Cómo financiar bien las autonomías

09 / 02 / 2017 Javier Otero
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Los expertos tienen ya un consenso. El Gobierno nombrará un comité que diseñe el nuevo sistema.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo nombrará un comité de expertos el próximo 10 de febrero para empezar a diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica. La reforma quedó aparcada durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, pero ahora tanto el Gobierno central como los autonómicos quieren encarar su cambio.

Ya antes de esta iniciativa, abordó la agria polémica sobre las balanzas fiscales encargando a un grupo de expertos, encabezados por Ángel de la Fuente, de la fundación Fedea y el Instituto de Análisis Económico del CSIC, elaborar una metodología única.

De la Fuente ha sostenido a lo largo de sus trabajos en los últimos años que el sistema vigente calcula estas diferentes necesidades de financiación (las comunidades con población más envejecida requieren más gasto sanitario o las más jóvenes mayor gasto educativo, por ejemplo) de una manera que roza la arbitrariedad. Su punto de vista ha quedado plasmado en un documento asumido por economistas y representantes de los principales partidos, conocido como el consenso de S’Agaró. Este se resume en un decálogo en el que se señala que hay que “mejorar la medición de las necesidades”, cálculo que según De la Fuente es el aspecto más difícil de perfeccionar.

Sobre la reforma sobrevuela la posibilidad de que la negociación apacigüe a quienes lideran el proceso independentista de Cataluña. Por otro lado, el resto de comunidades autónomas creen que es el momento para mejorar los resultados que le ofrece el actual sistema. Además, han advertido que no consentirán un modelo en el que Cataluña consiga un trato asimétrico respecto a ellas.

A todo esto se une el último conflicto, como ha sido el cruce de declaraciones entre las presidentas de Madrid y Andalucía, Cristina Cifuentes y Susana Díaz, respectivamente, en cuanto a la armonización fiscal. Díaz defendió en la pasada conferencia de presidentes autonómicos esta necesidad, luego secundada por otras cinco comunidades con Gobiernos socialistas. Díaz acusó a la Comunidad de Madrid de haberse convertido en un “paraíso fiscal”, a lo que Cristina Cifuentes replicó que lo que tenía que hacer la presidenta andaluza es bajar los impuestos en la comunidad en la que gobierna.

Las declaraciones de los políticos y lo que señalan los expertos en financiación autonómica desvelan que el núcleo principal de la nueva negociación se encuentra en ponerse de acuerdo en las necesidades de gasto.

Otra de las claves de la negociación es la intención de las comunidades más ricas de mejorar su financiación, ya que el resultado final le deja por debajo de la media en financiación por habitante. Los Gobiernos de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana se suman a un argumento usado tradicionalmente por Cataluña, que sin embargo solo se encuentra ligeramente por debajo en este indicador.

El proceso independentista catalán presiona, por otra parte, hacia una reforma que mejore sus resultados. El gran referente es conseguir los mismos resultados que obtienen los sistemas de financiación forales, del País Vasco y Navarra. Eso supondría que Cataluña saliera del sistema común de financiación, en el que se encuentran todas las comunidades menos las dos antes citadas. Entretanto, es habitual que los Gobiernos catalanes miren hacia los sistemas de financiación en los países con un sistema federal. A grandes rasgos, la aplicación de los sistemas como el alemán, pero también podrían considerarse los que funcionan en Canadá, Suiza o incluso Australia. En todos los casos Cataluña mejoraría su financiación, aunque también las comunidades con mayor riqueza, como Baleares, Madrid o la Comunidad Valenciana.

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