La nueva jueza de los Ere habla por primera vez

Cuando la jueza María Ángeles Núñez Bolaños llegó en junio a su nuevo destino, movió muebles de su despacho y dio algunas indicaciones. Comunicó a sus funcionarios que en lo sucesivo lo normal sería trabajar en el horario propio de la Administración Pública
 –de 8 de la mañana a tres de la tarde– y dio instrucciones para que se grabaran todos los interrogatorios y diligencias de los importantes casos que tiene entre manos el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Tres cambios formales con los que la jueza Núñez Bolaños –María, como la llaman todos en el juzgado– empezó a marcar una distancia que, en tres meses y con el verano de por medio, le han valido el sobrenombre de antiAlaya.

Núñez Bolaños (Talavera de la Reina, 1966) ha imprimido no solo una nueva forma de trabajar en su juzgado. También parece haber dado un nuevo rumbo a una de las grandes instrucciones que tiene entre manos, la del caso ERE, sobre el entramado delictivo para pagar con fondos autonómicos jubilaciones anticipadas de las que se beneficiaron personas que jamás trabajaron en las empresas afectadas. En cinco años, Mercedes Alaya imputó a unas 250 personas vinculadas más o menos directamente al PSOE. En tres meses, su sucesora ha vuelto los ojos también al Partido Popular. Nada más volver de vacaciones, pidió información sobre la aplicación de los coeficientes para las prejubilaciones mineras en Huelva entre 2003 y 2004 que, además de a la Junta, apuntan también al Ministerio de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. Semanas después, la Fiscalía Anticorrupción pedía la imputación del exministro del PP Manuel Pimentel en el caso ERE.

Además de diferencias procesales o jurídicas, la distancia entre Alaya y Núñez se ha trasladado también al ámbito de lo personal, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría tenerlo en cuenta para dar luz verde definitiva a la reincorporación de Alaya al juzgado de Núñez como jueza de apoyo.

Por primera vez, Núñez habla con TIEMPO en su despacho del juzgado. Es una estancia grande y austera, con paredes desnudas y muebles de madera oscura por los que han pasado muchos años. Cambió la disposición de su mesa de trabajo, a la que ahora le da el sol que entra por una ventana lateral. En una estantería hay libros de Derecho, una decena de montañas de folios y una sola foto, con sus compañeros del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva.

Empieza explicando una de las decisiones más notorias que ha tomado de momento, la de dividir en tres piezas la instrucción del caso ERE, algo a lo que Alaya se había negado siempre, a pesar de la petición de la Fiscalía. “Es de tal dimensión” que “es imposible de enjuiciar”, dice Núñez, que recuerda además que hace poco el Tribunal Supremo advirtió sobre el “riesgo de perniciosidad” de las causas demasiado grandes al hilo de la sentencia por el caso Malaya.

Precisamente, el caso ERE ha sido el desencadenante de la guerra que parece haberle declarado Alaya a través de una carta al CGPJ, responsable de determinar el reparto de los casos entre la jueza titular y su antecesora, que será jueza de apoyo durante seis meses.

Además de pedir que no autorizara la división en piezas del caso de los ERE y que su instrucción le fuera asignada en su totalidad, en su carta dudaba de la independencia de Núñez debido a su amistad con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera. Tal fue el tono, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha llegado a pedir al CGPJ que valore la “falta de voluntad de colaborar” de Ayala con Núñez, jueza titular.

En una actitud que los funcionarios de su anterior juzgado no alcanzan a comprender, Alaya atacaba a Núñez con sus presuntos vínculos políticos, la misma arma con la que se le ha atacado a ella durante años, en su caso por su cercanía al Partido Popular y al exalcalde de Sevilla, el juez Juan Ignacio Zoido. De Alaya se decía que autorizaba registros y fijaba declaraciones en momentos electorales clave. Núñez ha llegado a su nuevo juzgado “con la papeleta” de su cercanía al PSOE y de “querer archivarlo todo”, dicen en Sevilla.

