La guerra de los estanqueros

La protesta que llevó en abril pasado a apagar miles de máquinas expendedoras de tabaco durante algunos días destapó una presunta guerra entre el Ministerio de Hacienda y los estancos. Pero parece que la batalla es solo de una parte del sector. El conflicto lo protagonizan un grupo de 90 expedientados por presunta promoción ilegal de marcas que pueden acabar con multas muy elevadas.

La mayoritaria Unión de Asociaciones de Estanqueros, que tiene 8.000 afiliados sobre los 13.500 estanqueros del censo, no defiende a los implicados, mientras Empresarios y Comerciantes del Tabaco (ECOT) y la Plataforma del Mercado del Tabaco (PMT), denuncian lo que consideran un uso desproporcionado y abusivo de la legislación por parte del Ministerio de Hacienda.

Como es sabido, la guerra estalló por las multas impuestas a un grupo de vendedores que según el Comisionado del Mercado del Tabaco (organismo dependiente de Hacienda) hacían promoción ilegal de marcas mediante contratos de “información comercial”, algo prohibido por la ley. Las sanciones pueden ir desde 120.000 a 300.000 euros, algo que tiene aterrorizados a los afectados, mientras Hacienda niega que haya ninguna guerra sino una protesta de un grupo de expedientados, “que tienen todas las garantías de defensa, incluido el recurso posterior a los tribunales”, señalan en el ministerio.

Lo que sí ha logrado el conflicto es dividir aún más al sector, porque todos quieren justicia, pero no la misma. De un lado están los expedientados, y de otro la mayoría de los estanqueros, agrupados en la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España (UAEE). Esta asociación no se solidariza con los sancionados, a los que califica de “minoría que comete infracciones e incurre en competencia desleal”. Y tampoco admite que “haya ninguna guerra entre Hacienda y los estanqueros, lo que hay es un grupo de infractores que hacen mucho ruido”. En cambio, los asociados en ECOT y PMT se enfrentan abiertamente a Hacienda, a la que acusan de “métodos abusivos” y de aplicar “una legislación sancionadora desproporcionada y obsoleta, que data de 1998”, mientras piden revisar la regulación del mercado del tabaco.

En venta

Lucas Fernández, portavoz de PMT, señala que ya hay consecuencias graves del conflicto. “Se han puesto en venta tres veces más estancos que antes del conflicto. El sector tabaquero es un mercado bajista, muy regulado, con nuevas y duras directivas europeas, y no puede sobrevivir en un clima de inseguridad jurídica como el que plantea el Comisionado del Tabaco”, dice. Mientras tanto, el Comisionado debe velar por mantener la estricta neutralidad comercial que la ley exige a los estanqueros, a los que en teoría se les puede multar hasta por regalar mecheros de una determinada marca.

El detonante se produjo en 2015, cuando el Comisionado de Tabaco descubrió a un estanquero mallorquín que realizaba promoción ilegal de marcas, bajo la ficción de un “contrato de información comercial” con algunas tabaqueras. Este organismo oficial hizo masivas inspecciones en toda España, descubriendo que algunos estanqueros se habían lucrado hasta con 100.000 y 200.000 euros con estas prácticas. Los inductores serían grandes tabaqueras, multadas también con sanciones millonarias. El conflicto ha derivado en acusaciones de los estanqueros pillados contra los fabricantes, por un presunto engaño e inducción a cometer irregularidades.

Las infracciones se habrían cometido en las máquinas al colocar el tabaco de unas marcas por encima de otras, manipular las botonaduras para inducir la compra del cliente, o solo rellenar las máquinas con determinadas marcas, las que les pagaban por “contratos de información comercial”.

La ley es la ley

Es vox populi en el sector que hay muchas máquinas de tabaco en España que no son rentables. Las 150.000 repartidas por todo el país sufren una dura competencia y el margen de recargo es del 0,15%, lo que obliga a ventas muy altas para poder sacarles algún provecho real. Los bares tienen máquinas solo para ayudarse en los gastos generales o para atraer clientes.

Así las cosas, el Comisionado del Tabaco se remite a las normas. “La ley –dicen en este organismo– obliga a la neutralidad comercial a todos los expendedores. El 99% de los estanqueros son escrupulosos con la normativa y no tienen nada que temer”. Los 99 expedientados por estas prácticas suponen solo un 0,7% del colectivo de estanqueros y entre los 94 expedientes abiertos en el primer trimestre de 2016 no todo son prácticas comerciales ilegales ni todo termina en sanciones.

Mientras tanto, la Plataforma del Mercado del Tabaco, la organización más combativa, pretende que “se cambien las reglas de juego en el mercado del tabaco, que haya seguridad jurídica. Se trata de asegurar la supervivencia del sector, amenazado en muchos frentes (solo el 32% de los adultos son fumadores), asfixiado por impuestos y regulado de modo obsoleto desde 1998”, dice su portavoz Lucas Fernández. En su opinión, el Estado debe ayudar a crear un nuevo campo de juego razonable, ya que se juegan 9.300 millones de euros de facturación, 3.000 millones de valor añadido y 61.000 empleos. “Egoístamente, el Estado debe ayudar –dice– ya que el tabaco es el quinto ingreso fiscal del Estado, tras el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. También le interesa que el tabaco sobreviva”.

ECOT y la PMT advierten que las sanciones pueden hacer desaparecer a los estancos implicados y generan inseguridad jurídica. Según ellos, los estancos en general valen ya un 25% menos en el mercado, una gran parte (hasta 400) van a ser puestos en venta y otros muchos cerrarán en 2017.