Antidisturbios: manual de uso

Las sucesivas protestas que han terminado con la intervención de los antidisturbios han enfrentado también dialécticamente a críticos y defensores de su papel. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer un miembro de estas Unidades de Intervención Policial? En el

15-M el Partido Popular criticó al Gobierno, entonces socialista, por no usarlas para desalojar la Puerta del Sol de Madrid. En la protesta desarrollada bajo el lema “Rodea el Congreso” del pasado 25 de septiembre, es el PP el criticado por la actuación de estas unidades. En las redes sociales se discute sobre la manera de realizar las cargas... Para unos falta una regulación legal, otros hablan de actuaciones propias de un Estado policial y hay discrepancias sobre la cobertura que tienen en prácticas como la identificación de ciudadanos.

Los choques en la plaza de Neptuno de Madrid, cerca del Congreso de los Diputados, que dieron la vuelta al mundo y fueron seguidos en directo por miles de espectadores a través de Internet, podrían volver a ocurrir con las sucesivas convocatorias para repetir las concentraciones cerca del Parlamento. En estas concentraciones se extienden cada vez más algunas nociones como la obligación de que los policías estén identificados. Pero no todo está tan claro.

Sobre estas diferencias de criterio respecto a la actuación policial o los derechos de los manifestantes, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, señala que “el problema es que al estar estos aspectos muy poco regulados, favorecen actuaciones discutibles y conductas reprobables”. Esta asociación ha puesto el acento en que la norma es muy clara sobre la obligación de que los policías luzcan visible su número de identificación. Bosch subraya que si no fuera así, se produciría una indefensión de los ciudadanos y se violaría el principio constitucional que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. La identificación debe ser visible a 1,20 metros, según la normativa, aunque en las últimas manifestaciones los participantes se han quejado de que algunos antidisturbios no las lucían, a veces debido a los chalecos de protección que se colocan sobre el uniforme.

Las cargas policiales han sido duramente criticadas por esta asociación de jueces, que considera que hubo “un uso extensivo y desproporcionado de la fuerza institucional, impropio de nuestro sistema de derechos fundamentales” que restringe el derecho de manifestación de ciudadanos que lo ejercían de forma pacífica.

Identificaciones y pancartas.

El portavoz de Jueces para la Democracia cree que la Delegación del Gobierno debe explicar por qué autorizó que los agentes no fueran identificados. Otro de los incidentes más discutidos fue el de las detenciones de manifestantes que portaban una pancarta con la frase “Rodea el Congreso”. Aquí las versiones policiales y de los implicados sobre la razón de las detenciones difieren. La policía les acusa de desobediencia y los manifestantes de arrancarles la pancarta. Bosch cree que “no resulta admisible” que la policía arrebate una pancarta.

Otra actuación controvertida ha sido las identificaciones de grupos de ciudadanos que ha realizado la policía. Así ocurrió por ejemplo en los autobuses que se dirigían a la manifestación del 25-S o de un pequeño grupo, de poco más de 20 personas, que se había reunido en el parque del Retiro de Madrid para hablar sobre la convocatoria. El portavoz de Jueces para la Democracia cree que aunque la policía puede pedir la documentación en un sentido amplio, no lo puede hacer en cualquier circunstancia, sino que “sin indicios de delito, es desproporcionado que se identifique a ciudadanos en autobuses” y lo considera “un síntoma que se aproxima al Estado policial”. También cree “desproporcionado irrumpir en reuniones pacíficas” a identificar a los participantes. Aunque la regulación legal establece que hay que comunicar reuniones superiores a 20 personas, Bosch cree que “en este tipo de situaciones no tiene fundamento” identificar a los asistentes. El portavoz de Jueces para la Democracia también señala que las leyes no permiten que se hiciera un listado con estas identificaciones, ya que solo se pueden hacer de antecedentes penales, “pero no porque se presuma una culpabilidad”

Endika Zulueta, uno de los abogados que asesora a los participantes en las concentraciones como las de Rodea el Congreso o las del 15-M, a través del colectivo LegalSol, recuerda que la policía tiene protocolos internos, como que antes de disparar pelotas de goma hay que avisar, disparar primero salvas y finalmente las pelotas, pero contra el suelo para que lleguen rebotadas. Respecto a la placa de identificación de los agentes, Zulueta cree que la regulación es papel mojado, porque en un rifirrafe se hace imposible recoger esa numeración, según él, con el 15-M ha habido cientos de denuncias y “la gran mayoría han quedado impunes por falta de autor”. También matiza que, por ejemplo, la policía puede entrar en un bar, “a prevenir o investigar un delito o a detener al responsable, pero no a echar a todos con porrazos”. Tampoco tendrían cobertura legal “actuaciones del tipo ‘a ver si encontramos algo”. Zulueta se queja de las identificaciones en los autobuses que se dirigían a las manifestaciones y de la posibilidad de que se incluyan en un fichero, porque “convierte a los ciudadanos con una línea ideológica determinada en sospechosos”. El temor a que se elaboraran ficheros se encendió cuando la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó que las movilizaciones eran cosa de unas 800 o 1.000 personas.

Zulueta señala que la ley orgánica de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado es muy genérica sobre el uso de la fuerza. Este abogado considera que, aunque la policía tenga el uso legítimo de la fuerza, en las concentraciones la usa “de forma desproporcionada, como cuando hay gente en grupos y dan porrazos para nada”.

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, explica que existen protocolos de actuación para el uso por parte de la policía, por ejemplo, de pelotas de goma. La policía también tiene que dar tres avisos y anunciar que se va a cargar. Pero Benito matiza que, cuando hay violencia, no hay que avisar de la carga. Respecto a actuaciones como seguir golpeando a una persona que se encuentra tendida en el suelo, el portavoz de este sindicato policial destaca que “no tienen sentido” y las han condenado cuando se han producido.

Bares y estaciones.

En cuanto a la actuación contra manifestantes que se refugian en bares u otros locales comerciales, este sindicato ha mostrado su enfado con la interpretación del incidente con el dueño de un bar (El Prado) que se hizo famoso al colocarse a la puerta de su establecimiento. Benito señala que la grabación de este suceso descubre que la policía “apartó al dueño del bar para protegerle, en lugar de hacer una redada”.

Aunque el SUP considera “una barbaridad” que en España se realicen diez millones de identificaciones al año, defiende las que se hicieron en manifestaciones en las que no sabían “a qué atenerse”, como las de Rodea el Congreso. Benito cree que están justificadas las que se realizaron en los autobuses porque se identificó a personas “ligadas a Herri Batasuna, Izquierda Internacionalista e Izquierda Castellana”. Respecto a la carga policial en la estación de Atocha de Madrid el 25 de septiembre, este sindicato considera que “no era correcta”, a pesar de que su portavoz explica que la policía actuó por un requerimiento de los vigilantes de seguridad porque había personas cortando las vías.

La policía, por lo tanto, tiene protocolos de actuación a través de circulares u órdenes internas. La Dirección General de la Policía no ha facilitado a esta revista información sobre su contenido, ni sobre los equipos que usan las Unidades de Intervención Policial alegando razones de seguridad.