La operación Taula acecha a Rita Barberá

Rita Barberá

La operación que acabó esta semana con la detención de 24 personas en la Comunidad Valenciana, incluido el expresidente de la diputación, Alfonso Rus, y otros siete cargos del PP, podría tener a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, una de las políticas más representativas del PP, como siguiente objetivo. Aunque no pesa aún sobre ella ningún tipo de acusación formal, las grabaciones que tiene la investigación en las que se habla repetidamente de “la jefa”, y la cercanía de algunos detenidos en la operación, altos cargos de su ayuntamiento, apuntan a que su nombre podría verse implicado próximamente. Tampoco benefician a la exalcaldesa las sospechas de financiación ilegal que pesan sobre el PP valenciano. La Guardia Civil se investiga si esos fondos captados través del cobro de comisiones sirvieron también para pagar las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana, entre ellas las municipales. La operación investiga la trama de comisiones que se destapó después de que Izquierda Unida aportara a la fiscalía cerca de 600 minutos de grabación registrados por Marcos Benavent, uno de los comisionistas que, arrepentido, prometió tirar de la manta. El propio Benavent es quien se refiere en varias ocasiones durante las grabaciones a “la jefa” como la persona de más nivel que está al tanto de los amaños. 

Aforada. Barberá, sin embargo, guarda un as en la manga. Tras perder el Ayuntamiento de Valencia, el PP nombró en julio a la exalcaldesa senadora, un cargo que le permite ser aforada. Incluso si hubiera evidencias en su contra, Barberá no podría ser detenida ni investigada sin que antes se eleve una solicitud al Supremo. Es el mismo procedimiento que ha mantenido al diputados conservador Pedro Gómez de la Serna a salvo de las actuaciones que la Audiencia Nacional sí ha empezado con su socio, el exembajador en la India Gustavo de Arístegui. Barberá solo podría ser detenida si la Guardia Civil la descubriera en la comisión flagrante de un delito. No es la primera vez que a Rita Barberá le pasan cerca, sin tocarla de lleno, acusaciones de corrupción. Su nombre apareció en el caso Gürtel como receptora de varios regalos caros (bolsos de Louis Vuitton), pero el caso contra ella se desestimó porque su ayuntamiento nunca concedió contratos a empresas de la trama. También el juez José Castro pidió su imputación dentro del caso Nóos cuando comenzó a investigar a su vicealcalde, Alfonso Grau, que finalmente dimitió del cargo. El Tribunal Superior Valenciano desestimó la petición. Sigue pendiente, sin embargo, la investigación del caso Ritaleaks, por presuntas irregularidades en las facturas de los gastos de representación de la alcaldesa durante su último mandato, en las que se incluían gin-tonics, gazpachos de langosta, copas o mariscadas.

Más escándalos del PP. La macrooperación valenciana se suma a una cadena de escándalos que en las últimas semanas han cercado al PP y amenazan con afectar a los pactos de gobernabilidad. Los papeles de Bárcenas siguen coleando. A principios de febrero, el PP tendrá que declarar como imputado (figura que ahora se llama investigado) sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que conservaba de su tesorero.También arrastra las acusaciones sobre el caso Acuamed, una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, de la que se sospecha que hinchó contratos públicos a cambio de comisiones. El escándalo no implica directamente a ningún dirigente popular, pero ha rozado a la cúpula del Gobierno, llevándose por delante al número tres de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, un antiguo alto cargo del ministerio implicado. Federico Ramos de Armas, subsecretario de la Presidencia, dejó la pasada semana su puesto para poder “defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad”.