La guerra secreta contra el Estado Islámico

Todos los especialistas coinciden en el diagnóstico: para acabar con el Estado Islámico en Siria e Irak es imprescindible que los militares les hagan la guerra. Por el contrario, la presencia de policías y militares en las calles de las ciudades europeas muestran que esos países han cometido el grave error de que sus servicios de inteligencia e información no han hecho bien su trabajo, que es evitar la preparación de atentados. Fuentes de la inteligencia española (Policía y Centro Nacional de Inteligencia) han corroborado estos días que en Bélgica se ha producido una situación caótica frente a los terroristas porque este país no ha afrontado la lucha desde una perspectiva seria y adecuada, al contrario que España. Los atentados del 11-M obligaron a los servicios de inteligencia españoles a volcarse para evitar otra situación similar. Se trataba de poner en marcha en 2004 una guerra secreta que les permitiera tener bajo control a todos los sospechosos de radicalismo para poder anularlos antes de que cometieran atentados. Han pasado 11 años desde los ataques contra los trenes y los resultados se han dejado ver estas últimas semanas.

Al igual que ocurrió tras los atentados del 11-S en EEUU, el primer análisis de las causas llevó a los responsables políticos del recién llegado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a montar un organismo de coordinación de las principales agencias encargadas de la lucha antiterrorista. La Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aceptaron que debían compartir información de una manera activa y olvidarse de la anterior autonomía de actuación. Los propios implicados reconocen que no se ha conseguido el objetivo al cien por cien, pero se ha mejorado mucho. Esta coordinación se ha mostrado inexistente en Bélgica, donde los cuerpos de seguridad ni siquiera habían unificado la lista de sospechosos. Otro de los graves errores cometidos el 11-M fue la relativa facilidad con que los terroristas consiguieron los explosivos. Fue un fallo tan evidente que se produjeron diversas acciones para que no volviera a suceder: todo ese material pasó a estar activamente controlado. Al mismo tiempo, los espías ejercieron un mayor control sobre los traficantes de armas, tanto los importantes como los de pequeño calado. Ningún sospechoso de radicalismo debía poder acercarse a uno de ellos sin que el CNI o la Policía se enteraran. Algo muy distinto a lo que ha pasado en los atentados de París, lo que ha provocado gran preocupación en el espionaje español, pues ha dejado abierta la posibilidad de que los terroristas compren sus armas más allá de nuestras fronteras y puedan traerlas a España.

Captadores de fuentes

El CNI contrató en los años posteriores a más de mil agentes para hacer frente a la amenaza. Dado que no se podía obtener información de Al Qaeda entonces (y después del Estado Islámico) de la misma forma que se hacía con ETA utilizando infiltrados, debido a las características árabes, se optó por primar la contratación de lo que llamaron captadores de fuentes. Son agentes cuya misión es acercarse a personas que viven en el mundo radical y captarlas como colaboradores. Se les ofrece dinero o algún tipo de ayuda para conseguir la nacionalidad. Estas personas son los ojos del CNI y también de la Policía en estos grupos sospechosos de poder radicalizarse e intentar llevar adelante la yihad.

Después de 11 años peleando en este terreno, fuentes del espionaje aseguran que hay cientos de colaboradores, distribuidos por toda España, que llevan a cabo tareas de vigilancia sobre movimientos de sospechosos.

Paralelamente, el CNI montó un nuevo despliegue de bases por toda España, para que cualquier localidad con presencia musulmana dispusiera de agentes para obtener información. Ciudades como Murcia recibieron espías, aunque la mayor potenciación se produjo en Barcelona, donde el CNI decidió montar una división, lo que coincidió con un mayor despliegue de la CIA estadounidense y el Mossad israelí, servicios con los que se comparte información. Las bases de Ceuta y Melilla también fueron muy potenciadas dada su cercanía a Marruecos y al hecho de la continua emigración ilegal.

Precisamente otra de las acciones subterráneas ejecutadas fue conseguir una relación privilegiada con el servicio secreto de Mohamed VI, que dedica muchos medios y agentes a controlar a los integristas. De ese país procede una de las grandes amenazas, como quedó patente en los atentados del 11-M. El CNI se esforzó hasta conseguir la plena colaboración con los marroquíes, lo que incluyó evitar que las complicadas relaciones bilaterales pudieran poner barreras al intercambio de información. Esa colaboración incluyó una mayor permisividad a los agentes alauitas para que actuaran en España ayudando a la lucha contra este terrorismo. Esta relación se vio beneficiada por el hecho de la ruptura de relaciones entre el espionaje francés y el marroquí por el intento de los jueces franceses de detener al director del espionaje de Mohamed VI durante una visita a París.

