Euskadi mira al futuro

Esther Cabezudo (La víctima): Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) en representación de los socialistas del PSE. Estuvo amenazada y tuvo que vivir con escolta durante muchos años. En 2002 ETA puso una bomba contra ella. Eran 20 kilos de dinamita ocultos en un carrito de la compra que hicieron estallar cuando pasaba para ir al pleno del ayuntamiento. Uno de los condenados por la colocación de la bomba es Txeroki.

José Ramón Arrieta (El ex-etarra): En 1975 fue condenado por pertenencia a ETA. Le detuvieron con una pistola en San Sebastián y ayudó a algún comando, pero no tiene delitos de sangre. Tenía una condena de seis años de cárcel, pero salió en libertad con la amnistía de 1976. Después de eso se desvinculó totalmente del mundo radical y ha militado en Euskadiko Ezkerra. Ahora es senador de Podemos por la provincia de Guipúzcoa.

Gema Ruiz (La escolta): Fue escolta durante once años, pero como muchos de sus compañeros se quedó en paro cuando tras el anuncio del cese de la violencia se decidió retirar la seguridad a muchos amenazados. Ahora es presidenta de la Asociación Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, que trabaja para dar una salida a los escoltas que se quedaron sin trabajo.

Josu Puelles (El ertzaina): Es ertzaina en activo y además hermano de Eduardo Puelles, agente de la Policía Nacional asesinado por ETA en 2009 con una bomba lapa colocada en su coche, la última víctima mortal de la banda terrorista en el País Vasco. Es también vicepresidente de la asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Era uno de tantos homenajes que se hicieron a Eduardo Puelles, el último asesinado por la banda terrorista ETA en el País Vasco. Su hermano Josu Puelles, ertzaina todavía hoy en activo, estaba tomando un café minutos antes del acto en una cafetería cercana junto a Txema Oleaga, entonces concejal del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao, y otros representantes políticos del PP. Entre todos sumaban más de media docena de escoltas. De repente, vieron cómo por la Gran Vía se acercaba una representante del PNV, iba sola, sin escolta y paseando libremente con su abrigo de visón.

“Se me quedó grabada esa imagen; es lo que resume el terrorismo y lo que ha pasado aquí durante más de 60 años”, explica Puelles, también vicepresidente de la asociación de víctimas Covite. Frente a él se sienta José Ramón, Josetxo, Arrieta. Es senador de Podemos por Guipuzcoa, y durante su juventud coqueteó con los postulados más radicales. En 1975 fue condenado a seis años de cárcel por pertenencia a ETA –le detuvieron con una pistola en San Sebastián– y quedó en libertad tras la amnistía de 1976. Tras su salida de la cárcel, hizo autocrítica y se desvinculó de cualquier violencia para involucrarse en movimientos pacifistas. “Todos los que en algún momento determinado estuvimos en ETA, de alguna manera hemos favorecido que perdurara”, lamenta.

Gema Ruiz es la presidenta de la Asociación Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra que aglutina a un centenar de escoltas que se quedaron sin trabajo cuando, tras el anuncio del cese definitivo de la violencia, se retiró la seguridad de muchos amenazados. Pasó once años velando por que sus protegidos pudieran salir a la calle sin miedo, ya fueran políticos, jueces o periodistas. Protegidos como Esther Cabezudo, histórica del socialismo vasco, y hoy también sentada en nuestra mesa, quien en buena parte le debe la vida a su escolta. Cuando era teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya), en el año 2002, ETA colocó más de 20 kilos de dinamita en un carrito de la compra y lo hizo estallar cuando se dirigía al pleno del ayuntamiento. Tras la explosión, su escolta se abalanzó sobre ella y amortiguó parte de la onda expansiva.

Hoy los cuatro se reúnen en el Centro Azkuna de Bilbao, un antiguo almacén de vino reconvertido en centro de ocio y cultura, para hablar sobre el punto de inflexión que supone el desarme de ETA. El senador Arrieta rompe el hielo y asegura que recibió la noticia con alivio, sorpresa y tristeza. “Alivio porque desarmados ya no volverán a hacer daño; sorpresa porque nadie se imaginaba que el final de ETA fuera una decisión unilateral, sin aparentes contrapartidas; y tristeza por todos los años de violencia y muertes que hemos vivido”, resume sobre un desarme que considera buena noticia. “Yo sí me lo creo, es un preámbulo para que desaparezcan para siempre”.

Josu Puelles niega con la cabeza porque para él no es más que “un vodevil”, encaminado a blanquear el final de una banda terrorista. “Es un acto propagandístico más para tener un final más digno y que se adecúe a lo que han estado legitimando durante años, que es la falaz teoría del conflicto político en el País Vasco”. El desarme tampoco le merece credibilidad a Gema Ruiz, quien lo califica directamente de “pantomima”. “No creo que vayan a entregar las armas que puedan servir como pruebas de asesinatos, serán cuatro trastos viejos”, explica. Precisamente, este es uno de los temas más espinosos para los cuatro interlocutores. Y es que todavía hay 300 familias que no saben quién mató a sus seres queridos, y para resolverlos algunas de las armas que ETA aún tiene en su poder podrían ser clave. “Lo que tiene que hacer es desaparecer, para que luego cuando salgan de la cárcel no tengan una organización donde apoyarse”, sentencia Esther Cabezudo.

¿Decisión unilateral?

