Jaque al caciquismo en las Diputaciones

Las diputaciones provinciales son las grandes desconocidas dentro de la pirámide administrativa del país. En los últimos años, sin embargo, se las ha asociado con la opacidad en el gasto público y con algunos de los peores casos de corrupción política que ha habido en España. En Galicia, por ejemplo, el eterno presidente de la Diputación de Orense, entre 1987 y 2012, José Luis Baltar, admitió ser un “cacique bueno” tras conocerse que la Fiscalía le investigaba por dar puestos de trabajo a más de un centenar de familiares y afines al PP bajo su manto protector.

Un enchufe masivo que le acarreó una inhabilitación de diez años para desempeñar cargos públicos, aunque la sentencia llegó cuando él ya había abandonado el poder. Eso sí, dejó las riendas de la diputación en manos de su hijo José Manuel, quien luego ha sido denunciado por acoso sexual y está siendo investigado por un presunto delito de cohecho.

Baltar padre nunca se sometió al escrutinio electoral de sus compatriotas orensanos porque no lo necesitaba. Su longevidad política se sustentó en la elección indirecta para así perpetuarse en el poder. Siendo presidente del PP de Orense, le bastaba su privilegiada posición para confeccionar las listas municipales y atar en corto a los elegidos de su partido para que estos le devolviesen el favor aupándole a la presidencia de la diputación provincial tras las elecciones locales.

Una práctica clientelar que llegó a límites insospechados en la Comunidad Valenciana, donde los últimos responsables del PP en las tres diputaciones se encuentran imputados o encarcelados en la actualidad: Carlos Fabra (Castellón) cumple condena en el penal de Aranjuez por fraude fiscal; Alfonso Rus (Valencia) fue detenido en febrero por estar implicado en una trama de corrupción municipal –la operación Taula, cuyo nombre fue escogido de entre sus empresas–; mientras que José Joaquín Ripoll (Alicante) está procesado por el caso Brugal, en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos para los servicios de recogida de basuras en varias localidades del PP alicantino.

La Diputación de León también alimentó la crónica negra de España con el asesinato de su presidenta, Isabel Carrasco, en mayo de 2014 a manos de la madre de Montserrat González, una joven afiliada al PP que en el reciente juicio relató que las plazas de funcionario que salían a concurso estaban “amañadas” de antemano.

Mientras, en Cádiz se produjo el pasado verano un gran revuelo cuando se conoció la lista de asesores que había contratado la nueva presidenta de la diputación, la socialista Irene García, en pleno mes de agosto. El primer fichaje fue el del hijo del secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, al que le siguió la entrada del secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, apenas un mes después de que los regionalistas firmasen un acuerdo que garantizaba al PSOE la presidencia de esta institución.

El PP también denunció la contratación de un ex-asesor municipal de Sanlúcar de Barrameda que había sido destituido por un caso de presunta corrupción. Precisamente, en este municipio gobernaron juntos los socialistas y el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, hasta que este último dio el salto a las autonómicas andaluzas.

Estas “agencias de colocación de partidos”, en palabras del propio Pedro Sánchez en octubre, cuando era candidato a La Moncloa, pueden tener los días contados si se aplica el acuerdo de investidura que firmaron el PSOE y Ciudadanos. Dentro del epígrafe “Reforma urgente de la Constitución”, se indicó lo siguiente: “Supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva”.

Este enunciado engloba los deseos de cada uno. Ciudadanos siempre ha pedido el fin de las diputaciones con el argumento de que este paso supondría un ahorro de unos 5.000 millones de euros al año y que se evitarían duplicidades en la Administración pública, por lo que esta sería más ágil y más eficiente. El PSOE, por su parte, llevaba en el programa electoral su compromiso de “modernizar las diputaciones provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia (…) siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia”.

