Íñigo de la Serna
Se enfrenta a la ingrata tarea de defender los derechos de los ayuntamientos frente al Gobierno central, de su mismo partido. Convencido de la utilidad de la política, le duele en carne propia la imagen que los ciudadanos tienen de sus representantes: “No se pueden generalizar las excepciones”.
"La sanidad y la educación deben gestionarse desde lo público”
¿Qué parte de culpa han tenido los ayuntamientos en la crisis?
Nosotros, como el resto de administraciones, formamos parte del problema económico del país, pero no somos la parte sustancial. Hay, sin embargo, un problema estructural, fundamentalmente asociado a dos cuestiones. La primera, que no ha existido la segunda descentralización. Seguimos teniendo el mismo porcentaje de gasto público que al principio de la democracia. Y segundo, que hemos asumido competencias que no son nuestras y que suponen el 25% de nuestro presupuesto.
¿Cuál será la reducción final de concejalías que ha anunciado el Gobierno?
Lo desconozco. La horquilla en que se mueva será fruto de las negociaciones que se siguen desarrollando entre el Gobierno y la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]. Debe ir acompañada, además, de un acuerdo político entre los dos grandes partidos. Hay que iniciar ese proceso, pero también recordar que la gran mayoría de los concejales no cobra ninguna retribución. Atendiendo a esa singularidad habrá que tomar una decisión que sea realista en las necesidades para dar cobertura a los servicios públicos.
Pero, ¿qué propuesta maneja la FEMP?
Es pronto para establecer un porcentaje que, además, no tiene por que ser lineal sino en función de los tramos que ya existen en la propia ley electoral y que definen el número de concejales en función de la población.
¿La reducción restará representatividad a los partidos pequeños?
No, la reducción afectará a todos por igual. El primer afectado será el PP por la sencilla razón de que es el partido con más concejales. La solución, en todo caso, tiene más que ver con el mensaje que se manda a la sociedad o la imagen que se traslada a Europa y a los mercados que con un ahorro significativo.
Pero, si el impacto es pequeño, ¿por qué se hace?
Hablamos de una medida que todos entendemos que es positivo adoptar como mensaje social de adelgazamiento del sector público, un proceso que no debe dejar de lado a los cargos electos.
¿Y respecto a los cargos de confianza? Hace poco se conocía que mientras París cuenta con 36 asesores, Madrid emplea a varios centenares.
Esa es otra de las cuestiones que habrá que analizar. El número de eventuales es muy diferente según el municipio. En el borrador existe ya una limitación: no podrán superar el número de cargos electos. Veremos si al final se mantiene. De nuevo, esta medida no tiene que ser igual para todos, dependerá en función de la población.
¿Cuál será el límite a los sueldos de los alcaldes?
Aquí se trata de homogeneizar en función de determinados baremos, la población, por ejemplo. Aún no existe un acuerdo, pero la referencia que se maneja es la de los cargos equivalentes de la Administración general. También quiero decir que el hecho de que se abra un debate no implica que exista un exceso salarial en el ámbito local. No debemos mandar a la sociedad ese tipo de mensajes. Coger un ejemplo de entre más de 8.000 ayuntamientos no es aplicar la regla general.
¿Pagan entonces los justos por los excesos de los pecadores?
Antes de nada, debemos analizar qué es un exceso. Es necesario que a la política, ahora y en el futuro, puedan venir a ejercer la responsabilidad los mejores ya que en ellos recae la gestión de los recursos públicos, del dinero de los ciudadanos. Hay gente brillante, muy formada y con experiencia que si vinculamos la política a la retribución más baja posible será cada vez más difícil que se dedique al servicio público.
¿Deben otras administraciones emprender ese mismo proceso?
Nosotros siempre hemos sostenido que estamos en un proceso necesario en el ámbito local, pero también que se debe abrir a otras administraciones. Por eso vemos con buenos ojos que se emprenda otra línea de reformas con las comunidades autónomas en la que estamos seguros de que se abordarán las mismas cuestiones que se están planteando para las entidades locales.
¿Comparte la medida anunciada por María Dolores de Cospedal de retirar el salario a los diputados autonómicos?