Un idioma poco común

Más complicado resultó en esta guerra encontrar traductores de árabe que pudieran transcribir rápidamente las interceptaciones telefónicas o por Internet de conversaciones de sospechosos. Además, los reclutadores del servicio español buscaron en las universidades agentes que hablaran árabe, un idioma poco común entre los españoles. También por promoción interna, pero en muchos casos por voluntad propia, muchos agentes se pusieron a estudiar esa lengua y fueron destinados tanto dentro como fuera de España a destinos vinculados a mantener relaciones con el pueblo árabe.

Especial mención merece una de las acciones más silenciosas, pero que han resultado ser de las más efectivas. Al Qaeda y el Estado Islámico utilizan con frecuencia el boca a boca para transmitir sus órdenes, reclutar y preparar sus operaciones, pero con el paso de los años ha adquirido importancia el uso de Internet. La potenciación de personal incluyó más medios y personal para que el Centro Criptológico Nacional pudiera desarrollar las herramientas necesarias que permitieran espiar las comunicaciones de todos los sospechosos. Este trabajo silencioso, desconocido en su ejecución por los españoles, ha facilitado numerosas operaciones contra los yihadistas. No se trata solo de seguir sus pasos, sino de saber qué hacen y con quiénes se relacionan. Así, adquirieron, por ejemplo, los programas necesarios para reventar cualquier tipo de clave. El control integral de los ordenadores y de los teléfonos de los terroristas implicaba buscar mecanismos de control capaces de superar los cifrados. Para ello no había camino mejor que adquirir virus informáticos de última generación como los que vendía la empresa italiana Hacking Team, que una vez instalados desnudan sin trabas cualquier comunicación.

La estrategia de colaboración con otros servicios de inteligencia cambió. Los espías españoles forman parte del grupo de países que están conectados permanentemente para intercambiar información sobre terrorismo yihadista. Eso permite, entre otras muchas cosas, que puedan preguntar a otros colegas por personas sospechosas o que lancen alertas cuando piensan que algunos de los vigilados van a viajar a otros países. Esta colaboración ha sido fructífera con países como Francia y casi inexistente con otros como Bélgica.

Todas estas medidas silenciosas para controlar el terrorismo yihadista han sido favorecidas por el hecho de que el CNI dispone de un magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las acciones que van a realizar y que suponen intervención de comunicaciones o entradas en domicilios. Al no ser un juez como aquellos a los que acuden la Policía y la Guardia Civil, no se les exige una cantidad de pruebas tan altas para autorizar esas operaciones. Además, esas autorizaciones nunca llegan a ser desveladas públicamente, ni generan por sí solas detenciones. Para esto último se exige una posterior intervención de un juez de lo penal.

Operación en las cárceles

Otra de las acciones llevadas a cabo fue la operación montada para evitar un mal con el que se encontraban cuando interrogaban a detenidos: muchos procedían del mundo de la delincuencia, habían sido condenados y eran captados mientras cumplían su condena. Se estableció una operación de espionaje de las personas encarceladas sospechosas de poder llevar a cabo esas acciones. Los resultados se vieron hace poco con la detención en la cárcel de Segovia de un reclutador que había intentado fichar para el Estado Islámico a varios presos a los que les faltaba poco tiempo para abandonar el establecimiento penitenciario.

Tanto en el caso del CNI como en el de la Policía, en los últimos años se ha producido un hecho que ha beneficiado favorablemente su trabajo: la inactividad y práctica desaparición de ETA les ha permitido liberar a centenares de funcionarios para poder dedicarlos al nuevo tipo de terrorismo.

Otra cuestión imprescindible en esta lucha soterrada ha sido el cambio de leyes. Tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el director del CNI, Félix Sanz Roldán, llevan mucho tiempo enrocados en una queja al Gobierno y a los partidos de la oposición: de nada sirve el trabajo realizado si luego los jueces no disponen de las leyes necesarias para que los terroristas sean condenados. Delitos como el de captación antes apenas tenían condena y eso ahora ha cambiado. En Bélgica, por el contrario, las leyes juegan en su contra: no se puede detener a nadie en su casa de nueve de la noche a cinco de la madrugada, la prisión provisional se limita a 24 horas y se permite el anonimato en las tarjetas de prepago.

Todas estas medidas han conseguido, entre otros buenos resultados, que el control que se lleva en España sobre los radicales que viajan a Siria para combatir y quieren regresar sea mucho más eficaz que en otros países. Y como dice una fuente del espionaje: “En Bélgica no tenían ni idea de lo que pasaba en el barrio de Molenbeek y aquí se detenía a una persona que estaba presa en Segovia”.