De profesión, sindicalista

La huelga general convocada para el miércoles 29 de septiembre se ha convertido para los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, en una auténtica ruleta rusa. El actual modelo de sindicalismo está en claro retroceso y la dureza de la crisis ha hecho mella también en la credibilidad de unas organizaciones que han reaccionado tarde. El aparente órdago al Gobierno de Rodríguez Zapatero que puede suponer esta huelga general tiene todos los ingredientes para ser más bien una burbuja de oxígeno para que los sindicatos puedan mantener por algún tiempo más sus actuales cuotas de poder.

Dos personajes tan distantes y dispares como Alfonso Guerra y el catedrático Juan José Dolado (uno de los defensores de reformar en profundidad el mercado laboral) coinciden en estas mismas páginas (ver págs. 30 y 52) en que los sindicatos, tal y como están ahora, han perdido una de sus señas de identidad: la representación real de los trabajadores. Para el ex vicepresidente del Gobierno, por ejemplo, el proceso de cambio ha llevado a las organizaciones sindicales a pasar de representar a los trabajadores en general a hacerlo sólo a los que tienen trabajo y después a convertirse en una especie de gestorías de sus propias estructuras internas. Dolado habla directamente de bunkerización de los sindicatos, sin olvidar los enconamientos y las fijaciones de los empresarios.

“La reforma laboral contra la que se ha convocado la huelga fue aprobada por el Parlamento y es ahí donde se tenía que haber dado la batalla”, asegura a Tiempo un viejo dirigente socialista, para quien “esta guerra es política, no sindical, y se ha focalizado mal, porque si ningún grupo político se hubiera abstenido el Gobierno se habría quedado solo y el decreto ley habría sido tumbado”. El problema estriba en que tanto las fuerzas políticas como los empresarios y las propias organizaciones sindicales son conscientes de que el mercado de trabajo español necesita reformas. “Si no, ¿para qué han estado negociando año y medio patronal y sindicatos?”, se pregunta este viejo militante.

La realidad es que la convocatoria de la huelga general ha vuelto a sacar a la luz la polémica sobre el papel que deben representar los sindicatos en las sociedades democráticas modernas, así como qué privilegios deben tener para ejercer adecuadamente sus funciones de representación y defensa de los trabajadores. Son muchos los trabajadores, despedidos o no con la crisis, que se preguntan sobre la bondad o no de la existencia de sindicalistas profesionales que comienzan muy pronto a perder el contacto diario con sus compañeros de las empresas, ya que dedican más tiempo a la organización sindical que a sus trabajos en la compañía que les paga. El tema de los liberados es la punta del iceberg de todo un entramado alrededor del cual se mueven los representantes sindicales, no pocos políticos, de todos los signos y colores, y muchos empresarios que dicen estar bien como están. Una historia, en fin, como casi todas en las que participan personajes de la vida pública, plagada de pactos, unos confesables y otros no; silencios unas veces cómplices y otras no; y privilegios y poderes.

En este contexto, la amenaza de Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, de eliminar la mitad del colectivo de liberados sindicales de la comunidad ha sido recibida desde UGT y CCOO como una carga de profundidad contra el sindicalismo. Antonio del Campo, secretario de Organización de Comisiones Obreras, la describe como “un ataque en toda regla contra los derechos de los trabajadores por parte de una derecha rancia que quiere acabar con la última muralla, los sindicatos”. Pero desde otros sindicatos hay quien considera que los liberados han crecido como setas y ha llegado el momento de ponerles freno. Es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), cuyo presidente, Domingo Fernández, califica el número de liberados de “excesivo y escandaloso”. O de la Unión Sindical Obrera (USO): “Hay demasiados liberados –afirma José Luis Fernández, de la ejecutiva confederal de este sindicato–. No hacen falta ni la mitad”.

Una nueva profesión.

Los liberados, de los que se estiman unos 57.000 en toda España, se han convertido en los verdaderos señores del sindicalismo español. Estos días es difícil encontrar en los órganos de dirección de las grandes centrales personas que ejercieran su profesión durante 10 o 15 años en una empresa, pública o privada, o en la Administración. El sindicalismo, cosa de activistas espontáneos hace dos o tres décadas, está ahora profesionalizado. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los secretarios generales de UGT y CCOO, son dos ejemplos de trayectoras unidas de forma indisoluble al sindicalismo.

