Las heridas que deja el caso Nóos

Un efecto colateral del caso Nóos son las heridas que está dejando en varias de las familias encausadas. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, fueron apartados de la Familia Real y viven desde hace varios años en Ginebra (Suiza) en una especie de exilio que muchos interpretan como el único cortafuegos posible para la Corona. Los vínculos afectivos de este matrimonio, desposeído del ducado de Palma el pasado mes de junio, con Felipe VI y doña Letizia han desaparecido desde que estalló el escándalo en noviembre de 2011. La frialdad ha llegado hasta tal punto que La Zarzuela no tuvo inconveniente en dejar en muy mala situación a la infanta cuando desmintió que hubiese enviado una carta al Rey renunciando al título nobiliario. En realidad, la misiva llegó a palacio después de que Felipe VI tuviese la deferencia de comunicarle a su hermana por teléfono su decisión, un golpe en la mesa que no tenía precedentes en democracia.

Otra familia que va a quedar tocada a partir de ahora es la de Diego Torres y los hermanos Tejeiro, sus cuñados. El socio –y para muchos cerebro– del entramado empresarial que puso en marcha con Urdangarin se afanó en su declaración ante el tribunal en exculpar a su esposa, Ana María Tejeiro. A diferencia de la infanta Cristina, la fiscalía le reclama a ella dos años de cárcel por ayudar a su esposo a ocultar fondos ya que ambos abrieron una cuenta corriente en la entidad luxemburguesa de Credit Suisse a la que transfirieron casi un millón de euros desde Andorra en julio de 2012... cuando ya había estallado el caso Nóos. Un dinero que provenía, en palabras de Torres, de unos ahorros que decidió traspasar “a un lugar [Luxemburgo] financieramente más
 seguro de la UE y que no fuese un paraíso fiscal [Andorra]”.

Pero Torres no tuvo la misma actitud y piedad con sus tres cuñados –Marco Antonio, Miguel y Luis Tejeiro–, en los que descargó la tarea de revisar y gestionar las cuentas del Instituto Nóos y sus empresas satélites que, en última instancia, sirvieron para desviar a sus bolsillos más de seis millones de euros de dinero público. El socio de Urdangarin la tomó, sobre todo, con Miguel Tejeiro, antiguo secretario de la junta directiva de Nóos y único de los acusados que el primer día del juicio se pudo levantar del banquillo, después de que Manos Limpias le retirase su acusación de 11 años de cárcel que pesaba sobre él. Este gesto de la acusación popular se interpretó como un pacto para que Miguel Tejeiro hiciera una dura declaración contra los intereses de Urdangarin y su cuñado Torres. Su absolución le convertía, de esa forma, en el testigo clave del juicio.

Torres adivinó rápidamente la jugada porque en su declaración se lanzó al cuello de su cuñado Miguel. “La única persona que a lo largo de mi vida se ha encargado de las cuestiones financieras y ha elegido bancos ha sido Miguel Tejeiro. Yo firmé los papeles que me pusieron delante”, dijo el que fuera profesor de la Escuela Superior de Administración y Gestión de Empresas (Esade) en Madrid. “¿Entonces Tejeiro se lo coló?”, le inquirió el fiscal Horrach ante los dardos envenenados de Torres, quien insistía en que tenía “plena confianza” con su cuñado. “Dudo que haya algo de esto que no sea correcto”, se escudó antes de quejarse de que el hermano de su mujer no estuviese con ellos en el banquillo de los acusados. “Empezaría a elucubrar sobre cosas que no conozco”, añadió después de tirar la primera piedra. Urdangarin también descargó buena parte de las culpas en el mayor de los hermanos Tejeiro. Y es que, llegado el momento de la verdad, tras el inicio del juicio, los dos antiguos socios sellaron un acuerdo tácito para no inculparse mutuamente, salvar a sus esposas (la infanta Cristina y Ana María Tejeiro) y desviar las responsabilidades legales al exsecretario del Instituto Nóos. Muy significativa fue la declaración de Cristina de Borbón, únicamente a preguntas de su abogado, Pau Molins.

El único desliz que tuvo Molins en el interrogatorio se produjo cuando pasó de las preguntas concretas a las genéricas. “¿En quién confía usted?”. Tan inconcreta fue la pregunta que la propia infanta tuvo que corregir a su abogado, ante la sorpresa y alguna risa de los presentes: “¿Confío o confiaba?”, le inquirió. El letrado rectificó y ella enumeró a un grupo de personas tan heterogéneo que iban desde sus compañeros de trabajo de entonces a su familia, pasando por Miguel Tejeiro.

“¿Y en el asesor fiscal de su marido sigue confiando?”, le preguntó un Molins con ganas de ajusticiar al chivo expiatorio. “No, ahora no”, respondió la infanta, terminando de cerrar la diana sobre Miguel Tejeiro que en las sesiones precedentes habían empezado a dibujar tanto Torres como Urdangarin.

Luis Tejeiro, por su parte, no tenía tanta munición en la recámara, pero era el contable de todo el entramado y se le vio decidido a salvar a sus hermanos frente a la acometida del bando Urdangarin-Torres. Tanto Luis como Miguel eran testigos en esta causa, lo que implicaba que no podían mentir y estaban obligados a responder a todas las partes y a todas las preguntas, incluidas las más comprometedoras. Con tono firme y tajante, Luis Tejeiro subrayó que Urdangarin y su cuñado fingieron la contratación de empleados en la entidad y en otras empresas de su entramado, entre ellas Aizóon –de cuya mitad es propietaria la infanta Cristina–, en aras a simular la actividad de estas entidades así como justificar y “ennegrecer” los ingresos que de forma irregular obtuvieron de las administraciones públicas. El pequeño de los Tejeiro hizo hincapié en que los trabajadores ficticios ni trabajaban ni cobraban nómina de las entidades a pesar de haber sido dados de alta en la Seguridad Social, lo que permitía a la trama aumentar los gastos deducibles a Hacienda, disminuir la base imponible así como la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades. Mediante esta práctica, tanto Urdangarin como Torres convertían presuntamente los emolumentos de los contratos simulados en dinero negro.

