Las consecuencias de la independencia
25 / 09 / 2015 Javier Otero
El Banco de España, las entidades financieras y los empresarios temen los efectos económicos de una posible independencia de Cataluña. Advierten de que se produciría la salida del Euro, un corralito, una fuga de empresas...
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el consejero de Economía, Mas-Colell.
Una Cataluña independiente tendría una difícil viabilidad económica. Saldría del euro, empresas y bancos cambiarían su sede o incluso sus instalaciones, habría una caída de las ventas al resto de España y, en resumen, un batacazo de su Producto Interior Bruto que algunos calculan que puede llegar hasta el 20%. Los independentistas fían la viabilidad económica de este viaje a la idea de que contarán con 16.000 millones de euros de lo que calculan que sufren de déficit fiscal, la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta en Cataluña y a que están seguros de que Europa no les dejará fuera. Otros expertos en balanzas fiscales señalan que la mítica cifra de los 16.000 millones no es real, sino mucho más baja, y recuerdan que la financiación por habitante de Cataluña está ligeramente por encima de la media de las comunidades autónomas.
Los expertos que elaboraron la metodología para el cálculo de las balanzas fiscales, y los había cercanos al nacionalismo y alejados de este, estaban de acuerdo en que estas no tienen que ver con la financiación autonómica. En medio de una discusión permanente sobre el asunto, se posicionaron de forma contundente: el saldo que resulta de las balanzas fiscales “no se debe, en general, a actuaciones discrecionales de la Administración Central, sino que es consecuencia del sistema impositivo y de gasto público vigente en el país, por lo que deberían estar totalmente desvinculados de las discusiones sobre política territorial y financiación autonómica, con las que no guardan relación directa”. Sirvió de poco.
Durante la etapa de la última reforma del Estatut, en la Generalitat terminaron aceptando este hecho. Consideraron las balanzas como un referente, pero no como la prueba de un expolio. Fue cuando se empezó a señalar que había que observar la financiación por habitante.
Pero ahí, País Vasco y Navarra se convierten en un referente para los independentistas catalanes. Estas comunidades se rigen por un régimen fiscal diferente, el del Concierto Económico, por el que básicamente gestionan prácticamente todos los ingresos recaudados en su territorio. Esto les supone una financiación por habitante superior a la media en un 82% para el País Vasco y en un 43% para Navarra. Entre las comunidades de régimen común, la que tiene una financiación por habitante más alta es Cantabria, con un 22% por encima de la media, mientras que por el otro lado, Canarias tiene una financiación de un 10% por debajo de la media. Cataluña está un 3% por encima de la media, según los últimos datos.
El discutido déficit fiscal. El ideal de contar con 16.000 millones extra es rebatido, entre otros, por el exministro socialista Josep Borrell, que acaba de publicar un libro junto con Joan Llorach. En él se analiza cómo el déficit fiscal no alcanza una cifra tan importante, sino que rondaría los 3.000 millones de euros. Los últimos datos elaborados por el Ministerio de Hacienda calculan que el déficit fiscal relativo de Cataluña, una vez neutralizados los efectos del déficit de la Administración Central, es de 7.439 millones de euros, un 3,75% de su PIB. Pero si se observa la diferencia entre ingresos y gastos sin esa corrección, los últimos datos indican que el déficit fiscal de Cataluña es de 1.220 millones de euros, un 0,6% de su PIB. Esta resta simple entre ingresos y gastos había sido usada por los independentistas como argumento de los recursos adicionales con que contaría Cataluña tras la independencia. Eso sí, lo hacen con otro método de cálculo, el llamado “de flujo monetario”. En cualquier caso, voces como las más recientes de Borrell y Llorach, dicen que los independentistas no cuentan ni con los costes de la Administración de un nuevo Estado, ni con el daño económico de situaciones como la salida del euro o la caída de las ventas de sus productos.
En la recta final de la campaña electoral del 27-S se han sucedido las manifestaciones sobre la posibilidad de un corralito financiero, aunque como una posibilidad “altamente improbable”, como ha indicado el gobernador del Banco de España. También se ha producido una controversia sobre las pensiones y sobre las advertencias de la banca y los empresarios sobre los riesgos económicos de una secesión.
Uno de los aspectos en los que la independencia pagaría un precio más alto sería en la salida de la Unión Europea y del euro, como han reiterado desde el presidente de la Comisión Europea y los dirigentes de los principales países del viejo continente. Una Cataluña independiente debería asumir la parte de la deuda pública del Estado que le corresponde por su peso en el total del PIB español. Artur Mas ya ha avisado que no lo haría sin una negociación y advirtió que si no hay acuerdo, el Estado tendría que hacer frente a la deuda. Pero Cataluña se situaría debido a la secesión fuera de la Unión Europea y la Eurozona, por lo que los bancos catalanes no podrían recurrir al Banco Central Europeo (BCE), al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), ni tampoco al Fondo de Liquidez Autonómica, por ejemplo. Así que las condiciones para financiarse serían más duras.
