A Defensa le crecen los frentes

Pedro Morenés llevaba una legislatura placentera como titular de Defensa, centrado en gestionar los fuertes recortes que han sufrido las Fuerzas Armadas en estos últimos años y sin apenas comparecer ante la prensa, hasta que una serie de casos de corrupción y decisiones controvertidas han convulsionado el ministerio en los últimos meses. He aquí los frentes que tiene abiertos en la actualidad.

El caso Segura. La novela Un paso al frente, sobre presuntas corruptelas en el Ejército, publicada en abril por el teniente Luis Gonzalo Segura, provocó un terremoto al ser la primera vez que un oficial en activo se atrevía a hablar en público de estas cuestiones. El libro ha sido un éxito de ventas –va por la séptima edición tras vender 22.000 ejemplares–, pero el coste para su autor ha sido cumplir dos meses de arresto en un centro disciplinario tras la apertura de un expediente que incluye, también, la pérdida de destino en la unidad de telecomunicaciones a la que pertenecía. Al inicio de su reclusión inició una huelga de hambre, ingiriendo solo líquidos, por lo que fue ingresado en el hospital militar Gómez Ulla. Tras 22 días puso fin a la protesta. Según la editorial de su novela, el teniente ingresó en el hospital con un peso de 73 kilos y acabó la huelga con 61.

Segura se enfrenta ahora a un expediente gubernativo, que se le abrió en paralelo al de carácter disciplinario, por una carta a Morenés incluida en su libro. El Ministerio de Defensa tiene un máximo de seis meses para resolver este expediente, que podría acarrear su expulsión de las Fuerzas Armadas (FFAA). Por el contrario, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Granada le entregó este jueves su premio anual “por atreverse a plasmar en un libro la cara oculta del Ejército, con el fin de que intenten mejorar las cosas”. Segura prepara ya otro libro sobre la corrupción en las FFAA, que probablemente publicará cuando haya colgado el uniforme.

Falsas mudanzas. La Justicia militar procesó a principios de septiembre a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas. Se les atribuye delitos contra la Hacienda militar, castigados con penas de cárcel que van de uno a diez años. Entre los procesados hay un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y 6 sargentos. Un grupo numeroso que no se veía desde los tiempos de la Transición y del juicio del 23-F, y que demuestra que esta práctica ilegal estaba extendida. El delito consistía en reclamar la indemnización por traslado de residencia aportando documentos “que resultan ser falsos o mendaces, al no llevarse a cabo ninguna mudanza”, según el auto judicial. Los mandos obtuvieron así entre 2.300 y 4.000 euros por cada falso traslado.

El cerebro de la trama era un teniente que se llevaba a cambio en torno al 25% del dinero que cada acusado conseguía. El Ministerio de Defensa subraya a Tiempo que fue el propio Ejército del Aire quien puso en conocimiento del juez los presuntos hechos delictivos y que 23 de los 45 acusados ya han devuelto el dinero defraudado, aunque ello no les exima de una más que previsible condena.

Droga en el Elcano. El buque escuela de la Armada, conocido por ser uno de los embajadores de España en cada crucero de instrucción que realiza alrededor del mundo, se vio envuelto este verano en un caso de tráfico de drogas. Tres marineros del buque (dos españoles y otro de nacionalidad ecuatoriana) fueron detenidos el 15 de julio cuando el barco se encontraba a pocas millas de Pontevedra. Se les acusó de haber vendido 20 kilos de cocaína a un narcotraficante en Nueva York durante la escala que la nave realizó en su puerto entre el 10 y el 15 de mayo. La droga pudo ser cargada en Cartagena de Indias (Colombia), donde el buque escuela amarró
 a mediados de abril. El arresto en Nueva York del narcotraficante desencadenó una orden internacional de detención contra ellos que se ejecutó finalmente en Pontevedra.

Tras su detención, la Guardia Civil registró sin éxito el barco en aguas gallegas, por lo que esperó a su llegada a Cádiz para hacer una inspección más minuciosa. Fue en su arsenal gaditano donde los agentes se incautaron 127 kilos de cocaína ocultos en el pañol –el lugar en el que se guardan plegadas las velas–, un espacio al que acceden pocos tripulantes. Cada uno de los detenidos pudo cobrar alrededor de 3.800 euros por cada kilo de droga.

Averías en los aviones oficiales. Siete averías en menos de un año han hecho saltar las alarmas en el Ejército del Aire, encargado del mantenimiento de los aviones oficiales destinados al desplazamiento de miembros de la Familia Real y del Gobierno. Los dos últimos incidentes los sufrió el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en su última gira por el sudeste asiático y varios países de Oceanía. En ambos casos el piloto del Airbus A-310 abortó el despegue cuando estaba cogiendo velocidad en la pista, lo que conlleva un cierto riesgo, ante la falta de potencia de uno de los motores. La flota de aviones oficiales está compuesta por siete aviones, dos Airbus A-310 y cinco Falcon 900B que ya han cumplido más de la mitad de su vida útil. La compra de nuevos aparatos no corresponde a Defensa, sino al Ministerio de Presidencia. Por el momento, Airbus se ha comprometido a mandar un técnico allí donde sea necesario cada vez que se produzca una avería.

La encuesta negativa. El CIS realiza cada dos años un amplio informe sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. El último lo concluyó en septiembre de 2013 –en plena ebullición catalana– y ha estado guardado en un cajón de Defensa durante un año por las cifras negativas sobre el sentimiento de los españoles hacia la bandera, el himno, los actos castrenses o el compromiso con la defensa del país. Finalmente, el departamento de Morenés acabó colgando la encuesta en la web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) sin darle publicidad y antes de que se cumpliese el plazo de doce meses que da el CIS a los ministerios concernidos para publicar sus sondeos.