Barberá incendia el PP

“Esto le puede pasar a cualquiera”, escribía Rita Barberá al filo de las seis de la tarde de este 15 de marzo en un WhatsApp dirigido al vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, tras conocer que se le abría un expediente informativo por el caso Taula/Imelsa. La que fuera todopoderosa alcaldesa de Valencia no daba crédito a la decisión de Génova de señalarle la puerta de salida, esa misma que se ha resistido una y otra vez a traspasar en defensa de su honestidad. Los idus de marzo –“tú también Bruto, hijo mío”– tenían su propia versión genovesa con un Mariano Rajoy que, al tiempo que decía sentirse tranquilo por las explicaciones de Barberá, daba el visto bueno a su expediente interno para atemperar las voces, cada vez más numerosas, que la quieren fuera de la Cámara Alta y, a ser posible, del partido, y se declaran hartos de tanta corrupción. El caso Barberá ha incendiado al PP y ha abierto aún más la brecha entre una vieja guardia que intenta suturar heridas, al estilo tradicional, y una nueva generación de dirigentes partidarios de la cirugía radical. Para empezar, ellos carecen de los vínculos emocionales, personales, que anclan a Rajoy con dirigentes como la exalcaldesa, de la que es buen amigo, tal y como ella misma se encarga de subrayar en público y en privado en cuanto tiene ocasión. No sienten más compromiso que el político y anteponen los intereses de las siglas y del proyecto popular a otras consideraciones, incluso si con ello entran en contradicción con su jefe de filas, tal y como se ha visto de manera descarnada esta última semana. Lo suyo es una evaluación de daños y, como dice el portavoz y vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, “hay que preguntarse si se sigue aportando o no a un proyecto”.

Su visión es radicalmente distinta a la de sus mayores. No solo ve con toda naturalidad que “hay vida fuera de la política” y que el sector privado puede acoger con los brazos abiertos a personas “con gran experiencia” que ya han superado con creces su fecha de caducidad política, sino que es posible “restituir el prestigio” de aquellas personas acusadas injustamente a las que hay que apartar hasta que diluciden los tribunales. Sin dramatismos, sin tener que soportar la presión mediática, sin pena de telediario añadida.

Si hay una palabra que pronuncia con frecuencia la nueva hornada popular, formada por Casado (Comunicación), Fernando Martínez Maíllo (Organización y, de facto, número tres del partido), Andrea Levy (Estudios y Programas) y Javier Maroto (Sectorial), todos ellos vicesecretarios del PP, es la de “hartazgo”. “Hartazgo” por tener que responder una y otra vez ante los periodistas por casos de corrupción, “de cosas que ni sabía y de personas que no conocía, sean justas o injustas”, lamentaba Casado en una reciente entrevista concedida a Tiempo (número 1.738). La sensación de todos ellos, llamados a renovar el PP, a incorporar nuevas caras ante el proceso de cambio que han experimentado el resto de los partidos, es que se antoja imposible desarrollar un discurso político en medio del ruido de la corrupción.

Bien puede tratarse de un reparto de papeles en el que Rajoy corre con la parte más tibia mientras deja que el trabajo sucio se lo hagan los vicesecretarios, que esperaban que la valenciana informara sobre su renuncia al acta de senadora y lo que encontraron fue una numantina defensa de sí misma. “Terrible” fue la palabra escrita en un mensaje de texto por uno de los vicesecretarios mientras veía en directo la intervención de Barberá. No ayudó en su momento que el Grupo Popular en el Senado la mantuviera en la Diputación Permanente. Aquello ya fue difícil de asimilar por unos cargos que no entendían una decisión que se interpretó en clave de “blindaje” y protección añadidos en caso de disolución de las Cámaras, todo ello sin que fuera comunicado a Génova, poniendo en evidencia al propio portavoz, que le pedía que diera un paso a un lado.

Fuentes próximas a Maroto aseguran que el presidente del PP conocía de antemano su opinión sobre las declaraciones que realizó Barberá en la segunda comparecencia pública en Valencia. “No explican nada, no convencen nada y no ayudan nada. Me parecen insuficientes y creo además que no han solucionado nada, no puedo ser más claro”, sentenciaba el exalcalde de Vitoria y actual vicesecretario de Sectorial. Y todo ello lo dijo justo después de que Rajoy asegurara estar “más tranquilo” tras las palabras de la valenciana y calificara de “paso adelante muy importante” su voluntad de acudir ante el juez que instruye el supuesto caso de blanqueo de dinero. Por su parte, Casado también puso el contrapunto el admitir que se había quedado con “ganas de más” explicaciones. “No son suficientes”, subrayó. Incluso en Moncloa hay quien se abona a la tesis de que los cargos del partido han hecho entender a Rajoy que “lo de esta señora es insostenible y la única razón por la que todavía no está imputada es porque está aforada”, esto es, que el presidente del Gobierno “ha reculado, lo que no es muy frecuente, todo sea dicho”. Otros, más condescendientes, afirman que no hay colisión en los mensajes, puesto que lo que hizo el inquilino de La Moncloa fue valorar la disposición de Barberá a acudir voluntariamente ante el juez valenciano que instruye el caso, sin esperar a que se ponga en marcha la maquinaria que la llevaría a declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de aforada. Lo cierto es que no es muy habitual que un senador o diputado, protegido por el acta de parlamentario, acuda ante un magistrado ordinario que, en puridad, no tiene competencias para interrogarle, pero ante el que sí puede ofrecer su versión de los hechos, “mi verdad”, como dijo la carismática exregidora valenciana.

