La trama Púnica rompe la baraja

La famosa cifra con la que Pasqual Maragall atacó a CiU en 2005 se ha quedado pequeña con la confesión de trece horas y media que hizo David Marjaliza ante el juez Eloy Velasco a finales del año pasado para salir de la cárcel. El constructor tuvo que pagar una fianza de 100.000 euros para volver a su casa. A cambio, dejó un reguero de acusaciones que han causado “vergüenza y bochorno” en el PP, aunque no es el único partido que aparece en la instrucción ya que también salpica al PSOE de Parla (Madrid).

La declaración de Marjaliza, bajo secreto de sumario hasta el pasado lunes, ha roto los moldes conocidos de la corrupción política, ya que el constructor desveló que repartía comisiones “a tanto alzado” en función de la obra y que en ningún caso se limitaba “al 3% típico de Cataluña”. La trama Púnica se infiltró durante años en una decena de ayuntamientos madrileños y en tres comunidades autónomas, especialmente la de Madrid.

El plan Prisma

  Marjaliza implicó ante el juez a varios diputados regionales de Cristina Cifuentes, como Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente; Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares; Juan Soler, exalcalde de Getafe; o Ignacio García de Vinuesa, actual regidor de Alcobendas. Es el primero de ellos, en palabras del constructor, “el que más mangoneaba” dentro de este presunto latrocinio cuando en los Gobiernos de Esperanza Aguirre dirigió el área de Cooperación de la Administración Local, el organismo local encargado de gestionar el plan Prisma, un programa de inversiones para municipios que fue financiado por la Comunidad de Madrid en dos etapas muy concretas: 2006-2007 y 2008-2011.

El constructor detalló también cómo actuaba la trama. Cuando salía a concurso alguna obra del plan Prisma, Ignacio Palacios, también imputado y exjefe de gabinete del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, le pasaba a este último entre tres y cinco de las mejores ofertas de las empresas que se habían presentado a la licitación para que, si alguna de ellas le era conocida, llamara a sus responsables y les pidiera una comisión a cambio de la adjudicación de la obra.

El reparto de la mordida era el siguiente: un tercio se lo llevaban los técnicos, otro tercio iba a manos de González Taboada y “su gente”, y el resto al propio Granados. La comisión era variable, a “tanto alzado” dependiendo de la obra. Unas veces eran 20.000 euros en total, otras 50.000 o 60.000, que se entregaban en “paquetes”. De modo que el exconsejero se llevaba entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que promovió como alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2007. Operaciones que se hacían con dinero negro, hasta el punto de que Marjaliza llegó a acumular “millones” en su domicilio que luego escondió en Suiza con la ayuda de Granados, quien utilizó su despacho oficial al menos dos veces para hacer entregas de dinero en efectivo a un intermediario bancario, Michael Trevor Langdon, quien posteriormente se encargó de ocultarlo en una cuenta del país helvético.

Fue también la antigua mano derecha de Aguirre quien avisó al constructor de que le estaban investigando, tras una conversación que tuvo una noche a las 4 de la madrugada en una discoteca de Valdemoro con un guardia civil que llevaba “muchas copas” encima. Tras el soplo, Granados le recomendó destruir toda la documentación que tuviera y Marjaliza se puso manos a la obra: “Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar”, le confesó al juez.

Un porcentaje del 33%

El constructor contó que a través de María José Marijuán, la mujer de Ignacio Palacios, llegó a controlar el 33% de la empresa Servicios Patrimoniales Obras y Vías. “Ese era el porcentaje que Granados ganó”, en palabras de Marjaliza, con las operaciones de suelo que se hicieron a través de esa sociedad. En un primer momento, el constructor cifró la presencia del exdirigente del PP en Servicios Patrimoniales Obras y Vías en un 20%, pero a lo largo de su testimonio elevó la cifra hasta un tercio del total de las acciones. Los otros dos tercios se los repartían el propio Marjaliza y otro constructor de Valdemoro, Ramiro Cid.

El cerebro de la trama también apuntó directamente a Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), al afirmar que le había pagado “mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas” a cambio de la adjudicación de “seis o siete parcelas” para la construcción de viviendas. Otra de las implicadas por Marjaliza es la exedil de Valdemoro por el PSOE y posterior diputada de Ciudadanos Eva Borox, que presuntamente cobró de Púnica 30.000 euros por abstenerse en algunos plenos cuando militaba en las filas socialistas.

El propio Marjaliza declaró ante el juez Velasco que se había gastado siete millones de euros en plumas Mont Blanc, relojes y bolsos que luego regalaba a los alcaldes de los municipios donde concurría a adjudicaciones y a funcionarios que participaban en los procesos de selección.