Cándido Méndez, un ingeniero técnico especializado en química, hijo de un socialista histórico, Cándido Méndez Núñez, se afilió a la UGT con 18 años. Con sólo 23 años empezaba su activad sindical en la Federación de la Construcción de Jaén, a donde su padre fue “desterrado” en los años del franquismo y se llevó con él a su familia desde Badajoz. A partir de ahí, desde su primera afiliación, Méndez, que lleva desde 1994 (16 años) al frente de la UGT, ya no paró: con 26 años era miembro de la ejecutiva provincial y con 28, diputado al Parlamento español.

Toxo, de CCOO, electricista de profesión, es otro ejemplo de liberado temprano. A los 15 años ya coqueteaba con los sindicatos y con sólo 19 era uno de los dirigentes obreros de la Bazán en El Ferrol. Después de ser despedido y encarcelado (por la huelga general de El Ferrol de 1972) y vivir unos cuatro años en clandestinidad, reanudaba su carrera sindical y se convertía en presidente del comité intercentros con menos de 30 años.

La tónica es similar entre los colegas de Toxo o Méndez en las ejecutivas confederales de los dos sindicatos, repletas de personas que se iniciaron muy temprano como liberados. En la UGT, Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, era ya liberado con 25 años, igual que Manuel Fernández, Lito, secretario de MCA-UGT, que se inició también sobre los 28. Ana Micó, de Política Territorial, ha pasado casi toda su vida como activista sindical, igual que Isabel Navarro-Navarro, que empezó su carrera de liberada sobre los 23. La situación es muy similar en CCOO, donde miembros de la Ejecutiva como Antonio del Campo (Organización), Salce Elvira (Investigación e Innovación), Rodolfo Benito (Estudios), Jordi Ribó (Economía Social) o Antonio Camacho (Formación Sindical) se convirtieron en liberados y cargos del sindicato entre los 20 y los 26 años.

Ya no son lo que eran.

Cualquier comparación entre la actualidad y la época pionera en la que Marcelino Camacho fundaba Comisiones y Nicolás Redondo refundaba UGT es pura casualidad. La de liberado ha sido posiblemente una de las dos o tres actividades que más han crecido en la actual década, gracias a un boom económico que ha disparado la población laboral española desde los 12 millones de personas de 1995 a los cerca de 18 millones de ahora (20 millones en el año 2008). “La afiliación durante los años buenos, hasta 2007, creció al 5%, por encima incluso del crecimiento de la población ocupada”, asegura Del Campo.

Este incremento de la población ocupada les ha venido muy bien a los grandes sindicatos y a sus cuadros. Un crecimiento que no les ha obligado, además, a ningún esfuerzo adicional, dado que la ley establece unas cifras de representación sindical por centro laboral al margen de que sus trabajadores estén o no afiliados a un sindicato. A pesar de todo, los sindicatos intentaron y consiguieron todavía mayores incrementos de representación. Con pactos sucesivos con los dirigentes políticos en la administración central, las autonomías o los ayuntamientos, y de todos los partidos, han conseguido hacerse al final con cuotas de representación –y liberados- muy superiores a las fijadas en la ley.

Esto fue exactamente lo que ocurrió en Madrid. Por eso en algunos círculos políticos llama la atención que la presidenta Aguirre, que no ha explicado nunca cómo llegó a ese volumen desbocado de cargos sindicales, esté en condiciones de suprimir de un plumazo 1.800 liberados sindicales cuando la cifra total está alrededor de los 3.500. No hay que ser un matemático para concluir que tenía justo el doble de los que establece la ley. De otro modo, no podría suprimirlos. ¿Cómo se produjo esa inflación de liberados? Según los propios sindicalistas consultados, a través de dos métodos: dar más horas de representación sindical y subdividir los centros de trabajo, hasta entonces únicos, en varios. Dos métodos aplicados, hay que decirlo, no sólo en Madrid sino en toda España y en todas las administraciones.

“Pese a que la ley fija 40 horas por cada delegado a nivel de comité, les están dando 75 horas, lo que acaba inflando (doblando) el número de liberados”, apunta Fidel Manrique, secretario general de la CNT. Igual pasó en Madrid con la subdivisión de centros laborales acometida por la presidenta. “Fue Aguirre –explica el propio Antonio del Campo, de CCOO– quien se dedicó hace cuatro años a atomizar los centros laborales, por lo que fuera, porque querían congraciarse con los sindicatos o dirigir el sistema educativo o sanitario de otra manera”.

Fernández, de USO, opina igual y denuncia que “hace cuatro años había una junta electoral para toda la Enseñanza en Madrid y Aguirre la subdividió, sin ninguna justificación aparente, en cinco juntas, lo que multiplicó la cifra de delegados y liberados”. Ahora, la Enseñanza volverá a ser un centro único, igual que la Sanidad, que pasará también de 11 a un solo centro, lo que permitirá reducir en varios centenares los 918 liberados de esta área. Este sindicalista explica que “es como si hubieran estado pagando una especie de peaje para tener paz social, algo así como ‘yo te doy más liberados, y tú me cuidas”.

