El Congreso echa a andar con dardos al PP

El Congreso de los Diputados celebró esta semana su primera sesión plenaria de la actual legislatura, si se exceptúan la de la apertura de las Cortes en julio y la de la investidura fallida de Mariano Rajoy a finales de agosto. Tres meses después de las elecciones del 26-J, los grupos parlamentarios se enzarzaron por primera vez en el Hemiciclo sin saber aún si esta legislatura será tan corta como la anterior.

Si algo demostró este primer Pleno es que el PP sufre en esta situación sin mayoría absoluta. El primer golpe llegó con la creación de una comisión para investigar el supuesto uso “partidista” de los medios del Ministerio del Interior por parte de su titular, Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una “Policía política”.

La iniciativa fue respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes –PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes–, a los que se unieron Ciudadanos y Unidos Podemos. El PP se quedó solo en su rechazo con el único consuelo de la abstención de Coalición Canaria. Es la primera comisión de investigación en el Congreso desde la que se creó en 2004 tras los atentados yihadistas del 11-M.

A expensas del Gobierno.

Dicha comisión parlamentaria tiene su origen en las grabaciones del exjefe de la Agencia Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, en el despacho del ministro del Interior, quien se ausentó del debate para acudir únicamente a la votación posterior. Además de las conversaciones, la comisión pretende investigar la utilización de los efectivos, medios y recursos de las Fuerzas de Seguridad “con fines políticos” para obstaculizar “los escándalos de corrupción del PP” y demostrar si desde Interior se han filtrado informes falsos para actuar judicialmente contra partidos como Convergència o ERC.

Este tribunal parlamentario está previsto que dure tres meses, aunque queda a expensas de que las Cortes no sean disueltas el último día de octubre. De ponerse fin a la legislatura, los trabajos que hayan comenzado caerán en saco roto y la propia comisión quedará disuelta. Por contra, si la legislatura avanza gracias a la formación de un nuevo Gobierno, entonces Fernández Díaz, o cualquier otra persona, estará obligado a acudir al Congreso, tal y como establece la Ley de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso o Senado. El titular de Interior no podrá decir que se encuentra en funciones ya que, de no comparecer, incurriría en un delito de desobediencia grave.

Pensiones en 2017.

La soledad del PP también se evidenció en una proposición no de ley en la que se instó al Gobierno en funciones a aprobar un decreto-ley que actualice las pensiones y los sueldos de los empleados públicos en 2017. La iniciativa partió del PSOE y el texto fue pactado finalmente con Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Convergència. Solo contó con el voto negativo del grupo mayoritario.

Donde sí hubo unanimidad fue en la iniciativa de pedir al Ejecutivo que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% establecido en aquella regularización extraordinaria, puesto que el 30 de noviembre prescriben las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes. La propuesta fue lanzada por Ciudadanos y fue apoyada por todos los grupos políticos después de conocerse que el Ministerio de Hacienda tiene previsto inspeccionar a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía.

El Pleno aprobó por 343 votos a favor, uno en contra y una abstención, realizar con carácter urgente una revisión de la medida para garantizar que los amnistiados tributen según el tipo del 10%. También se dio luz verde por amplia mayoría un escrito en el que se pide al Gobierno que anule las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el informe de la Dirección General de Tributos con el que se suavizaron los términos de la amnistía fiscal.