En dicha formulación no había, por tanto, ninguna mención a los Consejos de Alcaldes, una idea que lanzó el candidato socialista a La Moncloa en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en la que está el germen del actual acuerdo PSOE-Ciudadanos, según fuentes de ambas formaciones consultadas por TIEMPO. El objetivo final de ambos partidos es que esos Consejos de Alcaldes carezcan de “estructura política”, lo que podría suponer un ahorro de unos 1.000 millones de euros y la supresión de un millar de cargos políticos fichados a dedo en las diputaciones, según los datos que manejaba el equipo de Rubalcaba, aunque la poda podría ser mucho mayor, pues de las 62.159 personas que trabajan dentro de estos organismos, menos de la mitad son funcionarios (27.535) y el resto (34.624) es personal contratado.

Cómo serían esos Consejos de Alcaldes? El PSOE fue parco en sus explicaciones y se limitó en 2011 a indicar que “el gobierno y la administración de la provincia estarán encomendados a una corporación de carácter representativo consistente en un Consejo de Alcaldes que carecerá de estructura política”. Al frente de estas diputaciones de nuevo cuño se elegiría a un alcalde “que representará y defenderá los intereses de la provincia y sus municipios”. Para evitar el temor de muchos trabajadores sobre el futuro de su empleo público, el PSOE señaló que los funcionarios y el personal administrativo que prestan servicios en las diputaciones provinciales “tendrán garantizados sus puestos de trabajo”. Y que dicho cambio, a diferencia de lo que ahora propugnan Sánchez y Rivera al incluir este punto entre los cinco de la reforma exprés de la Constitución, únicamente necesitaría “una nueva definición y regulación” en la Ley de Bases del Régimen Local y la “modificación” de la Ley de Haciendas Locales. Ambas datan de los años ochenta.

Donde el PSOE fue más explícito fue a la hora de definir qué gastos de personal eran “prescindibles”. En primer lugar mencionó los salarios para los cargos políticos, con el argumento de que ya cobraban por ser alcaldes o concejales, y en el caso de algunos presidentes, del propio partido. Esta idea fue aplicada posteriormente por el PP en la reforma de las administraciones públicas que aprobó en la pasada legislatura y en la que únicamente se permitió un salario público. El PSOE de Rubalcaba metió también en el mismo saco de la austeridad las retribuciones de los asesores y el personal eventual de confianza, que rondan el citado millar de enchufados políticos, según el cómputo elaborado en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

En lo que respecta a los gastos corrientes, los socialistas incluyeron, de forma genérica, las siguientes partidas a suprimir: protocolo, parque móvil, publicidad y propaganda, comunicaciones, prensa, reuniones y asistencia a congresos y jornadas sectoriales, estudios y trabajos técnicos, gastos de asistencia a ferias y, por último, vestuario, dietas y gastos de seguridad. La suma de la reducción de los gastos corrientes y de personal se cifró en los citados 1.000 millones, lo que supondría el 20% de los 6.000 millones que gestionan las diputaciones de gestión común.

El PSOE desveló, además, que el 30% de estos fondos se destinaban al pago de las nóminas del personal adscrito a las diputaciones y que el resto del presupuesto se distribuía de la siguiente forma: transferencias corrientes (23%), bienes corrientes y servicios (15%), inversiones reales (12%), transferencias de capital (9%), pasivos financieros (7%), gastos financieros (2%) y activos financieros (2%). Los planes y cifras de Rubalcaba acabaron guardados en un cajón de Ferraz por la oposición interna en Andalucía, donde el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se arremangó expresamente para desactivar una de las principales medidas de regeneración y control de gasto que el exministro de Interior se propuso llevar en su programa electoral de hace cinco años.

La resurrección ahora del plan Rubalcaba, tras hacerse público el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, ha provocado que Antonio Hernando, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, saliese a la palestra para asegurar que estas instituciones no desaparecerían con el llamado Gobierno del cambio, sino que se trataría de “modernizarlas”. “Las diputaciones van a seguir ejerciendo ejercicios fundamentales, teniendo competencias, no se llamarán ‘diputaciones’, serán otro tipo de organismos mucho más modernos”, sintetizó el número tres del PSOE.

