Popular o el precio de la independencia

Cuando una tarde de febrero de 2012 el flamante ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba a los cuatro vientos el decreto-ley de saneamiento de la banca se abría la caja de Pandora en el sector. La necesidad de saneamientos extraordinarios para limpiar balances iba a pasar factura a los beneficios. Unos meses antes, el Banco Popular había llegado a un acuerdo con los principales accionistas del Banco Pastor para lanzar una OPA y quedarse con este pequeño banco gallego.

La idea entonces era ganar tamaño y utilizar la fusión incluso para borrar del balance parte del activo inmobiliario que había acumulado el Popular en la última fase de la burbuja inmobiliaria. La estrategia consistía en pagar por el Pastor 1.346 millones de euros. Como el valor contable del banco gallego ascendía a 1.754 millones, los 408 millones de diferencia podían ser utilizados como beneficio extraordinario para alimentar saneamientos de créditos inmobiliarios sin dañar los resultados del Popular.

En enero de 2012 se materializó la OPA y el Pastor pasó a ser parte integrante del Popular muy pocos días después de que el ministro De Guindos anunciara el famoso decreto-ley. La película cambió radicalmente de argumento y entonces el banco tuvo que aplicar la nueva normativa de saneamientos, no solo a sus créditos, sino también a los que absorbía del Pastor. El impacto terminó con un ejercicio 2012 en el que el Popular tuvo que reconocer 5.422 millones de limpieza extra en sus créditos inmobiliarios y se vio forzado a reconocer también 3.343 millones de ajustes negativos en el valor de los activos del Pastor.

Pérdidas

Tras todo ello, el Popular acumuló en 2012 pérdidas contables por valor de 2.712 millones de euros. La operación del Pastor no solo no sirvió para hacer aflorar un beneficio que ayudara a mantener el resultado, sino que tuvo que apuntarse 1.743 millones de diferencia negativa entre lo que pagó y lo que en realidad valía el banco comprado una vez aplicadas las nuevas normas de valoración de activos que marcaba el decreto-ley de saneamiento.

Para mantener el tipo sin buscar socios externos, el Popular se vio obligado a hacer en 2012 una ampliación de capital de 2.500 millones de euros en la que prácticamente cuadruplicó el número de acciones en circulación. El banco también se negó a ceder al banco malo (la Sareb) una parte de sus activos problemáticos porque ello habría supuesto de forma automática su entrada en el grupo de los bancos salvados y quería hacerlo por sus propios medios.

Una vez hecha aquella gran ampliación de capital todo apuntaba a que el banco iría recuperando la normalidad en los años siguientes y a que su cotización seriamente dañada por la multiplicación del número de acciones también se iría normalizando. Pero no ha sido así. El Popular ha tenido que volver a echar cuentas y como ya le pasara en 2012, ha visto que va a necesitar muy probablemente un nuevo saneamiento extra de sus activos (esta vez calcula que tendrá que aportar 4.700 millones más), lo que le vuelve a obligar a buscar dinero a través de una ampliación de capital para seguir viviendo de forma independiente.

La cantidad de la ampliación vuelve a ser la misma que en 2012. El Popular vuelve a pedir a los accionistas (antiguos y nuevos) 2.500 millones de euros para enjugar las más que probables pérdidas de 2.000 millones que le endosarán en 2016 los saneamientos extraordinarios. En el banco siguen defendiendo su independencia y al menos de momento no parece que haya nadie dispuesto a realizar una oferta hostil para comprarlo contra la voluntad de sus principales accionistas. Ahora no hay por medio un decreto-ley, pero sí una circular del Banco de España que obliga al Popular a sanear más su cartera de inmuebles y créditos.