Las pensiones, en campaña

A pesar de que hace ya 21 años (fue en 1995) desde que los políticos españoles decidieron sacar las pensiones de la lucha electoral y crearon el denominado Pacto de Toledo, lo cierto es que este año el tema ha vuelto a estar presente en la campaña y prácticamente no hay nadie ya en España que no muestre su preocupación por el mantenimiento del actual sistema de jubilación.

Las voces de alarma provienen de fuentes tan distintas como el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, que decía hace pocas fechas que el actual sistema no podrá pagar las pensiones en 2030, o el sindicato UGT, que pide medidas urgentes dentro del Pacto de Toledo para asegurar la viabilidad de la Seguridad Social. Y lo preocupante es que los datos corroboran que, efectivamente, algo hay que hacer. El pasado mes de mayo la Seguridad Social gastó en pagar las pensiones 8.467 millones de euros, cifra muy superior a los 5.647 millones que gastaba el mismo mes de 2007, justo antes de comenzar la crisis. Este mes de junio, además, los pensionistas tienen que cobrar la paga extra y el coste total (pensión ordinaria más la paga) alcanzará muy probablemente una cifra cercana a los 17.000 millones de euros. La Seguridad Social necesitará echar mano de nuevo del Fondo de Reserva para poder hacer frente a estos pagos.

Las pensiones,en campaña Frente al alarmismo de algunos expertos, que dicen que dicho fondo puede agotarse definitivamente en 2018, fuentes del Gobierno señalan a TIEMPO que la hucha de las pensiones “está cumpliendo adecuadamente su misión, que no es otra que cubrir agujeros puntuales de tesorería cuando en épocas de vacas flacas el sistema no puede hacer frente a los pagos por sus medios ordinarios”.

Desde UGT, sin embargo, se piden reformas urgentes, por dos motivos: primero, porque el aumento que se está produciendo en el número de cotizantes no se traduce en incrementos paralelos y equivalentes de la recaudación, y segundo, según señalan en el sindicato, “la utilización de la Seguridad Social para reducir las cotizaciones en programas inútiles de fomento a la contratación”. Todo junto, “ha hundido la recaudación por cotizaciones y ha impedido su posterior recuperación”, añaden.

Medidas de ajuste. Una de las cosas en las que coinciden García-Margallo y UGT es en que hay que buscar fuentes de financiación del sistema más allá de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. El PSOE también ha entrado en la batalla con la propuesta de crear un impuesto específico para costear parte del gasto en pensiones. Desde el PP se dice que si la economía sigue creciendo y España llega a los 20 millones de cotizantes, no harán falta medidas adicionales porque el sistema volverá a ser sostenible con los ingresos por cotizaciones. Y el ministro de Exteriores en funciones se muestra parcialmente de acuerdo en poder tirar de los impuestos para financiar parte de la Seguridad Social, aunque no con tributos específicos, sino financiando ese coste como un gasto presupuestario más.

De momento, la mayor parte de los países europeos sigue tomando medidas para alargar la edad de jubilación y subir el periodo de años computables para el cálculo de la pensión final. La combinación de ambas cosas provoca una reducción efectiva de las prestaciones que es, en el fondo, lo que se busca con este tipo de reformas.

Sin embargo, parece que recortar gastos a futuro no es suficiente. Ahora se da la paradoja de que el coste mensual de las pensiones crece mes a mes a pesar de que la cuantía máxima lleva varios años estancada. Y es que lo que ocurre es que los nuevos pensionistas que llegan al sistema, que comenzaron a trabajar a principios de los años 70, cobran de media pensiones más altas que las que percibían quienes salen del sistema por fallecimiento. Eso se debe a que los salarios en los últimos 20 a 30 años han sido mayores. Pero la situación tiende a darse la vuelta.

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida incrementan también el gasto total que el sistema tiene que hacer a lo largo del tiempo con cada nuevo pensionista que se jubila. Por ello, junto a las medidas que reduzcan la cuantía a pagar en las próximas décadas, también se buscan soluciones para obtener recursos.

A pesar de que hace ya 21 años (fue en 1995) desde que los políticos españoles decidieron sacar las pensiones de la lucha electoral y crearon el denominado Pacto de Toledo, lo cierto es que este año el tema ha vuelto a estar presente en la campaña y prácticamente no hay nadie ya en España que no muestre su preocupación por el mantenimiento del actual sistema de jubilación.

