El paraíso belga de una presunta etarra

Hace unos días, María Sukalde, donostiarra aficionada a la cocina afincada en Gante, volvió a las redes sociales. No tendría nada de particular si no fuera porque su verdadero nombre es Natividad Jáuregui y en octubre fue detenida en Bélgica por presunta pertenencia al comando Vizcaya.

Jáuregui permaneció huida más de 30 años, hasta que fue encontrada y detenida en Bélgica. Sin embargo, no será juzgada por los cargos de asesinato y pertenencia a organización terrorista que pesan sobre ella debido a una inédita decisión de la Justicia de Bélgica, que ha rehusado extraditarla a España. El motivo definitivo, que es también el que apunta el Ministerio de Justicia, es que ha pasado demasiado tiempo, 32 años, desde la comisión de los delitos que se le imputan.

Mirando más al detalle, en la estrategia de Jáuregui para frenar su extradición ha tenido también mucho peso la sospecha por parte de la Justicia belga de que en España podría sufrir torturas. Este es un frecuente motivo que su abogado, Paul Bekaert, suele alegar en casos relacionados con chechenos reclamados por Rusia o kurdos por Turquía, y que también aplica a España. Pidió que se rechazara la extradición alegando que España es una democracia salvo en lo tocante a los “presos vascos”, sometidos a “torturas”, “leyes especiales” o una “incorrecta política penitenciaria”. También alegó que después de 32 años se había superado el “plazo razonable” para la extradición. No es la primera vez que Bekaert defiende a un detenido en Bélgica. De hecho, es bien conocido por ello entre la policía. Insiste en que Jáuregui ya no está “comprometida” con las actividades de ETA, aunque esta no dudó en recurrir a un letrado que ha intentado parar, sin éxito, extradiciones como la de Luis María Zengotitabengoa en 2010, acusado de alquilar una furgoneta que fue interceptada en Zamora por la Guardia Civil cargada de explosivos, que llegó a pedir asilo político en Bélgica. En 2011 tampoco lo logró con Ventura Tomé, acusado de atentados en los 80.

Alegatos escuchados.

La novedad ahora es que por primera vez los alegatos de Bekaert han sido escuchados. El Tribunal de Gante admitió su recurso y falló que hay “motivos para sospechar que Natividad Jáuregui podría sufrir una violación de sus derechos humanos en España”. El Tribunal de Casación dio por bueno el fallo y decretó la libertad de Jáuregui, que está “muy contenta” tras el cierre del caso.

Volverá a ser la buena persona con miedo a los ratones, tal y como la definía tras su detención en La Vanguardia un grupo de sorprendidos vecinos. Fuera de su edificio, Jáuregui/Sukalde también parece ser una mujer divertida, con muchos amigos –entre ellos, el portavoz de la Policía Local de Gante– y con deseos de hacer otros más, según se presenta en una de esas redes sociales reactivadas una vez libre del miedo a ser extraditada a España.

Jáuregui, que llevaba más de 30 años huyendo de la Justicia española en Baja California (México) y en la región belga de Flandes, vuelve a sentirse como la ciudadana libre que era bajo el nombre de María Sukalde. Tras tres décadas en la clandestinidad, le han bastado unas semanas en prisión tras su detención  y dos meses de procedimiento judicial para saber que no volverá a ser juzgada en Bélgica por su presunta pertenencia a ETA. Eso sí, no podrá viajar a España.

Fuentes policiales admiten que “Bélgica siempre ha sido un país especial”. Fue el santuario de ETA, donde sus miembros empezaron a refugiarse al no poder esconderse en suelo francés. Con decisiones como esta corre el riesgo de volver a convertirse en un lugar seguro para ellos, apuntan las mismas fuentes, que creen que el rechazo a extraditar a Jáuregui puede dar lugar a un efecto llamada. Bélgica, añaden, actúa más por motivos “políticos” que “judiciales”. Si se la reclamara por un asesinato sin vínculos con ETA “ya estaría en España”.

Las diferencias entre Bélgica y otros países son notables. Dejando a un lado la colaboración con Francia, el Reino Unido detuvo en agosto a Ignacio Lerín por presunta pertenencia al comando Donosti y ese mismo mes fue trasladado a España. En Italia, Lander Fernández, reclamado por delitos de terrorismo y estragos, intentó en junio frenar su extradición, pero no lo consiguió.

Los motivos por los que Jáuregui se queda en Bélgica “ponen en tela de juicio a España” y “son una salida de tono que no se justifica, no se sostienen desde ningún punto de vista”, afirman en el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El Gobierno no se pronuncia sobre una decisión en la que los ministerios de Interior y de Justicia poco han podido hacer. La petición de que Jáuregui fuera trasladada a España la cursó la Audiencia Nacional a través de una euroorden, un instrumento de cooperación puramente judicial de la UE que en 2003 sustituyó a la orden de extradición, donde los actores eran dos Estados, sin contar con la persona afectada, que ahora sí puede personarse con recursos contra su repatriación.

Lo que tampoco parece poder evitar el Gobierno es la sombra de duda que existe en algunos países –socios comunitarios como Bélgica– sobre el trato que se dispensa a los presos etarras en las cárceles españolas. “Podemos asegurar que aquí no se tortura”, aducen en Interior, frente al informe del Consejo de Europa que, tras una visita en abril a dependencias policiales y prisiones españolas, documentó situaciones de incomunicación y denuncias de “patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo”, así como una práctica que consiste en colocar una bolsa de plástico en la cabeza del detenido al que se obliga a realizar ejercicio, “provocándole sensación de asfixia”.

En un informe al que fuentes de Interior restan todo valor, el Consejo de Europa pedía a España “una investigación independiente sobre los métodos utilizados por la Guardia Civil cuando custodien e interroguen a personas arrestadas”.

Tenga o no que ver con la imagen de España que proyectan informes y sentencias internacionales, lo cierto es que, tras décadas huyendo y escondida, Jáuregui ya está a salvo en su paraíso belga.