Desde Génova apuntan a que no podían permanecer por más tiempo impasibles y “teníamos que hacer algo” tras acostarse el lunes con el levantamiento del secreto de un sumario que se le atragantó a más de uno. Estén o no “guionizadas” algunas de las conversaciones que allí constan –como la que mantiene María José Alcón con su hijo, que más parece la declaración ante un juez que un intercambio materno-filial– o haya mucho de batalla interna del exvicealcalde Alfonso Grau contra Barberá, el contenido del sumario impedía seguir mirando para otro lado y limitarse a apelar al sentido de la responsabilidad de la exalcaldesa, hoy senadora. Fue, en definitiva, el argumento para empezar a actuar estatutariamente.

La decisión de abrir un expediente informativo a todos los cargos populares incluidos en el procedimiento judicial del caso Taula se tomó, aseguran en Génova, en la mañana del día 15, tras conocer el sumario, no como consecuencia de la comparecencia de Barberá en la sede del partido en Valencia, y una iniciativa de tal calibre solo se puede adoptar con el conocimiento y beneplácito de Rajoy. Respecto a por qué se esperó a última hora de la tarde de ese día para dar a conocer la puesta en marcha del expediente, en una comparecencia improvisada de Maíllo en los pasillos del Congreso de los Diputados, la explican bajo el argumento de que “había que hablar con Valencia, escuchar a Rita, esperar a hablar con ella y buscar el mejor momento”.

No faltan los que se muestran críticos con los “titubeos” de Génova y consideran que el partido “se ha equivocado” a la hora de gestionar el caso Barberá. Entienden que “te puedes equivocar o no, pero hay que tener un criterio y actuar conforme al mismo”, sin parecer que solo se reacciona ante las presiones, de manera sobrevenida.

No cabe duda de que la fotografía de portada de La Razón –en la que Barberá le pedía a Maíllo por un WhatsApp enviado al filo de las seis de la tarde que defendiera “a la gente del partido que no ha hecho nada”–, fue en respuesta a la decisión de expedientarla, circunstancia que intentó evitar en todo momento. La valenciana “presiona haciendo ostentación de su amistad con Rajoy”, al tiempo que ha usado a personas interpuestas para que la dirección nacional no solo no moviera ficha sino, incluso, para evitar que lo hiciera la organización valenciana, aseguran fuentes del PP regional. De hecho, en ese mismo mensaje captado por la cámara de un fotógrafo, Barberá acusa a la actual presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, de perjudicar “políticamente” al PP y de poner en peligro la “argumentación de la defensa” al pedir el acta de concejal a todos los imputados.

Los vicesecretarios populares creen que han ganado una batalla interna. Lo decía de manera muy gráfica Maroto al declararse alegre por la decisión de la apertura del expediente informativo “que las bases agradecen”, mientras que Levy defendía la medida “para que no haya dudas sobre a honorabilidad del PP”. Hoy por hoy los cuatro vicesecretarios hacen piña. Almuerzan juntos los lunes tras la reunión del Comité de Dirección –núcleo duro del PP, donde se sientan Rajoy, María Dolores de Cospedal, los portavoces parlamentarios Rafael Hernando, Esteban González Pons y José Manuel Barreiro, Jorge Moragas y los cinco vicesecretarios, pues hay que añadir a Javier Arenas– y de la rueda de prensa preceptiva. Incluso son solidarios entre ellos al repartirse las comparecencias ante los medios de comunicación al objeto de descargar un poco la presión que hay sobre el portavoz oficial, Pablo Casado, quien semana tras semana va subiendo el tono de sus declaraciones cuando se le pregunta por corrupción. El de Maíllo es el estilo más moderado, pero no por ello menos contundente. De “vergonzosas” y “absolutamente inaceptables” calificó las conversaciones que recoge el sumario de Taula y apuntó que puede terminar con la expulsión de los expedientados.

