La centinela de los jueces

Hasta hace unas semanas, Virginia García Alarcón ha estado al frente de la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No es extraño, por tanto, que sus compañeros, al enterarse de su nombramiento, además de felicitarla, le dijeran: “¡De la que te has librado!”. Además de su ya antiguo despacho, en un palacete madrileño, deja atrás los asuntos en los que ha estado enfrascada los últimos trece años: recursos por reclamaciones laborales, sobre despidos, adaptaciones de horarios o eres, que colapsan hoy los juzgados mercantiles. Ahora se enfrenta a un nuevo reto que es todo un miura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha encargado que acabe con los agujeros negros de la Inspección. Quiere que haga de él un servicio eficaz que evite fallos tan catastróficos como el que provocó que el expediente del presunto asesino de la niña Mari Luz se perdiera en una montaña de papeles en el juzgado de Rafael Tirado.

Malestar generalizado

Esta veterana magistrada, experta en la jurisdicción social y de menores y miembro de la progresista asociación Jueces para la Democracia, asume el reto en un momento difícil: en medio del malestar generalizado entre los jueces, que amenazan ahora con trabajar a módulo, es decir, el mínimo exigido por el Consejo, y de llevar a cabo, a principios de año, la que puede convertirse en la primera huelga de este colectivo. Virginia confía en que no se paralicen los juzgados. “Este Consejo tiene la voluntad de tratar que las cosas puedan empezar a funcionar razonablemente bien, contando con el Ministerio de Justicia, que tiene los medios, y las comunidades autónomas”. La salud mental de los jueces será otra de las patatas calientes con la que tendrá que lidiar. Un informe de hace dos años del Poder Judicial reconocía que había una treintena de jueces con padecimientos psíquicos, un problema al que este Consejo quiere poner solución mediante jubilaciones o incapacitaciones. García Alarcón reconoce que en la carrera judicial “no se hace un examen psicológico al entrar, y a lo mejor sería bueno, ni se hacen revisiones de salud periódicas, y los problemas se detectan tarde, cuando hay quejas o los jueces dejan de atender los asuntos. Tenemos que descubrirlos antes para evitar que el problema vaya a más”. La responsable del Servicio de Inspección dispone de una plantilla de 36 inspectores para vigilar y evaluar el trabajo de los cerca de 4.600 jueces que hay en España. No cree que sea necesario recorrer todos los juzgados para localizar posibles fallos. “La estadística y la informática nos permiten ver cómo está cada órgano. Si el juez trabaja, no tiene sentido desplazarse”. Remarca que llega al puesto con el propósito de “estar muy cerca de los jueces” para que tengan “unos módulos de trabajo razonables, puedan atender los asuntos y no ocurran fallos, y que la oficina judicial tenga también el número de funcionarios necesarios”. Curiosamente, en sus veintiséis años en la judicatura nunca ha pasado un inspector por sus juzgados. Los datos indican que no ha hecho falta. Ha dictado más de 4.000 sentencias en los órganos unipersonales y más de 3.000 como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y desde que se implantó la declaración semanal de módulos, ha superado, en todas ellas, el 100%, y en la mayoría el 120%, según consta en la estadística del CGPJ. Ha estado destinada en Hellín, Chiclana, Málaga y San Sebastián. Aún recuerda la lamentable situación en que se encontró, en 1983, el juzgado de Hellín, su primer destino: “No tenía códigos actualizados, ni libros, ni por supuesto Internet. Tenía que venir a Madrid a comprarlos”. Eso sí, los legajos estaban bien custodiados. “La puerta del archivo no se podía abrir y los funcionarios echaban los expedientes por una abertura”. Los funcionarios brillaban por su ausencia. Chavalitos del pueblo trabajaban como meritorios sin cobrar un duro. “Recuerdo que una niña de 16 años, muy espabilada, llevaba el Registro Civil con la esperanza de poder entrar algún día como eventual”. Virginia García Alarcón sabe lo que es trabajar duro. Miembro de una modesta familia de cuatro hermanos -su padre trabajaba en una imprenta- siempre tuvo muy claro que quería ir a la universidad. Una aspiración que le obligó a ponerse a trabajar para costearse los estudios. E 1967, con sólo 13 años, echó una solicitud para entrar de aspirante a auxiliar administrativa en Seat, aunque no pudo trabajar hasta cumplir los 14 años, la edad mínima legal entonces. No se le olvida su primer salario: “1.601 pesetas”, que entregaba en casa. Asegura que vivió con naturalidad su temprana incorporación al mundo laboral. “Era algo muy normal en mi entorno, en mi barrio, mis hermanos y mis primas también empezaron a trabajar muy pronto”. En el Servicio de Atención Técnica de la automovilística, rellenando partes de reclamaciones, estuvo sólo tres meses. El jefe de Ventas la fichó pronto para el Servicio de Ventas, donde empezó a vender coches y a hacer los cálculos para la financiación de los vehículos. Un año después, saltó al staff de Viajes Marsans. Después accedió por oposición al Banco Popular Español. “Empecé a trabajar el mismo día que el hombre llegó a la luna”, recuerda. Allí conoció al hombre con el que sigue compartiendo su vida, su marido, Félix Pantoja, ex fiscal de Menores y ex vocal del CGPJ, actualmente destinado en el Tribunal Supremo.

Justicia preventiva

Virginia García Alarcón estaba empeñada en estudiar Psicología. “Pero Félix, que empezó a estudiar Profesorado Mercantil y luego Derecho, me lio -confiesa- y al final hice las dos carreras a la vez”. En 1979, recién licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, se apuntó al turno de oficio y ejerció como abogada en Madrid y Toledo. Entonces, “comprendí que desde la Justicia podía hacer muchas cosas, y decidí opositar a juez”. Accedió a la carrera judicial en 1982 y formó parte de la primera promoción de jueces de menores. Ocupó el primer juzgado especializado de San Sebastián, donde permaneció entre 1988 y 1990. Allí realizó un trabajo precursor que sirvió de base para la ley de menores que se aplicaría en todos los juzgados de España. Le preocupa que se estén llenando las cárceles y que no se ofrezcan alternativas eficaces. “Se legisla a golpe de telediario. Yo creo que hay que invertir y poner el esfuerzo en educación y en atención psiquiátrica. La salud mental es una olvidada de la sociedad y muchos problemas podrían evitarse si la salud mental funcionara. El patio de los colegios se ha convertido en la selva y ese problema se va agudizando, creando problemas de salud y con el tiempo genera delincuentes, personas frustradas o con poca resistencia a la frustración”. Tiene tres hijos, de 24, 19 y 14 años. Cuando se le pregunta cómo ha conciliado la vida personal y laboral, dice con resignada sonrisa: “Con el plus de nocturnidad”.