Penas suaves por las cajas hundidas

Los juicios contra los exdirectivos de cajas de ahorros quebradas siguen su lento curso y con sentencias más bien suaves. Los expertos en Derecho Penal eran escépticos sobre la posibilidad de condenas ejemplares y el vaticinio se va cumpliendo.

Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, es especialmente duro. “Es escandaloso –dice– el resultado penal de estos procesos. Es demoledor y desmoralizador el mensaje que se envía a la ciudadanía. Mucha gente pensará que los delitos financieros son baratos, o directamente gratis. Nadie va a la cárcel en España por esto. Y ello pese a tener un Código Penal con penas de cárcel, que no se aplica porque hay sistemas para eludirlas, como los acuerdos de conformidad con la fiscalía en la sentencia y la promesa de devolución de lo apropiado indebidamente”. Y añade algunos agravios más: “El delito de administración desleal, que es un delito, no una falta, prácticamente no se pena nunca. Al parecer la gestión delictiva de empresas, bancos, cajas, todo son gajes del oficio, gajes de la gestión financiera. Si la gente ve que los que han arruinado las cajas, los que han colocado preferentes y subordinadas tóxicas, han arruinado a miles de personas, no va a la cárcel, tiende a indignarse. Como mínimo pierde parte de su fe en la Justicia”.

Óscar Arredondo, juez en excedencia, socio director de Penal del bufete Cremades&Calvo Sotelo, coincide en el juicio de valor pero matiza el problema que tienen los jueces con los delitos financieros: “Hay límites muy finos para calibrar el delito de administración desleal y mucho blindaje en el tema de retribuciones y pensiones a través de las comisiones de retribuciones de las cajas. Con esas coartadas los exdirectivos de cajas se pueden librar de condenas”.

Lista de espera. En todo caso, la expectativa penal y judicial de los excajeros es por ahora inquietantemente barata. Se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional un pequeño ramillete de exdirectivos de cajas por delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa, con peticiones de penas 2 a 4 años. Los fiscales, además de cárcel, exigían la devolución de lo apropiado ilegalmente en forma de indemnizaciones desorbitadas, despidos amañados en contratos a la carta y pensiones millonarias. En otros casos se ha investigado la emisión de preferentes y subordinadas, incursas en presuntas estafas. Pues bien, el balance penal es muy suave: ninguna pena de cárcel, todos hasta el momento han sido exonerados y el único reproche ha sido el de su imagen ensuciada ante la opinión pública, como no podía ser menos. De hecho todos llevan una vida normal y algunos hasta cara.

Hasta hoy, algo más de 200 exdirectivos y exconsejeros integran la nómina judicial del sector. La mayoría, no todos, están procesados por cuatro delitos societarios y financieros como apropiación indebida, administración desleal, falsificación de documentos mercantiles y estafa. Mientras algunos esperaban condenas ejemplares, la realidad es que se ha constatado el escepticismo que manifestaron numerosos penalistas. El argumento más recurrente era “que los delitos financieros en España son muy difíciles de probar en sede judicial, los jueces exigen evidencias rotundas. Los delitos se emboscan en coartadas de gestión o coberturas legales de los órganos de dirección de la entidad, que son ellos mismos siempre. Al final todo se sustancia con poca pena, y muy llevadera”.

Complejos. Y así ha sido hasta ahora. En los juicios celebrados contra los directivos de Caixa Penedés, por ejemplo, el expresidente de la caja, Ricard Pagés, y su cúpula reconocieron la culpabilidad y evitaron la cárcel a cambio de devolver los 28,4 millones de euros cobrados ilegalmente de la que fue tercera caja de ahorros de Cataluña. Peor aún es el balance observado en el único juicio celebrado contra dos ex altos cargos de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la concesión de un crédito presuntamente ilegal de 18 millones. El exdirector general Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés fueron exonerados porque la caja autorizó la operación (o sea, ellos mismos). La entidad tiene pendientes otras tres piezas separadas pendientes de ser juzgadas. También ha sido exonerada, por archivo del caso en la Audiencia Nacional la cúpula de Caja España Duero por emisiones de preferentes en los años 2009 y 2010. En estos días, y hasta el 9 de julio, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio contra la cúpula directiva de NovaCaixaGalicia. Los encausados, con el expresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, al frente, se defienden diciendo que sus indemnizaciones y pensiones millonarias estaban aprobadas por los órganos competentes de la caja, y con las bendiciones del Banco de España. El fiscal pide penas de hasta 3 años de cárcel y devolución de más de 21 millones de euros cobrados ilícitamente. Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas serían los presuntos artífices de contratos millonarios, cuando se sabía que la caja gallega se iba a pique, como así ocurrió al tener que intervenirla el Banco de España.

Y suma y sigue. Muy pronto se iniciará el juicio en la Audiencia Nacional de la cúpula de Caja Castilla-La Mancha, con Juan Pedro Moltó al frente. Sigue también la instrucción de diez piezas separadas de Caja Mediterráneo y Banco de Valencia, con dos sumarios abiertos. Se instruye el de Banca Cívica por su salida a bolsa, y hay un triplete de sumarios en Caja Madrid y Bankia: la salida a bolsa, las preferentes de Caja Madrid, y las famosas tarjetas black de exconsejeros y exdirectivos.

Pendiente está también el juicio por retribuciones y pensiones millonarias de directivos de Caja Segovia. En un juzgado de Barcelona se sigue la causa contra la cúpula y el consejo de Caixa Catalunya en pleno (30 personas), con el exministro Narcís Serra al frente. Mucha tela judicial que cortar, muy complicada y muy lenta. Como dice Óscar Arredondo, “si a lo complejo de los procesos sumamos la falta de medios en los juzgados, tenemos el cuadro completo: ni sentencias ejemplares, ni rapidez en los juicios”.