La hora de la verdad para los Urdangarin

 Nóos significa en griego clásico, entre otras cosas, intelecto. Namasté es en la India un cortés saludo lleno de amor y de paz. Areté es la virtud. Pero son también los nombres de las empresas de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Ha llegado la hora de juzgar si los dueños hicieron honor a los nombres de sus sociedades o, por el contrario, estas fueron el lugar de la torpeza, la descortesía y la maldad, sus antónimos. Según las conclusiones que la acusación y la Fiscalía sacan de la investigación, los acusados cayeron en la gran torpeza de realizar negocios, sobre todo ante instituciones públicas, aprovechando la condición de Iñaki Urdangarin como duque de Palma. Puede que también cometieran la torpeza de confundir gastos de empresa y particulares y, por último, por intentar evitar pagar los impuestos correspondientes. Quizá fuera un comportamiento entre la torpeza, la maldad y la descortesía. Un tribunal sentenciará finalmente si, además, tiene la categoría de delito.

Si la infanta Cristina todavía se puede librar de ser juzgada, este no es el caso de Iñaki Urdangarin. La Fiscalía pide para él una condena de 19 años y medio de cárcel. Manos Limpias, por su parte, solicita 26 años y medio. A Urdangarin se le acusa de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, otros cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos fiscales, y uno de falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales.

Hace cinco años y medio desde que un juez al que le faltaba poco para la jubilación, José Castro, abriera una pieza separada sobre los pagos al Instituto Nóos en el sumario del caso Palma Arena. Castro investigaba las actuaciones del expresidente balear Jaume Matas (que finalmente también está acusado en este juicio del caso Nóos) y se encontró con el hilo de unos pagos irregulares que le llevaron hasta la madeja de los negocios del duque de Palma.

Las cosas ya no son iguales que en aquellos años de negocios alrededor de la organización de grandes eventos. El pasado 25 de junio de 2014, la infanta Cristina presidió formalmente un año más la junta de accionistas de la empresa Aizoon, bajo la administración de Iñaki Urdangarin, en su sede del Paseo de Gracia de Barcelona. El destino quiso que fuera el mismo día que el juez José Castro dictara el auto de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado, el fin de la investigación y la acusación formal de la infanta y su marido. El mismo día que la infanta presidía la junta de accionistas de su empresa, el juez Castro la acusaba de beneficiarse de su actividad ilícita y de conocer que “los fondos de los que se beneficiaba tenían su origen en una actividad delictiva”. Las cuentas que se firmaron ese día no se llevaron al registro mercantil hasta febrero de 2015. En ellas, la sociedad, propiedad a medias de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, sufrió pérdidas en 2013, último ejercicio conocido, de 27.411 euros. El año anterior fue aún peor, ya que perdió 120.000 aproximadamente. Aizoon ya no ingresa nada en el capítulo de cifra de negocios, sino solo unos 13.000 euros por el alquiler de inmuebles, y ha reducido significativamente sus gastos de personal. Sus activos menguan debido a las pérdidas de los últimos ejercicios y solo son ya de 791.000 euros, cuando en 2007 eran de 1,5 millones de euros. En ese mismo año, Aizoon tenía unos ingresos de casi 700.000 euros anuales y un beneficio de 282.000 euros. Eso era antes de que diera sus primeros pasos la investigación judicial que culmina en el juicio que ahora comienza.

La Casa Real.

Desde que comenzó el caso hasta su juicio, las cosas son muy diferentes. El Rey ya no es Juan Carlos sino Felipe, y la infanta Cristina ya no es miembro de la Familia Real, sino familia del Rey, según los cambios formales realizados en la institución. El rey Felipe decidió que los miembros de la Familia Real se deben dedicar a tareas institucionales y deben abstenerse de realizar “toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto en la Casa de Su Majestad el Rey”, tal como señala el código de conducta recién redactado. Desde que comenzó el caso, la Casa Real tomó varias iniciativas que pasaron desde la publicación del sueldo del Rey, a las últimas sobre la elaboración de un código de conducta. Este incluye que no puedan aceptar regalos que no sean de cortesía y la publicación de la lista de los que han recibido cada año. El estreno de esta práctica va a estar muy cerca del comienzo del juicio que más ha preocupado a la Casa Real.

