Las trampas de la financiación

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, respondió a las aspiraciones del Gobierno catalán de Artur Mas y provocó el terremoto. Dijo que si se usaran los mismos argumentos del presidente de la Generalitat, Madrid está peor tratada financieramente. Por esa razón, los madrileños tendrían el mismo derecho a decidir que los catalanes. La pretensión madrileña choca con la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de no abrir el melón de la financiación autonómica, pero el debate ya se ha abierto sin ningún freno.

González usó la misma fórmula “derecho a decidir” que se usa por parte de los nacionalistas catalanes a la hora de defender la celebración de un referéndum sobre una posible independencia. El presidente madrileño matizó que no hablaba de convocar un referéndum, pero con sus manifestaciones ha colocado las pretensiones económicas de la Generalitat en el terreno de una pelea entre la segunda y la tercera comunidad, tras Andalucía, más importantes en cuanto a financiación autonómica.

Réplicas y contrarréplicas.

Días después de este contrataque del presidente madrileño, la Generalitat presentó una “lista de agravios”, según su definición, a la que le ha sometido el Gobierno central. Y los cuantifica en 9.375 millones de euros. González ha contrarreplicado: “Todos podríamos hacer una lista de agravios”, mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene una batería de datos para desmentir a los responsables de la Generalitat.

La pretensión del Gobierno catalán de mejorar su financiación se basa nuevamente en las balanzas fiscales. Se trata, básicamente, del cálculo del saldo entre lo que se ingresa en un territorio y lo que se gasta en él. Ha sido siempre un asunto muy polémico. Sin embargo, con el cambio en el sistema de financiación en la última reforma del Estatut catalán, los responsables económicos de la Generalitat (entonces gobernada por el tripartito del PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya) terminaron admitiendo que estas balanzas no tenían que ver con la financiación autonómica, y las relegaron a un mero referente económico más. Ahora se han vuelto a resucitar.

Al final de un complejo debate, toda la negociación sobre la justicia del sistema de financiación autonómica giró sobre los recursos por habitante que tiene cada comunidad, con las debidas correcciones por el tipo de población (más dinero para la sanidad de personas mayores o para educación en comunidades con mayor población infantil) u otras características de su territorio que justificaran la necesidad de más recursos.

Los resultados de la última reforma del sistema de financiación han sido estudiados por uno de los expertos más prestigiosos, Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según sus cálculos, publicados el mes pasado, Cataluña y Madrid se encuentran prácticamente en la media española en cuanto a recursos financieros por habitante. Son otras comunidades las perjudicadas. Los recursos de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias son inferiores en más de un 4% a la media. Eso supone que Canarias tiene 2.149 euros por habitante, frente a los 2.263 que tiene Cataluña. La diferencia entre Canarias y, la mejor tratada, Cantabria, es de 664 euros por habitante, cerca del 30%.

Los casos del País Vasco y Navarra.

Hay que recordar que en esta comparación no se incluyen el País Vasco ni Navarra, que, según ordena la Constitución, se rigen por un sistema de financiación diferente: el concierto económico para el primero y el convenio para la segunda. Este otro sistema resulta mucho más favorable en los recursos que disfrutan estas comunidades. En el País Vasco es un 73,5% superior a la de Cataluña, según otro estudio de Ángel de la Fuente.

Precisamente debido a esta ventaja, el Gobierno catalán de Artur Mas, y antes el Gobierno tripartito del PSC, ERC e ICV, han aspirado a un sistema de financiación similar. Al principio, en la negociación de la reforma del Estatuto, era un objetivo que los responsables económicos confesaban en voz baja. Ahora, es el referente usado abiertamente por la Generalitat. Pero el PSC dio un fuerte bandazo cuando pidió recientemente el fin del sistema de concierto económico del País Vasco y Navarra, que antes tenía como objetivo.

Con la resurrección de los agravios sobre la financiación autonómica y las reivindicaciones del presidente madrileño, Ignacio González, el experto Ángel de la Fuente censura que este utilice los datos de las balanzas fiscales porque “usa el mismo argumento que los nacionalistas catalanes: ‘Soy rico y me quiero quedar con el dinero”. De la Fuente es muy crítico con un sistema de financiación cuyas reglas considera que “no tienen mucha lógica”. Y avisa que “si hacemos lo mismo de siempre, con un tira y afloja y hacemos otra especie de Frankenstein como el actual, no hemos arreglado nada”.

El lado bueno de la crisis.

El Gobierno catalán ha ofrecido lo que ha llamado “pacto fiscal”, que ha sido rechazado por Mariano Rajoy. Se trata de un sistema de financiación para Cataluña muy parecido al concierto económico vasco. En otro estudio, Ángel de la Fuente ha calculado que si se llevara adelante significaría que el resto de comunidades autónomas verían recortados sus recursos en 11.000 millones de euros. Este experto espera que un futuro sistema de financiación se dirija hacia la igualdad y no hacia la extensión del sistema de concierto económico. En su opinión, “la historia del sistema de financiación no lleva al optimismo”. Sin embargo, cree que ahora hay un factor positivo: con la crisis económica no hay recursos, a diferencia de cuando se hizo la anterior reforma, cuando “se trató de meter mucho dinero para contentar a todos”. De la Fuente se escandaliza con la nueva “lista de agravios” de 9.300 millones de euros presentada por la Generalitat. Cree que siguen haciendo las cuentas igual que cuando se discutió la reforma del Estatut. Además, censura con dureza que el Gobierno de la Generalitat, cuyas cifras le colocan en bancarrota y que solo recibe dinero del resto de España, culpe al Gobierno central de su  situación. “Hay cosas que no cuelan”, resume.

El sistema que quiere el Gobierno catalán incluye, a diferencia del concierto económico vasco, una aportación a la solidaridad entre regiones. Esta aportación estaría limitada posiblemente al 4% del PIB de Cataluña. Para este tipo de limitaciones, los gobiernos catalanes han hecho referencia a otros modelos de financiación regional, como el de Alemania. En este país, con un sistema federal, hay reglas para que las regiones más ricas no queden nunca por debajo de la media en recursos por habitante. Este punto es importante en la dura polémica sobre los posibles agravios en España. Según los datos del estudio citado, Cataluña está muy levemente por debajo de la media. Por esa razón, los nacionalistas catalanes, aparcan estos datos y usan los de las balanzas fiscales como base de lo que consideran una discriminación y que, como se ha dicho, fueron desestimadas en la reforma del Estatuto de autonomía catalán. En esta reforma, los nacionalistas también quisieron usar la referencia de la clasificación en riqueza por habitante. El objetivo era que Cataluña no empeorara en este ranking tras la acción niveladora del Estado (por ejemplo, los habitantes con rentas más altas pagan más impuestos). Gobierno central y Generalitat discreparon sobre si la riqueza por habitante y la financiación autonómica tenían relación, por lo que el asunto desembocó en utilizar el referente de la financiación por habitante.

El actual Gobierno catalán no está de acuerdo con las correcciones para ajustar a la realidad de cada región las diferencias en el coste de determinados servicios. De este modo, la Generalitat considera que no se encuentran bien reflejadas las diferencias de costes. así, por ejemplo, han calculado que el coste de una plaza en una residencia para la tercera edad es cuatro veces más cara en Cataluña que en Badajoz, pero se da el mismo dinero. Por eso no quieren que las cuentas las haga el Gobierno central.