El principal cometido de estos organismos de carácter territorial es suministrar servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos, como el agua, la recogida de residuos o el asfaltado de calles y carreteras secundarias. Asimismo, reparten fondos estatales para arreglar infraestructuras y ayudan a los municipios con aportaciones económicas sobre materias como el saneamiento y control ambiental, la ingeniería, el urbanismo o el bienestar social. Ejercen, además, servicios de recaudación tributaria y su actuación queda recogida en un plan provincial de obras y servicios que incluye, de forma obligatoria, un estudio de los costes efectivos de cada actuación a realizar. Sin embargo, el control racional de los recursos se difumina ya que es la Intervención General de la Administración del Estado –no el Tribunal de Cuentas– la que audita la gestión de los entes provinciales.

Cada diputación recibió durante el año 2015 una cantidad media de 128 millones. Las que más gastan son las forales porque son las que más competencias tienen. Entre las de régimen común, las que más dinero tienen a su disposición son las andaluzas, con más de 2.000 millones de euros. De ahí que su hipotética supresión haya levantado de nuevo tantas reticencias en el PSOE de Andalucía (ver recuadro en la página siguiente). La que más gasta es la de Barcelona, con 820 millones de euros, ya que es la que presta servicio a más población, pues Madrid no cuenta con diputación. Le siguen Valencia (449) y Sevilla (437). Las que menos gastaron en 2015 fueron las de Soria (48 millones), Segovia (53), Ávila (53) y Teruel (54).

Las diputaciones catalanas no han sido ajenas al virus de la corrupción. El anterior presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-Seca, Josep Poblet (CiU) fue imputado a pocas semanas de los comicios de mayo de 2015 por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental en el llamado caso Innova, que investiga una serie de supuestas irregularidades en el conglomerado de empresas municipales Innova de Reus.

Mientras, la Fiscalía de Lérida mantiene abierta una investigación para averiguar si el presidente de la diputación de esa provincia, Joan Reñé (CiU), cobró comisiones ilegales cuando era presidente del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. El ministerio público indaga si Reñé recibió 500.000 euros en comisiones por adjudicar la concesión del complejo encargado de mantener las depuradoras de dicha localidad a la empresa M y J Gruas. Dicha compañía aparece junto a la UTE encargada del mantenimiento de las depuradoras en la lista de empresas que hicieron donativos a la fundación CatDem, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En total, la empresa y la UTE abonaron a CatDem 41.500 euros en varios años comprendidos entre 2008 y 2013.

La Diputación de Barcelona, por su parte, se vio salpicada en junio del año pasado por el caso Cooperación. El director de Relaciones Internacionales, Jordi Castells Masanés, dimitió al trascender que repartió al menos un millón de euros desde 2012 entre empresas catalanas, en ocasiones a dedo y sin publicidad y en ocasiones, incluso, con la oposición de los técnicos funcionarios de esta institución, quienes previamente habían denunciado irregularidades y prácticas de mobbing. La de Castells Masanés fue la segunda dimisión en un breve lapso de tiempo, pues una semana antes se marchó su mano derecha, Jonathan Jorba, director de la Oficina de Cooperación al Desarrollo.

En julio, sin embargo, se produjo un hecho judicial que sorprendió en Cataluña. La Diputación de Barcelona se retiró como acusación popular en la causa del Palau de la Música... apenas una semana después de presentar un escrito en el que sostenía que CDC se había lucrado con el desfalco y pedía una pena de cinco años de cárcel para el extesorero convergente Daniel Osàcar. Esta fue la primera decisión que adoptó su correligionaria Mercè Conesa tras acceder al cargo. Esta diputación ejercía la acusación desde sus inicios, cuando todavía estaba gobernada por el PSC, y estimaba en más de cinco millones de euros la suma percibida supuestamente por CiU en comisiones ilícitas. Además, acusaba en su escrito a Osàcar de un delito continuado de blanqueo de capitales y le pedía una multa de más de diez millones de euros.

De todo ello han tomado nota en el PSOE, aunque Sánchez pasase de puntillas sobre el espinoso asunto de las diputaciones en su discurso de investidura del martes 1 de marzo, donde habló de sustituir “las viejas diputaciones”. En Ciudadanos no le quisieron dar importancia: “Está en el acuerdo. Está firmado. Tiene su lógica. Entiendo que [para el PSOE] ha sido casi como arrancar una muela”, respondió Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de la formación naranja.