No voy a valorar el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Todas las administraciones tenemos que compartir en estos momentos las medidas para sacar al país de la situación económica en la que está y actuar con responsabilidad.
La elecciones catalanas han puesto sobre la mesa el debate sobre el modelo de Estado. ¿Cree que está obsoleto?
No, además en este momento esa no es la prioridad en este país. Yo ya he manifestado públicamente mi desacuerdo con la línea que el presidente de la Generalitat ha abierto para buscar vías de independencia. Ahora la prioridad absoluta es la situación económica, el desempleo, y creo que es mucho más importante mejorar la eficiencia de las administraciones públicas que abrir un debate territorial.
¿Cree que habría que reducir el número de ayuntamientos?
La posibilidad de una unión voluntaria está ahí y respetando la autonomía municipal es un mecanismo que puede utilizar cualquier ayuntamiento. En todo caso, la eficiencia no está en el número, sino en la manera de prestar los servicios. Hay que analizar cómo ganar en eficiencia y reducir duplicidades. Una administración, una competencia: esto debe ser el núcleo de la ley.
¿Qué papel juegan las diputaciones en esas duplicidades?
Las diputaciones son instrumentos absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del modelo territorial por el apoyo que prestan a los ayuntamientos más pequeños.
Entonces, ¿sobran las mancomunidades de ayuntamientos?
No. Y no es verdad que se haya planteado su eliminación. Lo que recogen los borradores es que estas se adapten a los criterios de austeridad y eficiencia. Las que lo hagan, sobrevivirán.
¿Se han extralimitado los ayuntamientos en la prestación de servicios?
Es cierto que en época de bonanza las entidades locales han tendido a prestar cada vez más servicios. Una parte era imprescindible para cubrir las necesidades de los ciudadanos, pero ha existido otra, los equipamientos, por ejemplo, que quizá no habría sido necesaria.
¿Cree que los recortes del Gobierno han sido equitativos?
Las reformas son absolutamente necesarias para reconducir la situación económica y hacer crecer la economía. Muchas son duras de decidir y complejas en cuanto a su aplicación, pero son reformas que el Gobierno tiene que tomar. Luego se pueden compartir o no.
¿Comparte también la congelación de la paga a los funcionarios, muchos de ellos municipales?
Si se ha puesto en marcha es porque era necesaria para el requilibrio del déficit, si no, el Gobierno no la habría tomado. Ese dinero está ahí y sigue perteneciendo a los funcionarios. Hay un acuerdo de no disponibilidad.
En Madrid siguen las protestas por la privatización del sistema de salud. Como alcalde, ¿piensa que la gestión privada es mejor que la pública?
Nosotros, como alcaldes, prestamos muchos servicios desde la propia administración, y otros, con la privatización de la gestión del agua o los residuos, por ejemplo, de forma indirecta. Aunque determinadas políticas son y seguirán siendo públicas, en concreto la educación o la sanidad, no hay que demonizar la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia de determinados servicios. No podemos decir que estamos en contra de la privatización en general, pero sí de determinados servicios que tienen que seguir estando gestionados desde lo público.
¿Se refiere a la educación y la sanidad?
El Gobierno defiende claramente la educación y la sanidad públicas y la prestación de esos servicios se va a seguir haciendo desde lo público.
Como primer edil, ¿ha celebrado alguna boda gay?
No, no ha coincidido, pero mis concejales sí las han celebrado.
¿Cree que el Gobierno se equivocó con el recurso de inconstitucionalidad?
No se equivocó. El partido pensaba que la palabra matrimonio no se ajustaba a la unión que ahí se planteaba, pero de la misma manera que presentó ese recurso también dijo que si hubiera una decisión contraria se iba a asumir con absoluta normalidad.
¿Hasta qué punto son los políticos responsables del desapego de los ciudadanos hacia ellos?
Defiendo por convicción la política con mayúsculas. Es cierto que hay cada vez más desapego entre la sociedad y la clase política, pero es algo que hay que corregir entre todos, los políticos, los medios de comunicación... La política es una parte fundamental de un país.



