Tempestad a la vista en el dinero autonómico

Las comunidades autónomas tienen transferidos servicios públicos tan importantes como la educación o la sanidad y en muchas de ellas también tienen poder sobre la contratación de los funcionarios y personal laboral que después harán el trabajo burocrático de los juzgados, lo que significa que de ellas depende la dotación de personal de la Administración de Justicia, dejando fuera a los jueces y fiscales que dependen directamente de la Administración General del Estado.

Desde que la Constitución de 1978 consagró la nueva geografía política española cambiando las antiguas regiones por las actuales comunidades autónomas se han escrito cientos de tratados y se han realizado cientos de estudios sobre cómo financiar los servicios transferidos por el Estado a los Gobiernos autonómicos. Una nueva negociación para modificar el actual sistema ha quedado aparcada el pasado año debido a los procesos electorales, pero eso no ha impedido que fluya el dinero.

En mayo de este año, y a pesar de estar en funciones, el Gobierno tuvo que desbloquear algo más de 500 millones de euros que tenía retenidos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo creado en 2012 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que las comunidades autónomas pudieran financiarse sin tener que salir a los mercados a subastar emisiones de deuda más cara.

En 2011, un año de extremada dureza en los mercados financieros, el Gobierno catalán recurrió, por ejemplo, a la emisión de bonos patrióticos por importe de 960 millones de euros que colocó entre particulares y empresas. Un año más tarde realizó una segunda emisión de ese tipo de bonos, esta vez por importe de 1.531 millones. Ambas emisiones vencían entre noviembre de 2012 y abril de 2013 (una era a dos años y la otra a un año) pero el Gobierno catalán no podía pagar a los inversores porque no tenía liquidez. Fue el FLA el que finalmente liquidó el problema con una aportación de dinero en efectivo.

Otra baza

Este fondo acumulaba a finales de 2015 la nada despreciable cantidad de 85.678 millones de euros prestados por Hacienda a las comunidades autónomas en condiciones ventajosas para que no tuvieran que salir fuera en busca de dinero. Con él se han financiado los vencimientos de deuda pública y los déficit de las cuentas públicas autonómicas de los últimos cuatro años y con él se han pagado también en parte las facturas de proveedores que algunas comunidades autónomas tenían retenidas porque no había dinero en la caja para pagarlas.

Ahora, cuando prácticamente todos los expertos coinciden en que el actual sistema es demasiado farragoso, no respeta el coste real de los servicios transferidos y da lugar a declaraciones demagógicas de algunos Gobiernos autonómicos que dicen sentirse más agraviados que el resto en el reparto del dinero, la negociación de un nuevo modelo de financiación va a contar, si nadie lo remedia, con un elemento más de distorsión.

El saldo acumulado del FLA es una deuda de las comunidades autónomas con el Estado que ha sido financiado con deuda pública del propio Estado central. Ya está, pues, en las cuentas de deuda y los interlocutores podrían entrar en la dinámica de utilizar el posible perdón de una parte de esos créditos como baza negociadora. El tiempo lo dirá.

Pero si eso se llega a producir, pueden saltar chispas. Primero, porque el déficit de las comunidades autónomas no es homogéneo y las que han gastado menos no querrán que se perdone deuda a las más derrochadoras. Y segundo porque hay dos comunidades, Madrid y Castilla y León, que no han querido apuntarse al FLA para evitar el mayor control del Ministerio de Hacienda sobre sus cuentas anuales.