“No tiene nada que ver”, dice Núñez a TIEMPO sobre su amistad con el consejero y su independencia para investigar casos que han hecho mucho daño a la Junta de Andalucía. “Decir que yo tengo amistad no es negativo, eso no influye”, insiste. Y lo mismo dice si se trata de su antecesora, Alaya. “Supongo que es amiga de Zoido, qué tendrá que ver”.

Ni la jueza ni el consejero ocultan una cercanía que tiene su origen en la amistad entre De Llera –fiscal de profesión– y el marido de la jueza, el médico forense y psiquiatra Julio Guija, que es anterior a que ambos se conocieran, cuando Núñez era jueza de un juzgado de Carmona (Sevilla). Además, Núñez y De Llera han coincidido en conferencias y también en una visión del Derecho de familia que pasa por la preferencia a otorgar la custodia compartida y facilitar la mediación entre los excónyuges, sobre todo para proteger a los menores. 

En todo caso, si llegara un punto en el que la instrucción afectara a De Llera, Núñez advierte: “Yo puedo abstenerme o me pueden recusar”.

–¿Cree que podría ser recusada por su amistad con el consejero?

–Las causas de la recusación están reguladas en la ley –se limita a señalar.

Núñez se licenció en Derecho en Sevilla y se convirtió en jueza en 1994. A pesar de sus orígenes manchegos, ha desarrollado toda su carrera en Andalucía, aunque, por su sonrisa negadora, no ha caído en una de las tradiciones locales, la pertenencia a una cofradía religiosa. Ha sido jueza de primera instancia e instrucción en Ayamonte, Carmona y Jaén y jueza de lo contencioso administrativo en Huelva. Por eso ve como una “manipulación” la manera en la que fue presentada en sociedad cuando se formalizó su traslado al juzgado de los ERE. No le gustó el tono que emplearon algunos medios al resaltar que había sido jueza de familia durante los últimos 11 años, como si esos casos no fueran difíciles ni largos. Los divorcios o las custodias, dice, “no terminan con el juicio”. “Ha habido causas que estaban cuando llegué y que siguen cuando me he ido”, subraya. “Cambiar de jurisdicción es normal –dice–, no dramaticemos”.

Tiene fama de protestona y de “jueza de batalla”, según Francisco Serrano, el juez de familia apartado de la carrera por sus críticas a la ley de violencia de género. Serrano y Núñez coincidieron durante años en Sevilla, donde compartían su apuesta por la mediación entre excónyuges, por la custodia compartida y la lucha contra la manipulación que, en ocasiones, uno de los padres ejerce en los hijos en contra del otro progenitor. Aunque la jueza no tiene hijos, sí los tiene su marido, a quien ya conocía cuando se divorció de su anterior mujer. Serrano achaca a esta circunstancia su interés por la defensa de los menores en los divorcios.

Serrano, que fue candidato por Vox a la alcaldía de Sevilla en mayo pasado, agradece a Núñez que, frente a lo que él considera una persecución en su contra por sus críticas a la ley de violencia de género, fuera uno de los jueces que firmaron un manifiesto en su defensa y en contra del expediente que, hasta hoy, le mantiene apartado de la judicatura.

Es miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, un colectivo que se dice menos ideologizado, frente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura o la progresista Jueces por la Democracia. Se centra, según definición de la propia asociación, en la defensa de la carrera judicial, la Constitución y el ordenamiento jurídico, una línea que sigue Núñez cuando, frente a la desconfianza que a veces pueda suscitar la Justicia, asegura: “Yo creo en la honradez de los jueces, de todos mis compañeros... incluso de Mercedes”.

Dice esto último con un tono más cercano a la pena que a la ironía. Se ha sentido dolida por la carta de Alaya al CGPJ en la que ponía en duda su profesionalidad por su amistad con el consejero, dice un funcionario del juzgado, que no entiende la actitud de Alaya. Una mañana, Núñez se presentó en su despacho con un periódico para que viera las cosas que, “sin conocerla de nada”, su antecesora decía sobre ella.

