Desconfianza y más atascos en los juzgados

La clasificación de investigaciones judiciales entre simples y complejas, para instruirlas en 6 o 18 meses según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha terminado en una calma tensa. Acaba de cumplirse el plazo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio a los juzgados para que indicaran qué instrucciones eran complejas y debían instruirse en más de 6 meses, hasta un máximo de 18, y Justicia ha anunciado que, frente a las advertencias cruzadas de los últimos días entre la Fiscalía General del Estado y los secretarios, ha sido revisada la totalidad de las 302.132 causas abiertas el 6 de diciembre, cuando entró en vigor la nueva ley. Sin embargo, las prisas para llegar a tiempo han dejado un reguero de reproches entre fiscales y secretarios judiciales que aún perdura. A quién corresponde revisar las instrucciones en curso y las futuras y la colaboración por parte de los juzgados minan las relaciones mutuas.

Los secretarios judiciales –hoy llamados letrados de la administración de justicia– advierten que el atasco que vivieron los juzgados de toda España para llegar a tiempo de revisar todas las causas no terminó en la fecha límite, el 6 de junio. Según el Sindicato Progresista de Secretarios Judiciales, esta situación puede extenderse en lo sucesivo, porque a partir de ahora todas las instrucciones deberán clasificarse entre simples y complejas para, en ese caso, pedir autorización para alargar la instrucción. “El problema no termina el día 6. Empieza el día 7”, advertía días antes su portavoz, Carlos Sánchez Avella. En el ministerio explican que la revisión no termina aquí porque, efectivamente, la nueva ley dice que todas las instrucciones tienen seis meses para revisar su envergadura. La diferencia es que, mientras que en Justicia apuntan a que en muchos casos podrán clasificarse desde el primer momento –no es igual un robo que una trama, apuntan–, los secretarios judiciales se temen que ningún juez querrá tomar una decisión sobre lo que debe durar la instrucción nada más empezar. Por eso, creen, un nuevo atasco en los juzgados está servido.

Catalá anunció esta semana que en seis meses se han revisado las 302.132 causas, de ellas, 71.143 en Andalucía, 42.949 en Cataluña, 28.067 en Madrid, y 26.857 en los juzgados valencianos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado apunta que son las cifras de los secretarios judiciales y que ha detectado juzgados con menos interés en colaborar. Tampoco se lanza a confirmar que estén todas las que son, abriendo la puerta al temor de que haya causas que no se investiguen en su totalidad por los plazos, entroncando con la guerra entre fiscales y secretarios. Los primeros creen que la responsabilidad de la revisión era de los segundo y estos, que la ley no contempla tal cosa. Los secretarios lamentan que en lugar de centrar las críticas a la reforma de la ley en “el Gobierno o el Parlamento”, los fiscales arremetieran contra ellos, en lo que califican como “malentendido”. La Fiscalía reconoce que en los últimos días hubo “un interés por corresponsabilizarse”. “Lo que tenemos claro es que secretarios, jueces y todos los implicados tienen que responsabilizarse”, dicen en la institución.

Alerta

Ministerio, Fiscalía y secretarios coinciden en la necesidad de poner en marcha un sistema informático de alerta que salte en cada juzgado cuando a una instrucción solo le queda un mes para el plazo. Así, aún se podrá aligerar la investigación, explica Sánchez Avella, que, como la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, asegura que ninguna causa se archivará si no se ha terminado de instruir a tiempo. Lo que ocurrirá es que no podrá investigarse más. Deberá ser calificada por el juez con lo que haya hasta el momento y ser enviada a juicio si procede. Esta era una de las dudas de la reforma de la ley, que causas complicadas como las de corrupción no llegaran a juicio. Si sobrepasan el límites temporal, llegarán, pero sin completar la investigación. Aun así, también hay quorum entre Fiscalía y secretarios en la necesidad de fijar unos plazos máximos para que las instrucciones no se eternicen.