En estos días previos al desarme, los autodenominados “artesanos de la paz” han insistido una y otra vez en que se trata de una decisión “unilateral” de la banda. “No ha habido ninguna negociación que yo sepa”, explica en esa misma línea Arrieta. Pero Puelles no puede estar más en desacuerdo. “De unilateral no tiene nada –espeta–. Aquí ha habido una negociación en el año 2006 en la que se llegó a una serie de acuerdos”. Cree que la existencia de dicha negociación queda demostrada en las contrapartidas que han ido logrando los terroristas tras el anuncio del cese definitivo de la violencia, como son, a su juicio, la legalización de Sortu y Bildu, la derogación de la doctrina Parot o la no intervención policial en los llamados ongietorris (recibimientos) a los presos que han ido saliendo de la cárcel. Asiente Gema Ruiz, que considera que el desarme es simplemente un paso más en una hoja de ruta marcada.

Pero donde las víctimas ven concesiones a los radicales, Josetxo Arrieta ve una derrota política. “¿De verdad no creéis que en esta historia no sale fortalecido el Estado de Derecho?”, pregunta incrédulo. “Hace años era impensable que ETA dejara las armas o desapareciera sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos”, opina. Es la misma idea que ha transmitido el Gobierno vasco en los últimos días. Desde que el Gabinete de Íñigo Urkullu conociera la intención de ETA de desarmarse ha ofrecido apoyo institucional para ejercer de puente en la escenificación de la entrega de armas. Unas palabras que escuecen en las filas de los socialistas vascos, que ahora gobiernan con el PNV: “Como creo que el desarme no vale para nada, creo que nadie del Gobierno debería ir a Bayona a apoyar el acto”, opina Esther Cabezudo, corroborando las palabras de Idoia Mendia, secretaria general del PSE, que hizo un llamamiento a evitar participar “en folclores que están de más”. “Si el PNV quiere hacer un descalabro, no tenemos por qué apoyarle”, insiste Cabezudo.

Pero todos los interlocutores reprochan a la socialista la doble moral de su partido en la gestión del desarme. “Uno no puede ir a un pacto de Gobierno sin haberse leído hasta la última letra pequeña”, recrimina Puelles, que cree que debiera haber ciertas líneas rojas. “Cuando se toman decisiones políticas, hay qué pensar también en estas cosas”, añade Gema Ruiz. “Sabéis bien que cuando hay una coalición del Gobierno, no siempre se está de acuerdo en todos los aspectos”, intenta defender Cabezudo. Unas discrepancias respecto a las llamadas políticas de paz y convivencia que a los que hoy se sientan a debatir les recuerdan en cierto modo a la división que se vivió en el año 2000 durante las manifestaciones en repulsa del asesinato del que fuera vicelendakari en otro Gobierno de coalición como el actual, Fernando Buesa. Aquel día la manifestación tuvo dos cabeceras. En una iban los dirigentes nacionalistas, en la otra, representantes del Partido Socialista, y durante la marcha, a un lado se escuchaba el grito de “Ibarretxe aurrera“ (Ibarretxe adelante) y en el otro “Ibarretxe dimisión”.

“Para mí, mucho más indigna es la posición del PP”, continúa Puelles, que asegura no entender que un Gobierno con todos los mecanismos del Estado de Derecho se haya limitado a “sentarse a esperar y a decir que no va a obstaculizar el desarme”. “Yo a un terrorista no le exijo nada, porque no me va a hacer caso, pero al Gobierno de mi país, sí; tenemos derecho a exigir que se comporte moral y éticamente con respeto a los principios democráticos”, añade sin entender la actitud de “sentarse y esperar”, que a su juicio ha adoptado Mariano Rajoy. Esther Cabezudo, sin embargo, puntualiza que por el bien de la sociedad a veces, en política, es necesario ceder “un poquito”. “En los principios no cedes, pero si hay desarme de verdad, aunque tengo mis dudas de que lo haya, ¿por qué no vas a ceder un poco en esta línea?”, plantea la socialista. “El problema es que siempre terminan cediendo los de siempre, y que siempre reciban hostias los mismos, no es buena idea”, matiza la exescolta.

“Todos han negociado”

Nadie en la mesa duda de que el Gobierno de Rajoy haya estado enterado desde hace meses de la cocina de un desarme anunciado. “Yo pienso que es responsabilidad de los Gobiernos intentar acabar con la violencia”, dice Josetxo Arrieta. Esther Cabezudo asiente, convencida de que todos los Gobiernos siempre han tenido algún tipo de negociación con los terroristas; “el que diga lo contrario, miente”, resume. “Pero la manera de actuar de cada uno de ellos ha sido muy diferente”, contesta Gema Ruiz. También lo cree Josu Puelles, que solo da por buena la actitud adoptada por José María Aznar durante la tregua de 1999: “La negociación fue muy clara, duró tres días y cuando vio que ETA quería negociar cuestiones políticas, se acabó”.

A día de hoy 264 presos de ETA cumplen condena en las cárceles españolas. De ellos, 96 se encuentran en centros penitenciarios andaluces y 48 en prisiones de la Comunidad Valenciana. A estos habría que añadir los 75 que están repartidos por cárceles francesas. En total, 339 reclusos etarras que todos creen que la izquierda aberzale pondrá ahora sobre la mesa si se plantea una negociación política. “Con desarme o sin desarme, los presos pueden cumplir la condena en cárceles más cercanas sin tener que castigar a las familias”, explica Josetxo Arrieta, que lleva años manifestándose en contra de la dispersión. “El Tratado de Roma establece que es conveniente que presos de bandas organizadas criminales, ya sean mafiosas o terroristas, estén dispersos para favorecer su reinserción social”, replica Josu Puelles. Esther Cabezudo también está a favor de mantener esa política de dispersión mientras no se arrepientan. “A mí el acercamiento me parece bien, siempre y cuando se hayan arrepentido”, explica.

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