Jaque a Mas

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se encuentra ante un auténtico jaque. Tiene abiertos un frente judicial (tanto las finanzas de Convergència como las adjudicaciones a empresas donde figuran sus familiares están bajo sospecha y tienen abiertas investigaciones), un frente legislativo y un frente político, que, paradójicamente, es el más amable y donde puede tener menos problemas.

En lo político, los últimos acontecimientos, como el registro de sedes del partido de Mas, han propiciado cierta desunión sobre el apoyo al president, que ha bajado de intensidad en los últimos días al encontrar todos el enemigo común: el Gobierno central. De cualquier manera, las discrepancias entre Convergència y ERC vienen de lejos (ver recuadro en la página 13).

Lo cierto es que el camino emprendido hace ahora tres años por Artur Mas no tiene marcha atrás. No hay lugar para la rectificación. Empeñado en pasar a la historia del independentismo, el neoconverso president ha puesto toda la carne en el asador. Pero Mariano Rajoy no se lo pondrá fácil. El pasado 9 de noviembre, el Gobierno español estuvo a punto de asumir el mando de los Mossos d’Esquadra por lo que pudiera pasar. Ahora está a punto de hacer lo mismo. E incluso de limitar al máximo las competencias de la Generalitat.

El cerco legislativo se potenciaba esta semana tras el anuncio de una modificación exprés de la ley del Tribunal Constitucional para que este pueda castigar a quien no obedezca sus sentencias. Y como los gestos son tan importantes como el fondo, los encargados de dar la noticia fueron el portavoz del PP, Rafael Hernando, y Xavier García Albiol, el candidato popular en las elecciones del 27 de septiembre.

Esta modificación va dirigida directamente a la línea de flotación del president. “Se ha hecho por lo que pasó el 9 de noviembre. La consulta anunciada por el Gobierno catalán se realizó a pesar de los reiterados fallos del Alto Tribunal. Se pasaron las sentencias por el forro –explica a TIEMPO Santi Rodríguez, portavoz del PP en la Cámara legislativa catalana–. Lo malo es que no se pudo hacer nada. Y si el Tribunal Constitucional no tiene herramientas coactivas para forzar el cumplimiento de sus propias sentencias, hay que proveerlo de ellas. De ahí esta modificación urgente”.

También la ley de seguridad da armas al Gobierno central para intervenir la autonomía. En el caso de querer controlar a los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, ahora basta la iniciativa del Ministerio del Interior sin tener que acudir al Senado para que vote. En otras palabras, es relativamente sencillo que los agentes de la Policía autonómica catalana pasen a depender de Madrid.

El presidente del grupo parlamentario convergente y portavoz del mismo, Jordi Turull, ve oscuras intenciones ante estos movimientos legislativos. “Lo que parece es que el Estado ha aprovechado un hecho concreto como es el caso de Torredembarra para iniciar un proceso de guerra sucia contra el nacionalismo y el proceso”, declara Turull a TIEMPO.

En este cerco tiene una vital importancia la ofensiva judicial emprendida contra algunos de los símbolos catalanes. Los procesos contra el clan Pujol han hecho mella en el nacionalismo. Se ha caído el mayor mito de la comunidad. Y con Pujol noqueado, el punto de mira se ha posado en Artur Mas y en Convergència. De hecho, el partido nacionalista tiene ya un escándalo considerable en sus alforjas: quince de sus sedes han sido puestas a disposición del juzgado para responder a las posibles responsabilidades civiles del caso Palau. Porque la formación de Mas está bajo sospecha: a través del Palau de la Música, cuando este era presidido por Fèlix Millet, la compañía Ferrovial pagaba el 4% de las adjudicaciones de la Generalitat a la entidad musical y esta reenviaba el 2,5% a la Fundación CatDem (entonces llamada Trias Fargas) para supuestamente financiar a CDC. El 1,5% restante se lo embolsaban Millet y sus cómplices.

Ahora, un juzgado de El Vendrell investiga el pago de comisiones del 3% de obras adjudicadas en ayuntamientos gobernados por CiU a la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, lo que no es baladí: el patriarca de esta, Carles Sumarroca, además de fundador de Convergència, fue socio de Pujol en varias aventuras: Banca Catalana y la compra de El Correo Catalán, entre otras; paralelamente, sus esposas se asociaron en la compañía Hidroplant. Y el empresario contrató a Pere Pujol Ferrusola haciéndolo director y más tarde socio de la consultora Entorn, beneficiada con innumerables contratos públicos. Sumarroca fue también el constructor de la casa de Oriol Pujol en el Pirineo y vendió una parte de su empresa Gestio Lab a Jordi y a Josep Pujol Ferrusola. El primogénito de los Pujol, Jordi, llegó a firmar un contrato a comienzos de la pasada década por el que cobraría del emporio de los Sumarroca un 3,5% del total de adjudicaciones y un 5% sobre el margen bruto en operaciones facilitadas en el extranjero. En resumen, el entramado económico-político de los Pujol y Sumarroca alcanza niveles galácticos. Y el patriarca Carles Sumarroca Coixet, junto a su hijo, Carles Sumarroca Claverol, están imputados por la Audiencia Nacional en el sumario que investiga los negocios de Jordi Pujol junior.