El pasado 8 de marzo, tras la reunión del Comité de Dirección, los vicesecretarios contaron con otro comensal a la mesa no muy habitual, a saber, el propio Mariano Rajoy, que decidió irse a comer con ellos. No entraron en cuestiones de fondo, pero su presencia fue interpretada como un gesto de respaldo al nuevo equipo, el mismo que lleva semanas marcando distancias a cuenta de Barberá, endureciendo el discurso, reclamando medidas que, por fin, han llegado. El jefe del Ejecutivo sabe muy bien cómo piensan los cuatro y en qué complicadísima posición se colocan cada vez que comparecen ante la prensa.

Lo de la exalcaldesa se ha convertido en una gota que colma el vaso aunque por dimensión se trate de un supuesto caso de blanqueo low cost, puesto que se habla de 50.000 euros, una bagatela al lado de otros casos de corrupción. Pero es el perfil de la política valenciana y su resistencia a tomar nota de las invitaciones a dejar el acta de senadora lo que ha soliviantado a buena parte del partido.

Bien es cierto que no cabe atribuir solo a los “nuevos” las diferencias de tono de mensaje en cuanto a la corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no entra en la categoría de reciente cachorro popular, ya ha anunciado que no tendrá inconveniente “en cortar cabezas” de corruptos para defender en todo momento que Barberá tenía que comparecer ante el juez voluntariamente, como así va a ser, y que tranquilos, lo que se dice tranquilos, con las explicaciones de la exalcaldesa “no nos quedamos”.

Alberto Fabra, antiguo jefe de filas de la hoy expedientada, ha denunciado que “muchos” en el PP valenciano “han estado de brazos cruzados ante la corrupción”, confesando a Tiempo (número 1.733): “Intenté cambiar las cosas en Valencia y reconozco que no fui capaz, no conseguí lo que quería”. Precisamente, una de las resistencias que halló Fabra fue la de la propia Barberá, con la que nunca tuvo una relación fluida. Tras conocer las filtraciones del sumario, el expresidente de la Generalitat valenciana llegó a afirmar que “es difícil creer que [Barberá] no supiera nada” sobre los tejemanejes del partido en la ciudad. Aun así, el día 15 ambos almorzaron en Madrid junto a otros parlamentarios de Valencia coincidiendo con el Pleno en el Senado, donde se la pudo ver “nerviosa y cabreada” a decir de uno de los presentes. Muy llamativas, por el tono y por hacerlas en presencia del propio Rajoy, fueron las recientes palabras del presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea, que habló en su nombre y en el de sus militantes al afirmar “estamos hasta los cojones de casos de corrupción”. “Te lo tengo que decir, Mariano, porque si no mis afiliados me lo echarían a la cara”, explicó este dirigente, que tampoco es un jovencito. El aludido replicó: “No te voy a explicar hasta dónde estoy yo, pero te lo puedes suponer” aunque a continuación reiteró sus objeciones sobre el riesgo de “condenar a un inocente” cuando hay muchos casos “que quedan en nada y alguno está sentado en el Consejo de Ministros”, en alusión al titular de Industria y Turismo, José Manuel Soria.

Soria fue imputado en 2008 por un supuesto delito de cohecho en el transcurso de la investigación del caso Salmón. Se le acusó de beneficiar presuntamente a un empresario que le invitó a un viaje con su familia a Suecia, Austria y Noruega. Nueve meses después la jueza archivó la denuncia. De hecho, Barberá enarboló en su comparecencia pública del día 15 un dosier elaborado por el PP sobre los casos en que se han producido desimputaciones y que Rajoy sopesó utilizar en el debate de investidura de Pedro Sánchez por si la confrontación se presentaba en esos términos. El exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Blanco es uno de esos casos y el PSOE no le expulsó del partido puesto que su código ético establece que solo puede hacerse en caso de apertura del juicio oral.

Bien es cierto, que en el mismo dosier se recogen algunas de las desimputaciones del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, “pero es imposible sostener ese discurso cuando Fabra, que coleccionó imputaciones, está ahora preso en la cárcel de Aranjuez por defraudar 700.000 euros a Hacienda”, admiten unas cariacontecidas fuentes de la dirección popular.

El de Soria es un ejemplo recurrente que pone Rajoy cuando se le afea su escasa, por no decir nula, capacidad de reacción ante situaciones que están dañando al partido. Le pasó con Luis Bárcenas y con Francisco Camps –declarado inocente en el caso trajes– a pesar de los reiterados intentos de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para que los apartara de inmediato de sus respectivas responsabilidades. Desde entonces, la número dos del PP, que en el caso de Barberá se ha alineado con Rajoy, se ha convertido en la bestia negra para el extesorero del partido, aunque ahora no le toca someterse lunes tras lunes a las preguntas sobre corrupción que formulan los periodistas.