España tienta otra vez a Gibraltar con la cosoberanía

Gibraltar tembló con el resultado del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea. A pesar de que este territorio fue el que más apoyos recabó para seguir en ella (el 96%), la Roca se enfrenta ahora al fantasma del brexit. De consumarse la salida de la UE, para lo cual hay un plazo máximo de dos años, el peñón dejará de ser territorio europeo y sus productos ya no podrán acceder al mercado único, es decir a España, con la misma facilidad que hasta ahora.

El flujo diario de personas también se podría resentir a pesar de que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen. El propio ministro de Exteriores británico, Philip Hammond, reconoció tras el brexit que Londres “estará menos capacitado para proteger los intereses de Gibraltar” si finalmente culmina el proceso de divorcio con la UE. “Cualquier interrupción del flujo de trabajadores podría arruinar su economía”, advirtió.

Ante esta eventualidad, Madrid y Londres podrían firmar un acuerdo bilateral para que los controles aduaneros siguiesen en los mismos términos que ahora a cambio de que los más de 9.000 empleados españoles que trabajan a diario en Gibraltar no tengan problemas para cruzar la frontera.

En Madrid se empezó a dar forma a una nueva propuesta de cosoberanía nada más conocerse los resultados de la consulta. Al igual que en 2002-2003, cuando los Gobiernos de José María Aznar y Tony Blair estuvieron cerca de firmar un acuerdo de estas características, la parte española desearía que la bandera española ondease en el peñón en igualdad de condiciones que la Union Jack y que se aceptase la figura de un segundo gobernador general –nombrado por Madrid– que tuviera la misma capacidad de veto legislativo que tiene el representante de la reina Isabel II en la colonia.

Un tercer condicionante, que en la práctica fue lo que embarrancó el casi acuerdo de 2003, es que España no renunciaría a la retrocesión completa de la Roca, de modo que contemplaría una cosoberanía –de 50 o 100 años– como un paso intermedio en su reclamación.

El artículo 144

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lleva dos semanas subrayando las bondades de la oferta española, que pasaría por otorgar un estatuto especial a Gibraltar en virtud del artículo 144 de la Constitución española, que estipula que las Cortes podrán, mediante una ley orgánica y por “motivos de interés nacional”, autorizar o acordar un Estatuto de autonomía “para territorios que no estén integrados en la organización provincial”. Gibraltar tendría un estatus mejor que el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una serie de privilegios como el que sus ciudadanos mantengan la nacionalidad británica si así lo desean y un estatuto fiscal propio, que se asemejaría al existente aunque sin llegar a ser un paraíso fiscal.

“Es un giro copernicano que abre las perspectivas completamente nuevas sobre el tema de Gibraltar como no habíamos tenido en mucho tiempo. Si Reino Unido acepta la cosoberanía, la seguridad jurídica sería total para Gibraltar”, subrayó el ministro antes de enfatizar un escenario que preocupa a los llanitos: “Fuera de la UE hace mucho frío”.

El Foreign Office reafirmó su doble compromiso con la colonia. “Nunca llegaremos a acuerdos en los que el pueblo de Gibraltar pase a formar parte de la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. Asimismo, el Reino Unido no iniciará ningún proceso de negociación de soberanía en el que Gibraltar no esté contento”. A España se le presenta el desafío de que su oferta en firme sea enormemente ventajosa para los llanitos.