Por si fuera poco, Sumarroca fue el clan más beneficiado por las adjudicaciones públicas del Gobierno catalán durante el pujolismo: en los 80, se hizo de oro con adjudicaciones de obras públicas; en los 90, entró en el negocio de los análisis clínicos de la Administración (el 100% de los análisis de los reclusos catalanes, por ejemplo, fueron adjudicados sin recato a una empresa de los Sumarroca); y en el siglo XXI, el clan entró de lleno en el negocio de las energías alternativas.

Tanto era el ascendente que el Gobierno catalán llegó a anular informes negativos sobre parques eólicos y dio luz verde a licencias del empresario amigo, con informe medioambiental preceptivo y favorable de la empresa dirigida por Pere Pujol Ferrusola, hijo del jefe. El propio Artur Mas, cuando era conseller en cap (consejero jefe) en el año 2002, envió una carta al entonces consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, urgiendo que concediese el permiso para varios parques eólicos, propiedad de Sumarroca y de otro fundador de Convergència. En cuestión de días, los permisos fueron concedidos. Paralelamente, el entonces secretario de Industria, Oriol Pujol Ferrusola, hijo del presidente, llegó a comentar en una reunión de alto nivel de su consejería que los parques deberían abrirse porque tenía interés “personal” el president. O sea, su padre. Y vaya si se abrieron, y en tiempo récord.

Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe: ahora, Jordi Sumarroca, hijo del patriarca, ha sido detenido y acusado de pagar comisiones al alcalde convergente de Torredembarra, Daniel Masagué. Además, en su caja fuerte, los agentes han hallado un manuscrito donde detalla adjudicaciones de ayuntamientos (Lloret de Mar, Sant Celoni, Sant Cugat, Figueres) en el año 2009 y en otra columna apunta una cifra que corresponde al 3% de esas adjudicaciones y que supuestamente eran las comisiones pagadas.

Según ese documento, Teyco habría pagado un total de 343.798 euros en comisiones por la adjudicación de cinco obras públicas. Pero desde la formación nacionalista se desmiente la mayor. “Ese documento tiene apuntes con distintos tipos de letra y de tinta. No sabemos qué quiere decir eso. Pero, por otro lado, no cuadra nada. Desde 2007 a 2014, la fundación recibió de Teyco un total de 402.000 euros. Si durante los dos meses a los que se refiere supuestamente el documento encontrado se pagaron casi 350.000 euros no tiene sentido que en los siete u ocho años restantes se pagasen solo algo más de 50.000 euros”, explican a TIEMPO fuentes de la cúpula convergente. No le falta razón a esta fuente, ya que Teyco no era la empresa que más facturaba a las Administraciones convergentes: la compañía Emte se convirtió por obra y gracia de CDC en la constructora más mimada de Cataluña. ¿Y de quién era propiedad? De Sumarroca, por supuesto.

Desde el partido de Mas se asegura oficialmente que “todo es un ataque contra el proceso catalán. Nosotros ponemos las urnas y el voto de la gente, lo que quiere decir la democracia. Y la respuesta del Estado son los tribunales, la Policía, las calumnias y el asedio mediático”.

Pero obvian estas fuentes que el proceso por el que acaba de ser registrada su sede no fue iniciativa del Estado, sino de una concejala de Esquerra Republicana de Torredembarra, Montserrat Gasull, que en 2012 ya denunció presuntas irregularidades en el consistorio. Tanto ella como el socialista Enric Granjel narraron a las autoridades judiciales posibles delitos como la adjudicación irregular de la limpieza viaria, el alquiler de dos locales a una empresa privada a precios desorbitados, la contrata de aguas, la contratación de la consultora Efial por 18.000 euros al mes y la adjudicación irregular de la construcción de un parking a la compañía Teyco. Tras el registro de las oficinas de esta compañía, se encontraron más indicios de procedimientos similares en otros ayuntamientos, por lo que el asunto ha alcanzado ya una dimensión que sobrepasa el ámbito local.

En Cataluña ha habido una corrupción generalizada durante las últimas décadas. Se creía que el 3% era un mito. Pero ese mito terminó cuando se descubrió que a través del Palau de la Música se pagaba un 4% de comisión por obras públicas. Sin embargo, es cierto que allí solo estaba implicada una empresa constructora y nada más. Con el escándalo de Sumarroca, en cambio, se evidencia que la corrupción no solo era patrimonio de la Generalitat, sino incluso de los ayuntamientos, y esos ayuntamientos tenían un denominador común: “Estaban todos ellos en manos de Convergència”, subraya el popular Santi Rodríguez.

