Los jueces aguan la reforma laboral

La reforma laboral de 2012, una de las iniciativas estrella del paquete de medidas estructurales aprobado por el Gobierno actual en sus primeros meses de mandato, lleva tres años chocando con jueces y tribunales. Los expedientes de regulación de empleo (los famosos ERE) cuentan con numerosas sentencias contrarias y los juzgados que tienen que analizarlos son superexigentes con las formalidades de la ley para aceptar despidos. Exigen a las empresas “pruebas contundentes y objetivas de pérdidas presentes y futuras y necesidades organizativas demostrables”. Quizás los tres ejemplos más famosos por mediáticos sean la anulación de los ERE de Coca-Cola, de Canal Nou (Radio Televisión de Valencia) y de Telemadrid, pero hay otros muchos.

Un dato da idea de cómo se está aplicando en realidad la reforma. Según Aurelio Desdentado Bonete, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, el 50% de los despidos colectivos recurridos desde marzo de 2013 en los tribunales han sido declarados nulos. “La reforma laboral –dice este juez– ha fracasado en los tribunales”.

Federico Durán, socio de Laboral del bufete Garrigues, es muy crítico con todo este proceso. “La reforma laboral –asegura– está agotada, y ello se debe a muchos jueces, contrarios a la reforma, pero también a las ambigüedades del Gobierno y la mala técnica legislativa empleada”. Durán subraya el aumento de la inseguridad jurídica, porque “los juzgados enjuician decisiones empresariales entrando a resolver conflictos de intereses y no conflictos jurídicos. A eso se suma la utilización de los requisitos formales como causa de nulidad del despido. Por tanto ha habido una mayor judicialización de los conflictos laborales”.

Respecto a la flexibilidad interna, señala que si bien la reforma “ha permitido el ajuste de costes laborales, se ha endurecido la doctrina judicial sobre la adaptabilidad interna de las empresas”. Primero se admitía “que las causas no debían ser las mismas que las de los despidos colectivos ni las exigencias probatorias tenían que ser igual de intensas para el empresario, pero ahora el Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de enero de 2015, vuelve a decir que no existe mayor discrecionalidad para el empresario, que las causas son las mismas que las del despido y que el control judicial ha de ser pleno y efectivo”. Dicho de otro modo, los jueces vuelven a tener la sartén y el mango. Este abogado y profesor experto en Derecho laboral concluye que finalmente, “en la negociación colectiva poco ha cambiado. Los agentes sociales no han asumido la reforma y su medida más incisiva, la limitación de la ultraactividad (que los convenios se prorroguen automáticamente al vencer su vigencia) ha sido prácticamente anulada por los Tribunales”.

Fabián Márquez, presidente de la consultora Analistas de Relaciones Industriales (Arisa) advierte que “muchos ERE son nulos por defectos formales” y añade que “ha habido empresarios que han pensado que todo el monte es orégano, sin atenerse mucho a la ley y sus formalidades, y al despedir han comprobado algo que debían saber: que estamos en un Estado de Derecho”. Según este abogado, no se ha utilizado la negociación inteligente, flexible. “Llevo 40 años demostrando que negociar es posible siempre”, señala.

Aplauso sindical. Los sindicatos, por su parte, aplauden. CCOO y UGT creen que los jueces hacen lo que deben: “No aplican una reforma lesiva para los trabajadores, para los derechos laborales adquiridos en décadas”. Los abogados laboralistas sindicales celebran que “los jueces rebajen una ley que facilita y abarata el despido y precariza las condiciones laborales”. Los sindicatos están convencidos, además, de que la ley será revocada en un futuro próximo.

Sea como fuere, muchos expertos advierten una vuelta a sentencias muy proteccionistas. Para Fabián Márquez, “muchos jueces aplican en caso de duda una mayor defensa al más débil, en este caso los trabajadores”. Algo parecido dice Azucena Rivero, directora de Laboral del bufete Hispacolex (de la Red Hispajuris), quien califica la reforma laboral de “ambigua, llena de lagunas, con cabos sueltos que los jueces interpretan, hacen y deshacen. Una ley que pareció dictada a favor de las empresas no lo es tanto al final, tras pasar por los tribunales”.

Roberto Miño, coordinador de Laboral del bufete Cremades&Calvo Sotelo, rechaza la peregrina leyenda urbana de que los jueces se han hecho de izquierdas. “Aplican la reforma en un clima de crisis y de paro masivo. Los jueces ven un aluvión de ERE y frenan la hemorragia de despidos por causas económicas. Hoy es más difícil despedir por causas organizativas y económicas. Todos los días tenemos empresas que pierden mercado, clientes y no pueden sostener la plantilla, pero saben que si hacen un ERE los jueces se lo tiran abajo”.

Naturalmente, la casuística es infinita, pero “con una ley menos ambigua habría menos dudas y menos margen de discrecionalidad de los jueces. Al final se salvarían más empresas y empleos. Hoy tenemos a los sindicatos descontentos, los empresarios insatisfechos y los abogados montados en la incertidumbre. Tienes un 50% de posibilidades de ganar o perder un ERE, una lotería”, señala Miño.

Algo está cambiando. “Nos estamos haciendo un país anglosajón, la ley la hacen los jueces con sus sentencias”. Miño señala que “la crisis económica ha traído la vacuna de la flexibilidad laboral, el adaptarse al mercado. La superprotección del trabajador se ha terminado. Este es el mundo competitivo en que vivimos. Tenemos que cambiar todos, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores... y los jueces, que no son ni de izquierdas ni de derechas. Aplican una ley mal hecha... y punto”, advierte. Finalmente no cree que haya vuelta atrás y que un nuevo Gobierno retire la reforma laboral. “Hay cosas irreversibles, y esta es una de ellas”.