en algún caso, como la de dar más competencias a las juntas municipales de distrito, en el que se encuentra en “un proceso largo de lograr consensos y modificar reglamentos. Nos es que no se vaya a hacer, es que lleva más tiempo”.

La relación con el PSOE, que apoyó a Manuela Carmena para llegar a la alcaldía, es “cordial”, según Murgui. Respecto a la oposición, el hecho de que a veces los debates se tuerzan hacia un tono bronco, lo considera normal y lógico. El concejal también cuenta su experiencia sobre la oposición que cosecharon, incluso entre sus aliados políticos, iniciativas como la de abrir una página web, llamada Versión original, en la que el equipo de Gobierno replicaba a noticias que consideraba falsas. Él considera que la iniciativa “ya no forma ese jaleo” que sufrió al principio y defiende que “responde a una necesidad” que la mayoría de los ciudadanos respalda. También era una incógnita si estos nuevos Gobiernos municipales podrían superar la prueba que el refranero resume en “una cosa es predicar y otra dar trigo”. Murgui cree que se trata de “una cuestión de voluntad política” y añade que “se trata de priorizar recursos limitados”.

Si la deuda ha sido uno de los temas estrella tratados por las candidaturas de plataformas ciudadanas, en el Ayuntamiento de Madrid señalan que esta se va a pagar, aunque, eso sí, “se va a auditar y ver las responsabilidades”. “Tampoco nos limita en exceso” añade Murgui.

El tratamiento que darán a los casos de corrupción que se han relacionado con el Ayuntamiento de Madrid será dejarlo en manos de los jueces, que son los que tienen la capacidad para ello, según Murgui, aunque añade que “es imprescindible la auditoría para comprender lo que ha pasado”.

En Zaragoza, el Gobierno municipal se ha encontrado con un problema de deuda oculta. El nuevo alcalde, Pedro Santisteve, habla de que “no ha habido un traspaso de poderes adecuado” y que se ha producido un “incumplimiento del ideal de transparencia” que debe presidir estos relevos. La deuda oculta del ayuntamiento es, según el nuevo Gobierno, de 110 millones de euros este año, de un total de 814 millones. “Si hubiéramos tenido estos datos el primer día, no habríamos estado dos meses y medio para sacarlos. Es una falta de cultura democrática, una vergüenza”, dice el alcalde.

Entre los problemas que se ha encontrado destaca una administración “envejecida” sin reponer los puestos de trabajo: se han perdido 1.000 empleos de los 5.000 que tenía el ayuntamiento. El alcalde dice que se ha encontrado con casos de “clientelismo político” y departamentos con “más generales que soldados”.

Entre las primeras medidas tomadas desde que llegó a la alcaldía, Santisteve destaca, como también lo hacen los nuevos ayuntamientos con Gobiernos de plataformas populares, la paralización de los desahucios. El alcalde explica que, aunque no tiene poder para paralizarlos legalmente, sí lo ha hecho mediante la intermediación con jueces, abogados, entidades financieras y la puesta en marcha de los servicios sociales. Por la oficina municipal que se encarga de este asunto se trabaja con el impago de alquileres, la principal causa de desahucio. El alcalde señala que se ha solucionado el caso de casi cien personas y que el ayuntamiento ha realizado un gasto de dos millones de euros en atención social urgente. “La gente va conociendo que vamos tomando medidas”, dice.

En minoría. El alcalde fue apoyado en su investidura por el PSOE y la Chunta Aragonesista, pero gobierna en solitario. “Somos conscientes de que estamos en minoría y que tenemos que hablar con ellos”, señala Santisteve. El alcalde insiste en destacar el modelo participativo que defiende, con la creación de una concejalía dedicada a ello. También con el modelo interno de la plataforma política que le respalda. “Hicimos, por ejemplo, una encuesta entre los trabajadores municipales para mejorar su situación”, dice. También han puesto en marcha los llamados “presupuestos participativos”, en los que los ciudadanos pueden aportar ideas y expresar sus opiniones. “Es un gran reto. Es uno de los puntales de nuestra acción política”, subraya el alcalde.

Las iniciativas que aparecen en el programa y las primeras medidas tomadas se encuentran con la obligación de la disciplina presupuestaria, como ocurre en el resto de ayuntamientos. El alcalde de Zaragoza es consciente de que “la llave la tiene Montoro” y se queja de que “a veces juega con los ayuntamientos que no le gustan”. Esto lo califica de “chantaje democrático que no se puede consentir”. El problema, dice, es que el ayuntamiento está dando servicios sociales con unos gastos que la comunidad autónoma es la encargada de pagar y no lo hace. “No generamos deuda, es que no nos paga la comunidad autónoma”, insiste. En definitiva, en estos cien días de Gobierno “hemos intentado sacar a la ciudad de esta situación de emergencia social”.