La mala gestión tiene premio

España no siempre premia la buena gestión empresarial. A veces el fracaso se premia con cuantiosas indemnizaciones. Vivimos la paradoja de que gestores que dejan a sus empresas al borde la quiebra se despiden con el cobro de contratos blindados y jubilaciones desorbitadas. Un catedrático de Derecho Penal de una universidad madrileña, que prefiere guardar anonimato, señala a TIEMPO que “estamos en el cortijo de los administradores, frente a los accionariados fragmentados; en el abuso de la posición dominante de los gestores, frente a los accionistas y dueños. El Tribunal Supremo ha sancionado que estamos en un libre mercado, pero eso es una ficción. Se limita a exigir que las indemnizaciones cumplan requisitos formales de aprobación por los órganos de gobierno de las empresas. Pero estos casos son ética y estéticamente impresentables. Hay mucho que cambiar en el gobierno corporativo en España”.

El último caso es el de Felipe Benjumea, indemnizado con 11,48 millones de euros, tras 25 años como presidente de Abengoa. El 25 de septiembre de 2015 dimitió, obligado por la banca acreedora, pero cobró un jugoso despido por cese anticipado, más una “cláusula” por pacto de “no competencia” y una “bonificación” por permanencia. Abengoa está en suspensión de pagos, sometida a un proceso de refinanciación de su deuda y con un drástico proceso de adelgazamiento. Pero Benjumea no es el único. Le precedió el exconsejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, en mayo de 2015. Dimitió, sorpresivamente, y cobró 4,48 millones de euros. Las indemnizaciones de Benjumea y Sánchez Ortega las ha pagado Abengoa, que ha perdido el 80% de su valor en bolsa, tiene una deuda de 19.100 millones de euros, ha despedido a 3.000 empleados de su plantilla y está vendiendo o troceando sus mejores activos.

Algo cambia. En este caso, sin embargo, se ha dado un salto cualitativo en la persecución de despidos abusivos. La Audiencia Nacional ha embargado bienes a Benjumea y Sánchez Ortega por valor de 11,5 y 4,5 millones de euros  respectivamente, que es el monto de las fianzas que les impuso a ambos, y que no han satisfecho en tiempo y forma, para responder de una posible condena en el futuro. Ambos presentaron pólizas de seguros para respaldar la fianza, algo rechazado por el juez, que exige que paguen de su bolsillo.

Un caso similar es el de Javier Monzón, presidente de Indra durante 22 años, que cesó el 29 de enero de 2015 con 12,1 millones de un plan de ahorro a largo plazo. Dejó la compañía con el impacto sobre sus cuentas de pérdidas no visibles hasta ese momento y una abultada deuda. El generoso despido se lo concedió el consejo de administración un año antes, acompañado de una cláusula de no competencia de 4 millones de euros. El premio a Monzón se firmó antes del afloramiento de esos 561 millones de pérdidas ocultas, en septiembre del año pasado.

Un despido puede venir tras décadas de carrera ejecutiva, pero a veces tras una gestión de cinco años. Baldomero Falcones fue consejero delegado y presidente de FCC desde diciembre de 2007 a enero de 2013, cuando fue destituido con 11,5 millones de euros, aunque el finiquito fue finalmente de 7,5 millones. Falcones dejó FCC con unas pérdidas de 1.500 millones en 2013 debido a deudas y saneamientos por inversiones fallidas en Centroeuropa. Su sucesor, Juan Béjar, máximo ejecutivo entre 2013 y 2015, diseñó el salvamento de la compañía y entregó FCC al millonario mexicano Carlos Slim, que ha arrebatado el control de la empresa a la familia Koplowitz. Por este trabajo, y además de su sueldo, Béjar se ha llevado 8,3 millones de euros de indemnización y además se ha quedado como presidente de la filial de autopistas de FCC, la firma Globalvía.

Las cajas. Con todo, donde se rizó el rizo del premio a dudosos gestores fue en las cajas de ahorros, donde indemnizaciones, jubilaciones y prejubilaciones por cantidades bochornosas han acabado inundando los juzgados. Una treintena de directivos de las cajas se adjudicaron más de 40 millones de euros por indemnizaciones, prejubilaciones y jubilaciones, a tenor de las querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, presidentes de Caja Madrid y Bankia, respectivamente, protagonizan los casos más sonados, aunque no los más jugosos, ni los mejor librados. Blesa y nueve directivos tenían 25 millones pactados en un bonus tras dejar la entidad, cantidad que nunca cobraron, ya que Caja Madrid no pagó las indemnizaciones. Rodrigo Rato cobró una indemnización de 1,2 millones de euros al salir de Bankia, pero el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, le retiró el dinero de su cuenta. Blesa y Rato son también la cabeza visible del caso de las tarjetas black, ocultas a Hacienda, con las que 82 ejecutivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia gastaron 15 millones de euros. En el rosario de directivos de cajas hay indemnizaciones y jubilaciones desde 900.000 euros hasta 16 millones. Destaca José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia durante 29 años. A su salida cobró 16,5 millones de euros, pensión propia de un presidente de un banco americano en plena fase de éxito. Semejante pensión no corona, sin embargo, ningún logro empresarial, cobró tras dejar Caixa Galicia fusionada a empujones con Caixa Nova y luego ambas intervenidas por el Estado para evitar su quiebra. No le va a la zaga el exdirector general de Nova Galicia Caixa, José Luis Pego, beneficiario de una prejubilación con un seguro vitalicio de 10,8 millones de euros.

En este curioso ranking destaca también Roberto López Abad, director general de Caja del Mediterráneo desde 2001 a 2010. Se embolsó 3,8 millones de euros de prejubilación y varios millones más en concepto de pensión. Su sucesora en el cargo, Dolores Amorós, se adjudicó 370.000 euros de pensión vitalicia. Y otro ejemplo reciente: cuatro directivos de Caixa Penedés, juzgados en la Audiencia Nacional, que se indemnizaron con 31 millones de euros, fueron condenados con pena mínima. Ricard Pagés, Manuel Troyano, Santiago Abella y Juan Caellas aceptaron una condena de conformidad que no implicaba cárcel.