Cómo blindar los chivatazos de la corrupción

La funcionaria que denunció las operaciones de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Ana María Garrido, pelea todavía en los tribunales por demandas que han sido consecuencia de este caso de corrupción siete años después de que se destapara. Roberto Macías, extrabajador de UGT, clave en la investigación del caso de la presunta desviación de subvenciones públicas de los fondos de formación mediante facturas falsas, se va a quedar sin abogado. El teniente Luis Segura tiene pendiente 17 causas judiciales después de que publicara una novela sobre irregularidades en el Ejército. Ahora han buscado a través de la Plataforma por la Honestidad el apoyo de los partidos con representación parlamentaria para que se pongan en marcha medidas que garanticen que los denunciantes de casos de corrupción no tengan que temer represalias.

Blindar el puesto de trabajo

Después de que Ana María Garrido consiguiera reunir unas 160.000 firmas en la plataforma de Internet Change.org a favor de normas que protejan a las personas que denuncien casos de corrupción, la Plataforma por la Honestidad se ha entrevistado con los representantes de los partidos políticos para que saquen adelante su propuesta. Esta pretende, en primer lugar, que se proteja el puesto de trabajo de aquellos que denuncien casos de corrupción. En ese sentido, ponen como ejemplo lo ocurrido con Garrido, que ha sido víctima de acoso laboral en el Ayuntamiento de Boadilla después de denunciar la actividad de la trama Gürtel en esa localidad, según han establecido varias sentencias judiciales, ratificadas finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El portavoz de la Plataforma por la Honestidad, Pedro Arancón, recuerda que en Estados Unidos los que denuncian la corrupción tienen blindado su puesto de trabajo.

Agotar al denunciante

Garrido tiene aún otras seis causas judiciales abiertas, entre ellas una interpuesta por el dirigente popular Pío García Escudero. “Lo que buscan es agotar psicológica y económicamente a estas personas y dar así un aviso a la ciudadanía”, afirma Arancón, quien añade que lo hacen también con personas afines al ayuntamiento o al PP. Por esa razón, el segundo punto de su propuesta es que se ofrezca una protección jurídica gratuita. Las causas judiciales que ha tenido que afrontar Garrido han corrido de su bolsillo y le han provocado grandes dificultades económicas, lo que no ocurre con la parte a la que se enfrentaba en los tribunales, el Ayuntamiento de Boadilla, que contaba con el respaldo de los fondos públicos del propio consistorio. También es lo que ha ocurrido con el extrabajador de UGT Roberto Macías, que se ha tenido que enfrentar a una demanda interpuesta por este sindicato por una presunta revelación de secretos y que ahora está a punto de quedarse sin abogado por falta de fondos.

Los partidos también han recibido como propuesta que los denunciantes reciban atención psicológica gratuita para afrontar las fuertes presiones de estos casos y evitar las depresiones en las que se ven inmersos muchos de ellos. Por último, la iniciativa de la Plataforma por la Honestidad quiere que se tomen medidas para garantizar el anonimato de los que denuncian. Los jueces de los casos de corrupción no han considerado hasta ahora que los denunciantes corran tanto peligro como para ser considerados testigos protegidos, por lo que esta plataforma apuesta por la creación de un organismo al que se hicieran llegar estas denuncias, formado por funcionarios elegidos por sorteo, para evitar interferencias políticas. Este organismo trasladaría las denuncias a la fiscalía, a la vez que pondría en marcha un protocolo de medidas de protección.