Vuelta de tuerca al blanqueo

Los casos de Rodrigo Rato y el Banco Madrid van a suponer un antes y un después en la lucha contra el blanqueo de dinero en España. Los Gobiernos han hecho muchas veces los deberes a medias, pero ahora Hacienda está pisando el acelerador. Habrá una nueva vuelta de tuerca en este combate, con un refuerzo de los medios del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y más coordinación de todos los organismos que lo componen. Las medidas que ya tiene en cartera el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mejorarán los recursos del tridente principal compuesto por Hacienda (Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ONIF), la Sepblac y la Fiscalía Anticorrupción, que son la primera línea de vigilancia y represión. Las nuevas armas se irán conociendo las próximas semanas, cuando pase el periodo electoral y en un clima más calmado, señalan a TIEMPO fuentes bien informadas.

Un experto en materia de prevención de blanqueo de capitales, socio de una consultora internacional, señala a Tiempo que “España es recriminada periódicamente por la falta de contundencia en la represión de estos delitos, tanto en prisión, penas muy bajas, como en sanciones e inhabilitación de los profesionales imputados como cómplices y cooperadores en el blanqueo de capitales. Si el Gobierno ha decidido poner más medios, más coordinación y empuje, enhorabuena, bienvenida sea”. Este técnico recuerda que “España combate razonablemente bien el blanqueo y la financiación terrorista, como ha demostrado con el caso de ETA, tiene normas y medios. El sistema financiero colabora y es vigilante, no hay boquetes en nuestro sistema de prevención pero sí hay agujeros. Aquí falta la contundencia de Estados Unidos, formidable desde 2001, a raíz de los atentados islamistas del 11-S”. El Gobierno estadounidense elaboró entonces el Facta, un compendio de durísimas normas de control financiero, que ha obligado al resto del mundo a ponerse las pilas.

Pero aunque los casos recientes hayan acelerado la toma de decisiones, lo cierto es que detrás de este endurecimiento español está también la presión internacional. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo de la OCDE que promueve e impulsa la lucha contra
 el blanqueo de capitales a escala internacional, lleva años presionando a España para que sea más diligente en este combate, según reconocen fuentes del Ministerio de Economía. Este departamento es el responsable último, ya que tutela el Sepblac.

Falta de celo. Aunque parezca extraño, el GAFI creó las condiciones para perseguir a políticos y Personas de Especial Exposición (PEP) ya que el organismo denunció en su último informe de evaluación de diciembre de 2014 la falta de celo en la investigación sobre políticos y personas vip, en términos coloquiales. Esas indicaciones coincidieron en el tiempo con la amnistía fiscal y la inspección “especial” de Hacienda sobre los regularizados. En ese ambiente se desató un ataque de celo inspector por parte de Hacienda, y a raíz de esto se revisaron todas las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal del ministro Montoro. Luego sucedió lo que es conocido: ante las incongruencias entre declaraciones saltó el caso Rodrigo Rato.

Al margen del escándalo del exvicepresidente del Gobierno, España ha sido señalada en varias ocasiones por no hacer todos los deberes en esta materia, y en el caso del Banco Madrid, por ejemplo, sobrevuelan sospechas de blanqueo de capitales y “falta de diligencia en el control de clientes”, según señalan fuentes del Sepblac.

Sea como fuere, en el último informe de evaluación del GAFI sobre España de 2014 se señalaba claramente “la preocupación por las bajas sanciones en promedio” que se imponen a los infractores, ya que “se imponen dos años de prisión y raramente cinco”. El GAFI pedía más control a los abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria y gestoras de transferencias electrónicas, así como más sanciones a operadores no autorizados (los que no son bancos ni entidades de financiación). El GAFI pedía finalmente más sanciones y mayor periodo de inhabilitación a profesionales incursos en delitos de esta naturaleza y, sobre todo, más recursos.

Profesionales. La vuelta de tuerca que se avecina es continuación de la que realizó la Agencia Tributaria a un abundante número de bufetes de abogados por toda España. A partir de ahora no solo los abogados van a ser objeto de los “hombres de negro del antiblanqueo” (inspectores de Hacienda y Banco España, fiscales y policías). Estos Harrelson vigilarán también a notarios, registradores, agentes de la propiedad inmobiliaria, sociedades fiduciarias y patrimoniales, consultores y asesores fiscales, bancos de inversión, bancos y banqueros privados, y gestores de trasferencias. Bajo este nombre de “gestores de trasferencias” operan profesionales del más diverso pelaje, en el que hay desde locutorios y agencias de envíos de remesas para inmigrantes hasta empresas de exportación-importación con todas las de la ley o sociedades que operan “por una modalidad de transferencias por compensación de saldos entre países, empresas que son utilizadas a veces por el crimen organizado y las organizaciones terroristas”. Fuentes de Hacienda señalan que el “bosque de posibles blanqueadores en una economía tan bancarizada como la española es inimaginable”.