Por su parte, fuentes de la dirección de CDC aseguran que los registros en la fundación del partido “pretenden hacer ruido y poner nerviosa a la gente. Pero los ciudadanos tienen claro que este circo mediático tiene una clara intencionalidad”. Además, enfatizan que “al final, el escándalo no influirá en el proceso. Todo tiene un punto de espectáculo mediático. No por la Guardia Civil, cuyos agentes se portaron exquisitamente y que hacen la labor que les asignan, pero sí por otras circunstancias. Si quieren documentación, solo hace falta que la pidan. Pero la podían haber pedido en el mes de julio o esperar a octubre. No hacerlo cuando está a punto de comenzar la campaña electoral”.

En poder de la fiscalía está también un informe de la Oficina Antifraude donde se desvela que varios ayuntamientos más de las comarcas sureñas de Cataluña han realizado contrataciones similares a las de Torredembarra. Antifraude examinó casi una docena de consistorios y halló irregularidades graves en unos cinco, por lo que remitió sus diligencias a la Fiscalía Anticorrupción. Algunos de los ayuntamientos afectados son Ascó, Gandesa y Ametlla de Mar.

No es el único frente judicial al que se enfrenta Convergència. Las comisiones rogatorias del caso Pujol han llegado ya a la Audiencia Nacional y pueden arrojar nuevos datos sobre la actividad económica extranjera del clan. Y, por si fuera poco, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) mantiene abierta una investigación sobre las adjudicaciones a empresas en las que figuran familiares de Artur Mas. Esas empresas, vinculadas casi exclusivamente al sector de las telecomunicaciones, recibieron desde 2010 alrededor de 450 millones de euros en contratos públicos. Algunas de esas empresas apenas facturaban a la Generalitat antes de la llegada de Mas al poder y de que en las mismas estuviesen sus familiares.

Entre las firmas sospechosas se encuentran Seidor, donde el cuñado de Mas, Juan Antonio Rakosnik, ostenta un cargo (llegó a estar destinado en la Generalitat como representante de la empresa Microsistemas, del grupo Seidor) y VASS, donde Eugenia Menéndez Rakosnik, una sobrina de la esposa de Mas, es la máxima responsable de la compañía en Cataluña.

En Convergència temen el impacto que una operación desatada desde la Audiencia Nacional pudiera tener durante la campaña electoral. El escándalo Sumarroca, sospechan, es solo el inicio de una ofensiva en toda regla. Tanto el coordinador general de CDC, Josep Rull, como el consejero de Presidencia, Francesc Homs, acusaron al Gobierno español de torpedear el proceso catalán con el último registro de la sede de la fundación (a pesar de que había sido ordenado por un juez –catalán– de Vendrell).

Mientras, los socios republicanos de la candidatura Junts pel Sí se han mantenido cautos. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, manifestó la necesidad de aclarar la situación, pero ni siquiera pidió a Artur Mas su comparecencia pública para dar la cara. Eso sí: arremetió contra el Estado español achacándole la responsabilidad de la operación judicial para desacreditar el proceso independentista. Y mientras los republicanos miran hacia otro lado, el juez del Vendrell sigue trabajando ajeno al revuelo político.

GUERRA DE DENUNCIAS

En junio de 2012, la concejala de ERC Montserrat Gasull y el socialista Enric Granjel denunciaban diversas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra. En 2013, Gasull, harta de la desinhibición de su partido, dejaba las filas de Esquerra y se convertía en concejala no adscrita. A principios de verano de 2014, facilitó al juzgado y a la Guardia Civil documentación clave de la corrupción en su ayuntamiento. La republicana detalló cómo se realizaban adjudicaciones directas y contrataciones dudosas. El alcalde, Daniel Masagué, presentó una querella en su contra el año pasado y Gasull llegó a ser procesada por injurias y calumnias. El primer edil le pedía además 15.000 euros de indemnización por sus comentarios. Poco después, era detenido. Gasull se presentó en las últimas elecciones como cabeza de lista de la candidatura Compromís amb Torredembarra. De los 5.880 votos contabilizados, obtuvo solo 234 y se quedó a las puertas de ser elegida concejala.

Curiosamente, el líder local de Convergència de La Bisbal del Penedès también presentó en Antifraude una denuncia contra el alcalde republicano por la supuesta adjudicación irregular del servicio de limpieza a la empresa Cespa. Se daba la circunstancia de que Roger Junqueras, hermano de Oriol Junqueras, presidente de ERC, es directivo de la compañía y existían sospechas de que la adjudicación fuese realizada por ese motivo. Roger Junqueras también acaba de ser imputado en el caso Manga por, supuestamente, obtener un contrato irregular en la Costa Brava, aunque está acreditado que desde que Roger fue nombrado alto directivo en 2009 el volumen de contratación de las empresas del grupo se dispararon.