Las pensiones y sus problemas
06 / 03 / 2017 José María Vals
Las comparecencias de expertos en el Congreso de los Diputados ponen de manifiesto que dos de los grandes problemas del sistema actual de pensiones son las prestaciones de viudedad y el blindaje de las mínimas.
Celia Villalobos preside la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Foto: José Luis Roca
La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que es la encargada dentro del Congreso de los Diputados de canalizar el trabajo de los partidos políticos para discutir y modificar el sistema público de pensiones, se ha puesto a deliberar. Sus miembros tienen que preparar propuestas para discutirlas y proponer un documento final al Gobierno en el mes de mayo y votarlo antes de que termine el periodo legislativo anterior al próximo verano. En el centro del debate sobresalen dos cuestiones: la revalorización anual de las prestaciones y las pensiones de viudedad.
A lo largo de los últimos meses se han sucedido las comparecencias de expertos y de algunas autoridades económicas, unas con más repercusión que otras, y también ha habido tomas de posición de algunos grupos políticos que van a poner difícil el acuerdo final. Una de esas comparecencias con más repercusión fue, sin duda, la del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, que el 8 de febrero dejaba dicho ante los diputados que si no se hace nada, la inflación se comerá un 7% del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos cinco años, hasta 2022. Muchos de los miembros de la comisión coinciden en señalar que aquella comparecencia fue una especie de punto de inflexión que introducía un nuevo punto en el debate. Escrivá terminaba su exposición reclamando que se tomen medidas para garantizar el equilibrio económico de la Seguridad Social, porque de lo contrario, con la legislación vigente en la mano, las pensiones solo pueden subir un 0,25% anual, algo que este alto cargo independiente calificó de “congelación” en la práctica.
Tan solo doce días después de aquella comparecencia, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) entraba también en el debate con la publicación de un documento en el que, bajo el título de “La salud financiera del sistema público de pensiones español”, aboga por blindar la revalorización de las prestaciones. Y lo hace pidiendo, al mismo tiempo, que los responsables de modificar el sistema no caigan en la tentación de buscar soluciones fáciles, para salir del paso.
Al analizar cómo actúa la legislación vigente sobre el control del gasto en pensiones, Fedea recuerda que “se consigue en buena parte gracias a una norma de actualización de las pensiones ya existentes que implicaría la práctica congelación de las mismas durante varias décadas, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida de muchas cohortes de pensionistas, dependiendo de la evolución de la tasa de inflación”. Se refiere el documento a la famosa cláusula de sostenibilidad que limita al 0,25% la subida anual de las pensiones cuando la Seguridad Social no cuadra sus cuentas.
“Puesto que esta situación resultaría difícilmente sostenible en términos políticos y plantearía problemas de suficiencia para los jubilados con menores ingresos –añade Fedea–, resulta necesario buscar formas de suavizar sus efectos adversos a un coste asumible. Una posibilidad a considerar sería la de ‘blindar’ la pensión mínima del sistema, ligándola a la tasa de inflación. Esta medida tendría un coste medio anual durante los próximos cuarenta años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales”.
