Slim agarra el timón en FCC

El empresario mexicano Carlos Slim ha cerrado el círculo y ya manda en el grupo FCC. A lo largo de la última semana, los accionistas de referencia han enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las comunicaciones oficiales sobre sus participaciones y las cifras dejan claro quién manda y por qué.

Inversora Carso, la sociedad a través de la cual canaliza parte de sus inversiones Carlos Slim, reconoce ante la CNMV que el empresario mexicano acumula un 36,566% del capital de FCC, aunque por diferentes vías y no siempre con títulos de propiedad.

La participación directa de Carso en FCC es muy pequeña, concretamente del 3,852%. Pero a esa cantidad hay que sumarle el 25,685% que está en manos de otra sociedad denominada Control Empresarial de Capitales, que es filial cien por cien de la propia Inversora Carso. Así, el capital sobre el que Slim tiene derechos de propiedad asciende directa o indirectamente al 29,537%, cifra inferior por unas décimas al 30% que obliga a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Y sin embargo, el empresario mexicano la ha lanzado.

La razón esgrimida por Slim es que hay un 7,029% del capital de FCC que debe ser considerado también como propio a efectos de la legislación sobre OPA. Esas acciones son realmente de una sociedad denominada Nueva Samede 2016, de la que Esther Koplowitz, hasta hace poco única gran accionista de referencia del grupo constructor, posee el cien por cien. ¿Por qué entonces se las apunta Carlos Slim?

El propio empresario mexicano confiesa en la documentación remitida a la CNMV que esas acciones deben ser atribuidas a Inversora Carso “de conformidad con el artículo 24.2.B del Real Decreto 1.362/2007”. Ese texto legal señala que está obligada a informar sobre esos títulos “la persona física o jurídica que posea los derechos de voto atribuidos a las acciones adquiridas o transmitidas a través de persona interpuesta”.

Esto significa simple y llanamente que Inversora Carso tiene realmente los derechos de voto de esas acciones, aunque formalmente sean propiedad de Esther Koplowitz. Y eso es así porque en la última ampliación de capital de FCC, que culminó el pasado 4 de marzo, la empresaria española compró ese paquete de acciones con un préstamo de 160 millones de euros que le hizo la propia Inversora Carso a cambio de dejarlas en prenda y ceder por tanto los derechos de voto. De hecho, Koplowitz creó esta nueva sociedad para comprar los títulos procedentes de la ampliación en lugar de hacerlo a través de Samede Inversiones 2010, que es la que ostenta la propiedad del 15,445% de las acciones de FCC, que son su participación histórica en el grupo.

Al sumar esta participación, Carlos Slim tiene en realidad el 36,566% de los derechos de voto en FCC, lo que le asegura el control de la sociedad y por ello está obligado a lanzar una OPA, cosa que ya ha hecho, a 7,60 euros por acción, y que está a la espera de recibir los parabienes de la CNMV para hacer público el folleto y echar a andar.

Una vez que se dilucide la OPA y Carlos Slim pueda presentar ya como definitiva la cantidad de acciones que posee en el grupo, FCC convocará una junta general extraordinaria, previamente pactada con Esther Koplowitz, que hará un nuevo reparto de poder en el consejo de administración.

Más galones.

  En la actualidad, FCC tiene un consejo integrado por once miembros, de los que cuatro han sido nombrados por el empresario mexicano, otros cuatro, por Koplowitz, y tres son independientes pactados por ambos. Tras la junta, el consejo pasará a tener quince miembros, de los cuales ocho serán nombrados por Carlos Slim, mientras que Esther Koplowitz mantendrá sus cuatro y seguirá habiendo tres independientes. El consejero delegado también continuará, como hasta ahora, siendo nombrado por Slim y, aunque no está escrito en los pactos, es más que probable que la presidencia del grupo siga recayendo sobre Esther Alcocer, hija de Esther Koplowitz, aunque sin funciones ejecutivas, que están reservadas para el consejero delegado.

Lo que sí está claro es que Carlos Slim ha comenzado a ejercer el poder. El mismo día en el que terminaba la ampliación de capital y anunciaba la OPA sobre FCC, el empresario mexicano comunicaba también a la CNMV que va a pedir que el grupo constructor lance una OPA sobre Cementos Portland Valderrivas, empresa por la que Esther Koplowitz nunca ha disimulado su predilección y que ahora será excluida de cotización en bolsa.

La crisis de la construcción ha puesto contra las cuerdas a esta cementera, que en los últimos años ha sufrido varios ajustes de plantilla y cierre de fábricas, además de absorber recursos de la cabecera del grupo para poder sobrevivir. La exclusión de cotización es interpretada en el mercado como la operación previa para poder tomar otras decisiones estratégicas como la venta de todo o parte del capital de Valderrivas, sin las ataduras legales que supone cualquier operación de este tipo cuando afecta a una sociedad cotizada, y una vez saneado su balance con parte del dinero obtenido en la última ampliación de FCC.

En paralelo a todo esto, Slim tiene también presentada, a la espera de aprobación definitiva por la CNMV, una OPA sobre Realia, la inmobiliaria en la que FCC tiene un 36,9% del capital y el propio empresario controla otro 30,3% de las acciones. La oferta, lanzada por un precio de 80 céntimos de euro por acción, ha comenzado con polémica, ya que uno de los fondos presentes indirectamente en su capital, Polygon, cree que ese precio es muy bajo y ha pedido formalmente que se suba.

Polygon, que declara tener un 8,9% de las acciones de Realia a través de derivados financieros, utiliza dos argumentos fundamentales en su petición de subida en el precio. El primero es que los 80 céntimos suponen algo más de la mitad de los 1,40 euros por acción que la propia Realia declara a 31 de diciembre como valor liquidativo de sus activos, que el fondo considera además que están valorados de manera muy conservadora y que podría ser más alto. El segundo (ver recuadro), es que Carlos Slim va a convertir en acciones un préstamo que compró a la Sareb a un precio notablemente superior al de la OPA.