La explicación de por qué se consiguen más delegados con esas divisiones de centros laborales es sencilla: según va subiendo la población de trabajadores, el ratio de representación es menor. Mientras que en un centro con 100 trabajadores los delegados o miembros del comité de empresa tienen derecho a 20 horas mensuales, en uno de 2.000, por ejemplo, sólo tienen derecho a 40 horas.

Pero hay más: “Al hacer centros más pequeños han logrado cerrarnos las puertas a los minoritarios”, acusa Manrique, de la CNT. ¿Cómo? Puede que un sindicato que tenga un 3% de afiliados en la Enseñanza de Valencia o en la Sanidad de Galicia logre una representación en todo el colectivo: pero si lo subdividen en 5 o 10 centros, sus posibilidades son muy inferiores. “Hay que tener en cuenta que los 420 sindicatos minoritarios que hay en España no llegamos al 15% de representación”, añade este dirigente de la CNT.

Esto de la inflación de liberados no es un tema baladí. A los sindicatos mayoritarios les ha interesado hacerse con más cargos sindicales liberados en organismos y empresas por varias razones. La primera, la tendencia natural de las estructuras burocráticas a crecer porque sí. Pero hay razones de más peso. Una de ellas es que los liberados sindicales de más nivel, al compaginar su cargo en la empresa con cargos en el sindicato, le salen gratis a la organización.

Esto lo reconoce el propio Del Campo, de CCOO: “El que una parte de esos liberados estén en los órganos de dirección sindical es positivo, porque nos permite ahorrar sueldos”. Estos ahorros (junto con las subvenciones públicas) son necesarios una vez que los ingresos de las centrales sindicales por cuotas son mínimos. Se calcula que si los 2,2 millones de afiliados de CCOO y UGT pagaran su cuota, cada una de estas centrales ingresaría en torno a los 100 millones de euros. La cifra real no se acerca, sin embargo, ni a la mitad.

Una gran potencia.

Los resultados están a la vista. Puede que España sea la gran potencia de liberados de Europa. Las cifras son vertiginosas. “Se habla de 300.000 delegados y un mínimo de 57.000 liberados”, apunta Celinda Sánchez, diputada del PP que lleva un año intentando que el Gobierno le diga cuántos liberados hay en España. Estos 57.000 de los que habla la parlamentaria popular, la cifra sobre la que hay más consenso en España, suponen un funcionario sindical por cada 315 trabajadores, y vendrían a costar a las administraciones y empresas españolas un total de 1.600 millones de euros al año.

La proporción es incluso mayor en algunas autonomías como Andalucía, donde se calcula un total de 37.000 delegados sindicales (entre administraciones y empresas), de los que unos 8.400 estarían liberados y costarían en torno a los 229 millones de euros. Con respecto a su total en las empresas, un estudio de la CEOE de principios de año concluye que habría unos 4.000 liberados a tiempo completo con un coste de 250 millones de euros.

Pero el tremendo éxito de los sindicatos puede acabar revelándose como un arma de doble filo. Todos estos excesos se han podido mantener en época de vacas gordas. Pero en plena crisis, y ante la necesidad de una estrategia más beligerante, se han encrespado los ánimos de sus hasta ahora benefactores, como el caso de Aguirre en Madrid. La crisis, por tanto, también ha caído como una losa sobre bastantes sindicalistas. “Con cinco millones de parados –apunta Celinda Sánchez– no se puede admitir una cifra tan excesiva de liberados sindicales”.

Este modelo de sindicalismo, afectado transversalmente por acuerdos y silencios, y preocupado en muchas ocasiones por mantener el poder de la estructura interna del sindicato más que por los problemas de sus representados, es el que está en juego. Con liberados o no, con más o menos horas sindicales, la huelga del día 29 marcará un antes y un después.

Tras la jornada de paro vendrá el recuento, y de su éxito o fracaso dependerá el lado de la balanza del que se incline el aumento de poder negociador de unos u otros. Para las empresas, y sobre todo para el Estado como empresario, puede abrirse la vía de reducir privilegios y cambiar el modelo de relación con los sindicatos. Para estos últimos, el triunfo de la huelga general, lejos de suponer una palanca que haga cambiar de opinión al Parlamento y al Gobierno, es una lucha por la supervivencia de un modelo de poder que comienza a estar seriamente cuestionado.

(*) Con la colaboración de J.M. Vals