El pacto de las 200 reformas

Bajo los retratos de los siete padres de la Constitución, Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron un acuerdo de Gobierno “transversal” que, de llevarse a cabo, supondría la mayor transformación interna de España desde que la Carta Magna fue aprobada en 1977 ya que contiene más de 200 reformas, muchas de ellas de gran calado político.

También lleva implícitas un buen numero de renuncias por parte del PSOE y Ciudadanos: la principal por la parte socialista es olvidarse de la derogación de la reforma laboral, mientras que la formación naranja se ha dejado por el camino su contrato único. La solución intermedia son tres tipos de contratos –en la actualidad hay más de 40–, incluyendo un nuevo tipo de contrato temporal “progresivo” y con indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajado en caso de despido procedente y de 20 a 33 días si es improcedente.

Cambio de huso horario. Ambos partidos consensuaron no aplicar “ningún recorte de gasto social” en esta legislatura, tener un nuevo modelo de financiación autonómica en el plazo de seis meses que corrija las insuficiencias del sistema actual, un plan de emergencia social de 7.000 millones de euros para establecer un ingreso mínimo vital y un complemento salarial garantizado, una rebaja del IVA cultural del 21% actual al 10%, reducir el IRPF a cambio de crear un impuesto “extraordinario” a las grandes fortunas, limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros y hasta la vuelta al huso horario que tienen ingleses y portugueses y que Franco cambió en los años cuarenta para sincronizarse con la Alemania nazi.

También amplía de 2 a 5 años la prohibición de las puertas giratorias, desbloquear las listas electorales, prohibir los indultos en casos de corrupción, violencia de género y delitos contra los derechos humanos, y una nueva ley de secretos oficiales que jubile la preconstitucional de 1968 con un plazo máximo para el mantenimiento de la calificación de “secreto” en los documentos oficiales.

El problema para Sánchez y Rivera es que el acuerdo de Gobierno necesita, al menos, del apoyo del Partido Popular o Podemos para superar la investidura y desarrollar tan vasta batería de medidas a lo largo de la legislatura. Y es ahí donde surgen los escollos.

La formación de Pablo Iglesias se siente incómoda con la negativa a subir algunos tramos del IRPF, el mantenimiento del copago farmacéutico o que los extranjeros sin papeles solo tengan acceso a las urgencias de los centros de salud. Pero el puente insalvable, a día de hoy, está en el compromiso del PSOE y Ciudadanos en favor de la “unidad e integridad” de España y su oposición “a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”. Un aviso muy claro a Podemos y su confluencia catalana de que la consulta ciudadana que piden para Cataluña es inviable con ellos.

El PP, por su parte, considera un ataque directo contra la gestión de Mariano Rajoy los cambios en la reforma laboral, la reformulación del artículo 135 de la Constitución sobre el déficit público y la derogación de la prisión permanente revisable a la que se comprometen PSOE y Ciudadanos, así como la supresión de las diputaciones provinciales, uno de los cinco puntos de la reforma exprés de la Carta Magna que los partidos firmantes quieren promover “en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno”.

Los otros puntos de dicha reforma constitucional por la vía rápida son el fin de los aforamientos, la reducción a 250.000 las firmas necesarias para promover una ley de iniciativa popular, la limitación a ocho años del mandato del presidente del Gobierno y que el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial pase de 20 a 10.

PSOE y Ciudadanos también hablan de una reforma más en profundidad de la Carta Magna, que conllevaría una tramitación parlamentaria más lenta, a lo largo de este año y 2017. En ella se abre el melón por varios sitios: el reconocimiento de nuevos derechos civiles y sociales, con garantías de dotación presupuestaria; la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; la revisión de las bases del sistema electoral; la modificación del Senado; la incorporación del “hecho” de la UE al ordenamiento constitucional; y la revisión del modelo territorial en el Título VIII para definir con claridad qué competencias tienen las comunidades autónomas y “desarrollar el concepto de Estado Federal”.

La simple modificación de una coma de la Carta Magna necesita, sin embargo, del aval del PP, con mayoría absoluta en el Senado, una institución que PSOE y Ciudadanos pretenden transformar en una “estricta Cámara Territorial” que tenga una composición máxima de 100 senadores –en vez de los 266 actuales– y con funciones para la financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o los “niveles comunes en los grandes servicios públicos”. Si no se logra dicha transformación, ambos partidos abogan por su supresión.