Pocos nombres en las listas de defraudadores

Será en diciembre cuando el BOE publique la primera lista de defraudadores y morosos con Hacienda, y lo hará con división de opiniones. El ministerio de Cristóbal Montoro lo considera un éxito. En el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, hablan de decepción, palabra que también utilizan PSOE e Izquierda Unida, que querían listas públicas sin restricciones. Y en ambos casos lo dicen porque los defraudadores de la lista Falciani, o los de la última amnistía fiscal, no saldrán a la luz. Solo quienes tengan deudas y sanciones por más de un millón de euros a 31 de julio de 2015 y no hayan pagado en periodo voluntario sufrirán el castigo del escaparate.

La batalla ha sido larga, porque organismos como el Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial salieron al quite para proteger derechos como el de la intimidad y el honor. Tales cautelas acabaron por cambiar la redacción original de la reforma de la ley para que solo se publiquen en el BOE los condenados con sentencia firme en el caso de delito fiscal, y no aparecerán los defraudadores que hayan recurrido, aplazado o avalado sus deudas. Incluso los implicados tiene 10 días para comprobar errores en sus expedientes, antes de la publicación.

Con todo, Hacienda considera un éxito haber logrado la regulación de este tema por primera vez en España. Este hito se consigue pese a las muchas dudas de abogados y asesores fiscales sobre su eficacia y ejemplaridad, aunque países como Estados Unidos y Reino Unido las publican desde hace muchos años.

Tema polémico. El tema es polémico para abogados y asesores fiscales. Mabel Zapata, del bufete Cremades&Calvo Sotelo, señala que “se ha tratado de combinar asuntos tan espinosos como la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad de las personas. No todo el mundo investigado, imputado o incurso en un procedimiento, bien sea judicialmente o en un procedimiento de Hacienda, es un defraudador o delincuente. Y en España cualquiera corre peligro de entrar en esa categoría, sobre todo si hablamos en términos de opinión pública”. Para esta abogada, “está bien que sean públicas las listas de defraudadores, pero con todas las cautelas de la reforma que se ha hecho. Que la pena de publicidad alcance a los condenados en firme por delito fiscal que ya no puedan recurrir sus condenas, así como a los defraudadores fiscales recalcitrantes que han agotado el plazo voluntario de pago y están en procedimiento ejecutivo y final, pero con todas las garantías”.

Zapata comparte también la no publicación de la relación de defraudadores de la lista Falciani o los regularizados de la amnistía fiscal reciente. “El Estado de Derecho es garantista. Puede gustar más o menos, pero si Hacienda dio una amnistía no puede cambiar las reglas y luego publicar la lista de regularizados. Y en el caso de Falciani, si Hacienda invitó a los defraudadores descubiertos a regularizarse y lo hicieron. No se pueden cambiar las reglas del partido en la segunda parte”.

Carmen Méndez, del bufete Caruncho &Tomé &Judel, de la red Hispajuris, de La Coruña, es muy escéptica. “Tengo serias dudas sobre la eficacia de estas medidas. Con publicidad o sin ella, el fraude está ahí. Hacienda sabrá si esto va a mejorar la lucha contra el fraude. Hay opiniones para todos los gustos en la abogacía, la asesoría fiscal y entre los jueces. Lo que creo es que van a salir muchos defraudadores que en realidad son pobres desgraciados, producto de la crisis económica, y sobre todo empresas, que no han podido pagar los impuestos. No vamos a ver a particulares ni famosos, ni grandes defraudadores en la lista del BOE”. Y lleva su escepticismo hasta el final: “Con un castigo adicional, como es la pena de publicidad, Hacienda no recupera lo que no ha conseguido embargar o ejecutar”.