La infanta Cristina tiene una última posibilidad de no ser enjuiciada, si se le aplica la llamada doctrina Botín. Esta fue establecida por el Tribunal Supremo y señala que no puede abrirse juicio contra nadie si la acusación solo proviene de una acusación popular, y no va acompañada, al menos, de la de la Fiscalía. El asunto ya se trató en la fase de instrucción, cuando la infanta fue imputada, pero la Audiencia de Palma dejó claro que este asunto se tendrá que decidir en las cuestiones previas, los asuntos a resolver antes de que empiece el juicio en sí. La doctrina Botín (que toma el nombre de un caso judicial que afectaba al banquero Emilio Botín) fue matizada a su vez por la llamada doctrina Atutxa, en referencia al caso del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. En este último caso, el Supremo estableció que cuando los dañados son los intereses colectivos, más genéricos, el juicio se puede celebrar aunque la acusación popular vaya sola. En el caso de la infanta, la acusación popular representada por Manos Limpias sostiene este argumento, aunque en privado desconfía de que le sea aceptado, ya que cree muy posible que los jueces decidan que los intereses de la Hacienda Pública no son tan genéricos, y que, por lo tanto, el perjudicado es el Estado. Si este no acusa, como es el caso, se estaría dentro de la llamada doctrina Botín y la hermana del Rey se libraría del juicio en el que se la acusa de cooperadora necesaria de dos presuntos delitos fiscales.

El futuro de la infanta.

Al acabar la instrucción judicial, la infanta también estaba acusada del delito de blanqueo de capitales, por el que era más improbable que se pudiera aplicar la doctrina Botín, ya que esta vez sí que el bien perjudicado puede considerarse genérico. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma exoneró finalmente a Cristina de Borbón de este delito. El juez Castro consideró que“la ideación, puesta en práctica y mantenimiento en el tiempo de un determinado entramado societario” contó con el “conocimiento y apoyo” de Cristina.

La infanta habría contribuido a estos delitos al ser socia de la empresa Aizoon, a través de la que Iñaki Urdangarin facturaba sus trabajos. Estos deberían haber tributado como renta de las personas físicas y no a través del impuesto de sociedades, por lo que el marido de la infanta podría haber defraudado unos 337.000 euros. Manos Limpias ha pedido para ella ocho años de cárcel, ya que considera como agravante el haber interpuesto la empresa para evitar el pago de los impuestos correspondientes.

Es ahora el momento también de que el tribunal valore si los correos electrónicos en poder de Diego Torres, el socio de Urdangarin, que desvelaron sus intimidades y conversaciones con el rey Juan Carlos, son relevantes en su defensa, ya que sostiene que todo era perfectamente legal porque la Casa Real conocía los detalles. La instrucción de un caso tan delicado ha dado lugar a situaciones como la publicación de una grabación de la primera declaración de la infanta ante el juez Castro, o de fotografías realizadas clandestinamente de conversaciones de la abogada de la acusación, Virgina López Negrete, con el juez. Coincidiendo con el comienzo del juicio, ha salido a la luz que esta letrada está siendo investigada por la Fiscalía de delitos económicos sobre el cobro de unos honorarios en el caso Afinsa. La publicación de esta información ha sido respondida con un comunicado de la Asociación Española de Abogados Penalistas en defensa de López Negrete. En ese comunicado relacionan la publicación de la noticia ahora con el comienzo del juicio del caso Nóos y muestran su apoyo a la letrada para realizar su labor “sin ninguna clase de presión ejercida por instituciones u órganos del Estado”.

El juez de Podemos.

A las nueve y media de la mañana comenzará el juicio. A la hora de llamar a los testigos, la infanta sería la última, el 26 de febrero, ya que la Fiscalía ha preferido colocarla en ese lugar ante la posibilidad de que no tenga que enfrentarse al juicio por la llamada doctrina Botín. La sala que enjuiciará este caso ya no estará presidida por el magistrado titular de la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares, Juan Pedro Yllanes. El juez está en excedencia puesto que decidió incorporarse en las listas de Podemos a las elecciones generales. Su lugar lo ocupa una mujer, Rocío Nobelda Martín Hernández, que fue la ponente del caso Escala, que condenó a 16 años de cárcel al exconsejero de Comercio, Industria y Energía de Baleares Josep Joan Cardona. Será un tribunal compuesto por tres mujeres. La presidenta y ponente de la sentencia será la magistrada Samantha Romero Adán, la que acumula más antigüedad. Tres mujeres para decidir si aceptan el argumento de la infanta: que no conocía lo que pasaba con la empresa Aizoon, porque la llevaba su marido.