145 etarras sí cumplirán 40 años de cárcel

Desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, tumbó la doctrina Parot el pasado 21 de octubre, un total de 69 condenados se han beneficiado del fallo y han salido a la calle. De ellos, 52 son miembros de ETA y en los próximos meses y años podrían ser muchos más, ya que el número de beneficiados indirectos tras el caso de Inés del Río ascenderá a 136, la gran mayoría, etarras convictos, al no poderles aplicar la interpretación jurídica que hizo el Supremo en 2006 ante la inminente salida del sanguinario terrorista Henri Parot, según los cálculos que ha hecho el Ministerio del Interior.

Esta cifra de 69 supera ya las 61 excarcelaciones que el Gobierno previó en una primera fase tras la resolución de Estrasburgo y es que al departamento de Jorge Fernández Díaz le ha sorprendido la celeridad de las mismas. En su fuero interno hubiera deseado que las responsabilidades penales para terroristas, violadores y asesinos en serie se extinguiesen a un ritmo más lento, pero los tribunales son los que están marcando los tiempos.

Ahora bien, de los cerca de 550 presos etarras que hay en estos momentos en cárceles de España y Francia, pues 52 han salido en las últimas semanas gracias al TEDH, alrededor de 150 deberán cumplir íntegramente sus condenas, que oscilan entre los 30 y los 40 años de cárcel. Son los últimos que saldrán a la calle y algunos de ellos lo podrán hacer únicamente en el horizonte de 2050.

Sin delitos de sangre.

¿Cómo se llega a esta cifra de 150? Primero hay que descartar al centenar de etarras que se beneficiarán a corto o medio plazo del fin de la doctrina Parot, ya que se les ha aplicado la misma estos últimos años o se les iba a aplicar en los próximos, lo que ya no será posible tras el fallo de Estrasburgo.

El segundo bloque lo forman aquellos etarras a los que no les alcanza la doctrina Parot pero cumplen penas menores. En muchos casos no tienen delitos de sangre y cumplen condenas que van hasta los 15 años de cárcel por formar parte de los sucesivos aparatos políticos de la organización terrorista o de los grupos de captación de miembros para la banda.

Según los cálculos del Gobierno vasco a los que tuvo acceso El Mundo, se incluirían en este segundo bloque a los presos reinsertados (una veintena); a aquellos que se encuentran en una situación de prisión atenuada y utilizan una pulsera telemática para su control (una decena); a los presos con las tres cuartas partes de la condena cumplidas (alrededor de 120, entre ellos Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, exportavoces de la ilegalizada Batasuna ); a los preventivos (medio centenar); a aquellos pendientes de sumarios por su pertenencia a formaciones ilegalizadas como Batasuna, Segi o Askatasuna (una treintena); y a los reclusos con condenas “sin delitos de sangre”, es decir, que no han ocasionado muertos o heridos (172).

El último grupo incluye a 145 presos con condenas abultadas y delitos de sangre que en algunos casos suman cientos o miles de años, de los cuales 70 llevan menos de una década en
 prisión. El número de afectados es variable y puede oscilar al alza si se terminan de esclarecer atentados como el de Palma de Mallorca en julio de 2009, en el que fallecieron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezaun.

También puede oscilar a la baja si consiguen alguna medida de gracia del Gobierno en el futuro o beneficios penitenciarios pidiendo perdón por sus crímenes y resarciendo económicamente a las víctimas. En definitiva, desvinculándose de ETA a través de la denominada vía Nanclares, en la que ahora únicamente están una docena de presos etarras, según El Correo. Las sucesivas reformas del Código Penal eliminaron cualquier tipo de beneficio penitenciario como fruto de la redención automática de las penas y, a día de hoy, no se puede rebajar ni una sola semana del tope máximo fijado por los tribunales si el condenado no da señales de arrepentimiento.

Un ejemplo de ello ha sido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de liquidar la condena del primer preso de ETA que se acogió a esta vía, José Manuel Pérez de Nanclares, al que se le había concedido la libertad condicional en mayo de 2012. La liquidación de su condena había quedado fijada para mayo de 2018, en aplicación del cómputo establecido por la doctrina Parot, pero Pérez de Nanclares se encontraba en libertad condicional cuando esta semana el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, le excarceló tras comprobar que había manifestado su “renuncia a la violencia”, pedido “perdón a las víctimas” y satisfecho la responsabilidad civil que se le impuso por los atentados que cometió.

El grupo con más problemas.

En círculos del PNV y de la izquierda aberzale se da por hecho que este grupo de 145 etarras es el que más problemas dará en el futuro. En él figuran todos los terroristas cuyos delitos se han cometido en la última década y no lo tendrán fácil para reincorporarse a la vida civil.