Alaya forma parte de un conjunto de jueces y funcionarios de refuerzo que se han ido incorporando a un juzgado que instruye macrocausas como la de los ERE; un presunto fraude de miles de millones por irregularidades en los cursos de formación a parados; el desvío de millones de fondos de la empresa pública Mercasevilla, y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Para Núñez, reforzar el juzgado es esencial. “Si yo quiero coser 40 trajes de novia y solo tengo una modista, o los coso de uno en uno o tengo que dar una puntada cada vez a uno”.

En realidad, no quiere hablar de Alaya, aunque sus gestos son elocuentes cuando se le pregunta si cree que alcanzará el mismo grado de notoriedad o si cree que ambas podrán trabajar en armonía en el mismo despacho, en el que Alaya, como jueza de apoyo, deberá atenerse a sus instrucciones. Despacha estas preguntas con amplias sonrisas y se limita a decir que el estrellato de los jueces “lo marca la persona” y que ella lo que espera es que “algún día se olviden de mi cara”.

En todo caso, ya contaba con la carga mediática que tendría que sobrellevar en el juzgado número 6. “Claro que me lo he planteado”, dice la jueza, que en 2013 otorgó a Kiko Rivera y la modelo Jessica Bueno la custodia compartida del hijo de ambos. Aun con el tirón mediático del hijo de Isabel Pantoja, consiguió no ver su nombre en los papeles, algo que cree lo normal. No será así en su nuevo juzgado. “Sabía lo que es, pero yo espero que con el tiempo bajará la presión”.

Cuando Alaya dejó vacante el juzgado número 6 para ascender a la Audiencia Provincial de Sevilla, ella decidió presentarse al concurso que abrió el CGPJ para ganar una plaza que califica de “interesante” y “un reto profesional”. En total se presentaron diez jueces, entre ellos Álvaro Martín, el juez de apoyo que lleva los casos corrientes del juzgado desde hace meses. La ganó ella por antigüedad.

Frente a la famosa maleta en la que Alaya transportaba sus legajos, lo suyo es el bolso grande; frente a los impecables estilismos de Alaya, Núñez viste informal en un día cualquiera de septiembre, con vaqueros, sandalias de cuña y modernas gafas de sol de espejos.

Llegó pisando fuerte entre sus nuevos compañeros. “Esta es mucho más simpática, no tiene nada que ver”, dice de ella uno de los funcionarios del juzgado, aunque para otros la imagen de persona “distante” que se labró Alaya se debía a su necesidad de dejar clara su independencia. Ahora trabajan en un ambiente más relajado, en parte también porque antes del verano llegaron tres funcionarios de apoyo y pronto llegarán otros cuatro.

Núñez tiene un “estilo más directo” a la hora de afrontar un interrogatorio, con preguntas más de “sí” o “no” frente a la profundidad que solía imprimir Alaya, a la que le gustaba detenerse en los antecedentes y las causas. Esto supone ganar tiempo. El hecho de que la nueva instructora grabe todo –Alaya jamás grabó una conversación, todo se transcribía al momento– también agiliza los trabajos.

También fue bien recibida su negativa a las jornadas maratonianas de trabajo y los encierros en el juzgado durante fines de semana y festivos que se estilaban en tiempos de Alaya. “Toda la Administración Pública tiene un horario”, dice la jueza. “Cuando llegué, me preguntaban si iba a trabajar festivos, días no laborables... ¿qué juzgado tiene turno de noche?”, se pregunta.

El juzgado número 6 de Sevilla está “en tránsito” a la espera de ver cómo reparte los casos el CGPJ y de la controvertida llegada de Alaya para trabajar con Núñez. Pero no parado, puntualiza la jueza, que esta semana llamó a declarar al asesor fiscal de Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE.

Quede como quede el reparto de los casos, lo que está claro es que a este juzgado y a su titular les queda aún mucho trabajo. Y Núñez, recién llegada, tiene claro que quiere terminarlo ella.