Las voces de alarma provienen de fuentes tan distintas como el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, que decía hace pocas fechas que el actual sistema no podrá pagar las pensiones en 2030, o el sindicato UGT, que pide medidas urgentes dentro del Pacto de Toledo para asegurar la viabilidad de la Seguridad Social. Y lo preocupante es que los datos corroboran que, efectivamente, algo hay que hacer. El pasado mes de mayo la Seguridad Social gastó en pagar las pensiones 8.467 millones de euros, cifra muy superior a los 5.647 millones que gastaba el mismo mes de 2007, justo antes de comenzar la crisis. Este mes de junio, además, los pensionistas tienen que cobrar la paga extra y el coste total (pensión ordinaria más la paga) alcanzará muy probablemente una cifra cercana a los 17.000 millones de euros. La Seguridad Social necesitará echar mano de nuevo del Fondo de Reserva para poder hacer frente a estos pagos.

Las pensiones,en campaña Frente al alarmismo de algunos expertos, que dicen que dicho fondo puede agotarse definitivamente en 2018, fuentes del Gobierno señalan a TIEMPO que la hucha de las pensiones “está cumpliendo adecuadamente su misión, que no es otra que cubrir agujeros puntuales de tesorería cuando en épocas de vacas flacas el sistema no puede hacer frente a los pagos por sus medios ordinarios”.

Desde UGT, sin embargo, se piden reformas urgentes, por dos motivos: primero, porque el aumento que se está produciendo en el número de cotizantes no se traduce en incrementos paralelos y equivalentes de la recaudación, y segundo, según señalan en el sindicato, “la utilización de la Seguridad Social para reducir las cotizaciones en programas inútiles de fomento a la contratación”. Todo junto, “ha hundido la recaudación por cotizaciones y ha impedido su posterior recuperación”, añaden.

Medidas de ajuste

Una de las cosas en las que coinciden García-Margallo y UGT es en que hay que buscar fuentes de financiación del sistema más allá de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. El PSOE también ha entrado en la batalla con la propuesta de crear un impuesto específico para costear parte del gasto en pensiones. Desde el PP se dice que si la economía sigue creciendo y España llega a los 20 millones de cotizantes, no harán falta medidas adicionales porque el sistema volverá a ser sostenible con los ingresos por cotizaciones. Y el ministro de Exteriores en funciones se muestra parcialmente de acuerdo en poder tirar de los impuestos para financiar parte de la Seguridad Social, aunque no con tributos específicos, sino financiando ese coste como un gasto presupuestario más.

De momento, la mayor parte de los países europeos sigue tomando medidas para alargar la edad de jubilación y subir el periodo de años computables para el cálculo de la pensión final. La combinación de ambas cosas provoca una reducción efectiva de las prestaciones que es, en el fondo, lo que se busca con este tipo de reformas.

Sin embargo, parece que recortar gastos a futuro no es suficiente. Ahora se da la paradoja de que el coste mensual de las pensiones crece mes a mes a pesar de que la cuantía máxima lleva varios años estancada. Y es que lo que ocurre es que los nuevos pensionistas que llegan al sistema, que comenzaron a trabajar a principios de los años 70, cobran de media pensiones más altas que las que percibían quienes salen del sistema por fallecimiento. Eso se debe a que los salarios en los últimos 20 a 30 años han sido mayores. Pero la situación tiende a darse la vuelta.

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida incrementan también el gasto total que el sistema tiene que hacer a lo largo del tiempo con cada nuevo pensionista que se jubila. Por ello, junto a las medidas que reduzcan la cuantía a pagar en las próximas décadas, también se buscan soluciones para obtener recursos.

Por el lado del coste, la Comisión Europea ha realizado un estudio en el que señala que para 2060, la prestación en España equivaldrá al 49,7% del salario que el trabajador tenía cuando estaba en activo, lo que reducirá su poder de compra a la mitad si no tiene algún tipo de ahorro privado que pueda ayudarle. Ahora, según datos de la OCDE, la pensión media en España equivale al 74% del sueldo en activo.

El ejemplo sueco

Aun así, para el mantenimiento de un sistema público, en el que el Estado garantice la subsistencia de los pensionistas, los expertos coinciden en que hacen falta nuevas fuentes de financiación. Uno de los ejemplos que se ponen para mostrar cómo puede resolverse este nudo es el sistema sueco, en el que tras varias reformas, la financiación de las pensiones se hace por tres vías: impuestos, cuotas y fondos.

En este país existe una pensión mínima garantizada de unos 900 euros al mes para quienes hayan vivido en Suecia 40 años y lleguen a la edad de jubilación, que se financia íntegramente con impuestos. Las cuotas de trabajadores y empresarios llegan también a los pensionistas mediante un sistema parecido al español, de reparto, en el que se fijan unas cuantías en función de los años trabajados y los salarios percibidos durante la vida laboral activa. Y además, el 2,5% de cotización de los trabajadores va obligatoriamente a un fondo de capitalización que se convertirá en pensión cuando se jubile.