Los últimos en engrosar esta lista han sido los miembros del comando Otazua –Íñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor – que el pasado mes fueron condenados por la Audiencia Nacional a 45 años de cárcel como autores del asesinato, en junio de 2009, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, la última víctima de la banda terrorista en territorio español. La condena fue la misma que solicitó el fiscal e incluyó el pago de una indemnización conjunta y solidaria a la viuda del funcionario de 300.000 euros y a sus dos hijos, de 150.000 euros a cada uno.

Los magistrados determinaron que los tres terroristas fueron coautores de los delitos de asesinato terrorista y de estragos terroristas, con el límite de 40 años de prisión previsto en el Código Penal, y les prohibió residir en Bilbao o acercarse a menos de 300 metros de la viuda e hijos de su víctima, así como comunicarse con ellos, por un tiempo superior en 10 años a la pena de prisión impuesta. Cuando terminen su estancia en prisión habrán superado los 70 años de edad y, en el caso de Pastor, los 80.

El máximo de los 40 años se empezó a aplicar a partir de 2003 tras una reforma del Código Penal de 1995, en la que se aumentaron las penas de 30 a 40 años para los casos de terrorismo o grandes crímenes. La nueva normativa se impulsó bajo el segundo Gobierno de José María Aznar, después de sumar al PSOE a la ley de partidos que puso en jaque a Batasuna y tras el impacto que había producido en las sociedades vasca y española el asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco y la ofensiva terrorista de los años 2000 y 2001, poco después de que ETA terminase, a finales de 1999, una de sus últimas treguas.

Uno de los primeros en sufrir las consecuencias de este cambio normativo fue Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, condenado a 50 años de cárcel como autor material de la muerte del citado Miguel Ángel Blanco. Luego añadiría una condena de 82 años de cárcel por el asesinato del socialista Fernando Múgica y otra de 30 por participar en el atentado que acabó con la vida del dirigente popular vasco Gregorio Ordóñez de un tiro en la cabeza.

También se incluyen en este apartado terroristas como Igor Portu, Martín Sarasola y Mikel San Sebastián, condenados a 1.040 años de cárcel cada uno por el atentado de la T-4 de Barajas que dinamitó la tregua de 2006 y en el que murieron dos inmigrantes de origen ecuatoriano.

Dentro de este grupo de 150 etarras también figuran los internos que están en prisiones francesas cumpliendo largas condenas. Es el caso de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, o de alguno de sus sucesores al frente del aparato militar como Mikel Carrera Sarobe, Ata, o Aitzol Iriondo Gurbitz, implicado en los atentados de Isaías Carrasco y Juan Mari Jáuregui, entre otros. Las condenas cumplidas en Francia no se descuentan de las que deban cumplir en España, ni siquiera el periodo de prisión preventiva, por lo que tener causas pendientes en la Audiencia Nacional determinará en el futuro los años de prisión que deberán cumplir algunos de los condenados.

Cadena perpetua revisable.

El escurridizo Txeroki está cumpliendo una condena de 20 años en Francia y después deberá cumplir otros 40 años de reclusión en España. Gurbitz deberá saldar 20 años y luego 30 en España. Mientras, Ata ha sido condenado recientemente en el país vecino a cadena perpetua con un periodo de seguridad –esta es la terminología judicial francesa– de 22 años, que le impedirá disfrutar durante ese tiempo de beneficios penitenciarios. Además, cuando salde su condena en Francia se le aplicará la orden europea de entrega a España para que rinda cuentas por el repliegue logístico de la banda terrorista a Portugal en el año 2010.

La cadena perpetua en Francia es revisable, aunque nunca se sabe cuándo puede salir un preso de la cárcel. A partir de los 15 años de reclusión, o cuando concluye el periodo de seguridad determinado por el juez, se puede solicitar la libertad condicional y es el magistrado de aplicación de penas el que acepta o deniega las peticiones. En líneas generales es el modelo que quiere implantar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en España.

En la actualidad hay tres etarras vascofranceses que llevan 23 años y medio en prisiones galas por este motivo: son Jon Parot –hermano del reo que con su apellido dio nombre a la doctrina–, Frédéric Aranburu y Jacques Esnal. Los tres formaron parte del comando Argala que cometió un total de 38 asesinatos entre 1978 y 1989.

A Jon Parot se le denegó por cuarta vez la solicitud de libertad condicional el pasado 30 de mayo, según denunció la red de apoyo a los presos de ETA, Etxerat, en su último informe. Una medida que también se ha aplicado estos últimos años a miembros de la organización terrorista como Saoia Sánchez, Lorentxa Beyrie o Didier Agerre.