La pesadilla de Bermúdez

El pasado martes se reincorporó a la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada Solaesa, el magistrado que ha logrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revocara hasta en tres ocasiones el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las mismas veces que el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto a nombrarle. El contencioso sigue aún abierto. De Prada regresa a la Audiencia Nacional pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva, el próximo 15 de enero, el cuarto recurso que ha presentado contra el acuerdo del pleno del CGPJ del 19 de enero pasado en que designó por última vez a Bermúdez. Unos días antes de reincorporarse a su despacho de la Audiencia Nacional, De Prada confesaba a esta revista que no se sentía incómodo por tener que verse frente a frente con el juez Bermúdez, su actual jefe y el objetivo de sus pleitos judiciales. “Gómez Bermúdez ha demostrado que sabe manejar las situaciones y creo que sabrá anteponer las cuestiones prioritarias y del servicio judicial a las accesorias o externas”. De Prada precisa: “El contencioso que he planteado no es contra Bermúdez. Se inscribe en la legítima pugna por conseguir no tanto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como que los nombramientos de la cúpula judicial se basen en el mérito y la capacidad de los candidatos. Creo –añade– que tanto él como yo tenemos que colaborar para que la Audiencia Nacional funcione”.

Recursos

Su decisión de impugnar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial le ha granjeado algunos enemigos en la carrera, pero también muchas simpatías de jueces que han visto con agrado que alguien se atreva a plantar cara a esta cuestión. “He recibido llamadas de compañeros aclamándome casi como su ideólogo espiritual por tratar de racionalizar los nombramientos en la carrera judicial”.

Está convencido de que el Supremo le volverá a dar la razón si la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo es coherente con su propia jurisprudencia: “La Sala Tercera no es un tribunal político. Ha demostrado su independencia y que actúa por criterios estrictamente jurisdiccionales. Fui el único magistrado de las ternas para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con el que la Comisión de Calificación del CGPJ no gastó ni una línea en explicar mis méritos. Eso va en contra de las propias sentencias del Supremo”.

La situación del actual CGPJ, en funciones desde hace más de un año, puede favorecerle. “En los nombramientos es determinante el CGPJ. Si se produce la renovación y es otro consejo, no contaminado en este tema, el que tiene que decidir, a lo mejor hace una valoración distinta y elige a otro candidato”. De momento, el fiscal del Supremo ha estimado parcialmente su recurso al considerar que fue lesionado en su derecho fundamental a acceder y permanecer en condiciones de igualdad en las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución).

Aún no sabe por qué el sector conservador del CGPJ apoyó a un candidato “tan atípico como Gómez Bermúdez”. No cree que detrás estuviera sólo la pugna por presidir el juicio del 11-M: “La Audiencia Nacional es un tribunal sensible y en ese momento había otros casos sensibles como el caso Botín. Ese tipo de asuntos pueden influir en determinados sectores”. Dice que “las conexiones de algunos jueces con la política es de lo peor que le ha pasado a la judicatura”.

Vuelve ilusionado a la Audiencia Nacional, que ha sido su lugar de trabajo durante catorce años salvo los últimos tres años en que ha estado en la Corte Internacional de Bosnia, en Sarajevo. La jurisdicción le gusta mucho. Por eso ha solicitado la vacante de Joaquín Delgado en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, seguirá trabajando en la Audiencia Nacional, donde le gustaría recalar en la Sala de Apelaciones, contemplada en la Ley Orgánica aunque aún no ha sido creada.

Críticas

El magistrado es crítico con la Audiencia Nacional: “Creo que algunas de sus competencias deberían descentralizarse en los tribunales superiores de Justicia”. No cuestiona su legalidad, pero cree que “necesita normalizarse” y convertirse en un tribunal con menos proyección mediática. Un problema que afectaba antes sólo a los juzgados centrales, pero que ahora se ha proyectado también a las salas. “La justicia televisada hace que los presidentes de los tribunales asuman papeles de actores”, dice en alusión a procesos como el del 11-M. “El 11-M se ha planteado como un espacio de batalla de la sociedad contra los acusados. Esa justicia espectáculo es como una bola de nieve que hace que en los juicios participe toda la sociedad y se haga un espectáculo de ellos. Sí a la Justicia con luz y taquígrafos, pero no al espectáculo”, sentencia.