El aborto, lejos de la sanidad pública

Suena el teléfono de una clínica abortista de Madrid. Al otro lado, una chica de unos 18 años no acierta a hilar un par de frases seguidas: “Buenos días. Me dijeron que ustedes me podían ayudar”. No se atreve a pronunciar la palabra aborto hasta que lo hace la recepcionista de la clínica. Su reacción es la misma que la de más del 80% de las mujeres españolas que opta por la sanidad privada para someterse a interrupciones voluntarias del embarazo.

Aunque la sanidad pública tiene la obligación de facilitar estas intervenciones a aquellas mujeres que se acogen a algunos de los tres supuestos que recoge la ley –peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, violación o presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto–, la puesta en práctica no es sencilla. El hecho de que muchos hospitales públicos no realicen abortos por la negativa de los equipos sanitarios, que se acogen a la objeción de conciencia, y el miedo a que la espera en las listas de la sanidad pública provoque que se superen las semanas de gestación que contempla la ley hace que esta práctica médica sea casi coto exclusivo de las clínicas privadas.

Desequilibrio

Las cifras hablan por sí solas: los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2005, señalan que en el citado año se produjeron cerca de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo en España y que 86.000 de éstas se realizaron en clínicas privadas. Por comunidades autónomas (ver recuadro) las diferencias resultan aún más sorprendentes. En 2005, ningún hospital público de Extremadura y Navarra practicó abortos y en Murcia, Castilla León y Castilla-La Mancha sólo se practicó uno. La Valenciana es la comunidad autónoma donde más abortos se practicaron en la sanidad pública. En este mapa desigual y desequilibrado se observa una característica común: en todas las comunidades el número de abortos en la sanidad privada supera al número de éstos en los hospitales de la red pública.

Al estar transferidas las competencias en materia de Sanidad a las autonomías, el trato que se da a estos casos es muy desigual. Al hecho de que haya varias comunidades autónomas que no practican abortos en la sanidad pública hay que sumar que no todas éstas financian las intervenciones que derivan a clínicas privadas. Esto provoca, por ejemplo, que una mujer residente en Navarra que quiera abortar y que cumpla los requisitos legales, sea transferida a otra comunidad autónoma y la sanidad Navarra corra con todos sus gastos. Cuando se deriva a clínicas privadas a mujeres madrileñas, en no pocas ocasiones éstas tienen que poner el dinero de su bolsillo. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que son pocas las comunidades que no financian las interrupciones voluntarias del embarazo.

Prestación obligatoria

“Consideramos que el aborto tendría que estar en la cartera de servicios de la sanidad pública y por supuesto que fuera libre y gratuito”, explica Isabel Iserte, vicepresidenta de la Federación Española de Planificación Familiar. Del mismo modo, estima que sería necesario revisar el tema de la objeción de conciencia. “Creo que habría que garantizar que en un hospital público cualquier mujer, dentro de la legalidad, pudiera ejercer el derecho a ser asistida”. Desde la Federación Española de Planificación Familiar sostienen que casi todos los profesionales que derivan mujeres para interrumpir un embarazo informan directamente de las diversas clínicas privadas más cercanas a la persona que hace la demanda.

Para invertir estas cifras y para llegar a una situación en la que una mujer pueda abortar sin problemas en la sanidad pública española, Iserte habla de la necesidad de “normalizar” esta práctica “como acto médico y como derecho de la mujer”. Todavía hoy, transcurridos más de 20 años de la aprobación de la ley “aparte de las creencias religiosas, en la profesión médica está mal visto, sobre todo por parte del jefe de servicio”, concluye.

Regulación

La necesidad de una normalización en este campo también domina el discurso de Empar Pineda, portavoz de la clínica privada Isadora, en Madrid. “El origen del problema de que no se hagan abortos en las clínicas públicas está en que cuando se aprobó la ley, el Gobierno socialista, por miedo a la Iglesia católica, planteó la objeción de conciencia en la sanidad pública y eso quedó sin regular –explica–. Es un escándalo que a estas alturas ni siquiera este Gobierno haya tocado ni un ápice la Ley del Aborto”. Pineda, una de las fundadoras de la Comisión Pro Derecho al Aborto, entiende que los médicos están en su derecho a la hora de negarse a practicarlos, “pero es obligación de las autoridades sanitarias que en los centros públicos haya un equipo que los practique”. Además, sostiene que “los beligerantemente objetores antiabortistas son los jefes de servicio de obstetricia y ginecología. Y nadie se atreve a contradecirles por miedo a perder el puesto de trabajo”.

La normalización de la práctica del aborto estaría para Pineda en que éste saliera del Código Penal, “salvo en los casos en los que esta práctica se realiza contra la voluntad de la mujer”. Y en que este tema deje de ser tabú en los congresos médicos. “En la sanidad pública nunca hay paneles de expertos que hablen del aborto y los avances en este campo”.

Extremadura y Navarra tienen en común ser las únicas comunidades españolas en las que no se practica un solo aborto en centros públicos. Los responsables de Sanidad de ambas comunidades autónomas coinciden en señalar que el origen de esta situación está en que los médicos se niegan.

Francisco Javier Sada, director general de Salud de Navarra, asegura que, “de momento no está previsto dotar a la sanidad pública navarra de médicos que no se atengan a la objeción de conciencia”. No obstante, reconoce que se trata de un tema “complicado”. La mayor parte de las navarras que quieren poner fi n a un embarazo son desviadas a Zaragoza o al País Vasco.

Lo mismo opina José María Vergeles, director de Formación, Inspección y Calidad Sanitaria de la Junta de Extremadura: “No vamos a buscar médicos no objetores porque el volumen de abortos tampoco lo requiere, pero si en algún momento se incorpora algún especialista que no se oponga, pues perfecto”. Vergeles reconoce que tienen conciertos con clínicas madrileñas para atender a las extremeñas que lo soliciten, pero también apunta que hay un alto número de mujeres que, sabiendo que no existe ningún hospital público en Extremadura en el que puedan interrumpir su embarazo, “acuden directamente a los centros privados”.

De las palabras de Vergeles da fe Yolanda Hernández, directora de la clínica Los Arcos de Badajoz: “En los centros públicos la burocracia y los plazos son tales que el 80% de las mujeres que abortan se deciden por la sanidad privada”. Además, añade que todavía hay mujeres que desconocen que la sanidad pública tiene que hacerse cargo de estas intervenciones.

Asociaciones Provida

Las asociaciones Provida también alzan la voz en este debate. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, considera que no puede exigirse que hospitales públicos fi nancien actos que califica de “delictivos”, pese a estar reconocidos por ley en tres supuestos. En los veinticinco años que lleva trabajando esta Federación con presencia en veinticuatro localidades “ha ayudado a más de 50.000 mujeres”. Latorre sostiene que “la ley actual no debería existir, es fruto de una gran hipocresía social y en su lugar debería haber información y ayudas reales y positivas para ayudar a la madre y al niño”.

Como hace 20 años, cuando se aprobó la ley, el debate sigue abierto y las posiciones encontradas.