Luis Tejeiro desgranó lo que él califica de modus operandi. El importe de las nóminas no se abonaba a los presuntos destinatarios, pero sí que se contabilizaba como gasto, logrando así que desapareciera del tráfico mercantil y acabase en manos de ambos acusados. De ahí ese verbo “ennegrecer” mediante el que Iñaki Urdangarin y Diego Torres se apropiaban de parte de los fondos públicos percibidos. En este sentido, el pequeño de los Tejeiro responsabilizó por igual a ambos exsocios, si bien puntualizó que Torres era quien “controlaba que todo cuadrase”.

El tercero de los hermanos, Marco Antonio Tejeiro, es el único que está en el banquillo de los acusados. En su declaración reconoció que elaboró facturas y certificaciones falsas por orden de Urdangarin y, “principalmente”, de Torres. Así, en 2006 su cuñado le instó a meter “dos facturas por aquí, cuatro por allí” para inflar gastos de los Juegos Europeos que nunca se llegaron a celebrar en Valencia, pero por los que Nóos se embolsó más de 300.000 euros. Este contable se dedicó, según este relato, a falsificar facturas por centenares antes de entregárselas al Gobierno valenciano de Francisco Camps cuando la oposición socialista empezó a pedir justificantes en las Cortes valencianas. “Jamás se podía justificar todo el proyecto” con ese tipo de facturas, confesó Marco Antonio.

En las próximas semanas se sentarán en el banquillo varios testigos que trabajaron para La Zarzuela: Carlos García Revenga, José Manuel Romero y Federico Rubio. Ellos encarnan el supuesto conocimiento y control que la Casa del Rey ejercía sobre las actividades de Torres y Urdangarin, según declararon ellos y la infanta. García Revenga era la sombra de la infanta y estuvo imputado durante la instrucción. Urdangarin dijo al tribunal que “no daba un paso en la vida sin consultárselo antes” al secretario de las infantas.

José Manuel Romero, conde de Fontao, era el asesor jurídico del rey Juan Carlos, el encargado de advertir a Urdangarin en febrero de 2006 de que tenía que abandonar el Instituto Nóos. A pesar de ello, el exduque indicó que nunca recibió reproche alguno de La Zarzuela por sus actividades. Por último, Federico Rubio es el funcionario del Ministerio de Hacienda que se encargaba de las declaraciones de la infanta y, según dijo Iñaki Urdangarin en el juicio, también de las suyas hasta que el matrimonio se marchó a vivir a Estados Unidos, en 2009. Sin embargo, este extremo ha sido rebatido por los hermanos Tejeiro.

Aizóon sobrevoló, sobre todo, en la declaración de la infanta Cristina. Durante la instrucción del caso se descubrió que algunos de los gastos de la empresa fueron realizados directamente por Cristina de Borbón, quien firmaba además las cuentas anuales de la empresa. El juez instructor, José Castro, hizo hincapié en su momento en un argumento básico: la empresa se podía haber puesto solo a nombre de Iñaki Urdangarin y no se hizo. Este hecho significaba, en su opinión, un interés específico para que ella se beneficiara también de la actividad de esta sociedad mercantil. La empresa llegó a ingresar 700.000 euros al año en sus mejores tiempos, antes de que en noviembre de 2011 estallara el caso. Ahora su negocio es inexistente y perdió 27.000 euros en el último ejercicio del que se han publicado cuentas.

Las respuestas de los exduques de Palma han sido de las más comentadas del juicio. Preguntado por los nueve pagos que su mujer hizo supuestamente con la tarjeta visa de Aizóon en los seis años que estuvo activa, Urdangarin indicó que dicha tarjeta estaba en su custodia, que su esposa “no tenía las claves” y que, por tanto, los cargos los hicieron él o terceras personas. “La podía usar yo, mi secretaria o personas que estaban alrededor mío”, dijo ante un auditorio sorprendido. La infanta corroboró que nunca había tenido acceso a dicha tarjeta.

Urdangarin y su esposa han tenido que deshacerse en los últimos meses de las casas de las que era dueña Aizóon, así como de su mansión en el barrio de Pedralbes de Barcelona para hacer frente al pago de parte de la fianza. La pareja vive hoy del sueldo de la infanta en la Fundación Aga Khan, una ONG dedicada a proyectos de desarrollo social, que le lleva a viajar a otros países. El Aga Khan IV, Karim Al-Hussayni, es gran amigo del rey Juan Carlos y varios medios han calculado que la hija del rey emérito gana cerca de 300.000 euros brutos anuales. Este dinero es el único ingreso familiar en la actualidad, una vez que la Fundación la Caixa y la infanta pactaron en febrero, al poco de iniciarse el juicio, un permiso sin sueldo hasta que termine el proceso judicial. La infanta cobraba en la entidad financiera unos 240.000 euros al año.

Atrás quedaron los tiempos felices en los que la pareja vivía en Barcelona: los negocios de Urdangarin estaban en España y el trabajo de la infanta también. Así fue hasta que la Casa Real intervino, alertada por estos negocios, y le aconsejó un trabajo fuera de España. El matrimonio se fue en 2009 a vivir a Washington, donde Urdangarin fue entonces presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica y EEUU con un sueldo anual de 1,2 millones de euros. Así fue hasta septiembre de 2012, cuando la imputación del duque de Palma y los hechos que se iban conociendo llevaron a Telefónica a prescindir de sus servicios.