El negocio de gestionar una quiebra

Nóminas imposibles de pagar, trabajadores que ven su puesto de trabajo pender de un hilo y deudas millonarias. Es la realidad de 6.755 empresas a las que, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2011 no les salieron las cuentas y entraron en concurso de acreedores. Su gestión pasó así a manos de administradores concursales, unos profesionales elegidos por los jueces de los que depende que una empresa en situación agónica se salve o termine por echar el cierre.

El auto judicial del concurso de acreedores de Spanair, uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, cita “la experiencia, el conocimiento y la formación” para justificar su elección. Son tres criterios tan válidos como cualquier otro, ya que debido a la redacción ambigua y a la falta de un desarrollo normativo de la Ley Concursal, los jueces eligen de manera discrecional (a dedo) al administrador más idóneo de entre los miles de candidatos registrados en los colegios profesionales. Es lo que hace José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil Número 3 de Barcelona, quien confiesa que “para concursos grandes” trata de buscar a profesionales “vinculados a grandes despachos”, mientras que en casos más “modestos”, procura favorecer a aquellos con menos experiencia “para que puedan promocionar”. Una forma de elección arbitraria, que sin embargo no es criticable desde el punto de vista de Fernando González, administrador concursal y presidente de Iure Abogados, bufete madrileño especializado en Derecho Concursal, ya que considera que es precisamente el hecho de ser personas conocidas por el juez lo que garantiza su idoneidad.

La consecuencia directa es que determinados nombres tienden a repetirse, sobre todo en los concursos más importantes, y a los profesionales del gremio no les queda más remedio que enzarzarse en una lucha por darse a conocer ante un juez. “No hay día que no me lleguen diez currículos al despacho”, reconoce el magistrado, quien confiesa que se suelen multiplicar cuando tiene entre manos casos especialmente mediáticos y, por tanto, económicamente más apetitosos. Los honorarios de estos profesionales son muy variables y se calculan aplicando un porcentaje, que en algunos casos puede alcanzar el 10% del pasivo de la empresa, es decir, del total de la deuda acumulada, que además solo puede pagarse en efectivo.

Sin embargo, los profesionales de la administración concursal insisten en que casos como el de Martinsa-Fadesa, el mayor concurso de acreedores de la historia de España, que según el auto del juez reportó honorarios de cuatro millones de euros a cada uno de los administradores, son hechos aislados. Denuncian que muchas veces, sobre todo cuando se trata de empresas más pequeñas, los administradores ni siquiera llegan a cobrar. Para paliar estas diferencias, la reforma de la ley ha previsto la creación de un “fondo solidario”, aún por desarrollar, de manera que aquellos que más perciben aporten un porcentaje de sus ingresos y así poder compensar económicamente a los que no cobren. Y es que los administradores concursales recuerdan que la suya es una actividad laboral que, como cualquier trabajo, debe ser remunerada y que, además, conlleva una serie de responsabilidades civiles y penales.

¿Liquidar o reflotar?

Y es que los esfuerzos que un administrador concursal haga para reflotar una empresa no siempre son directamente proporcionales a la retribución económica que este recibirá a cambio. “Por lo general las empresas que entran en concurso de acreedores están ya muy deterioradas”, excusa el magistrado Fernández Seijo, que añade que en la mayoría de los casos optan por pedir directamente la liquidación. Sin embargo, fuentes del sector apuntan a que en muchas ocasiones liquidar una empresa puede ser más rentable para el administrador que tratar de reflotarla. Además, Fernando González, por su parte, no duda en criticar que en algunos casos los administradores tratan de dilatar al máximo el proceso, para así prolongar durante más años el cobro de honorarios.

“Pongamos por ejemplo el caso reciente de una conocida agencia de viajes, con cientos de oficinas alquiladas por toda España. Si el administrador sabe que dada la situación económica de la empresa los arrendatarios de esos locales no van a cobrar, lo primero que habría que hacer es rescindir los contratos para que los dueños puedan destinar sus locales a otras actividades; no tiene ningún sentido dejarlo para más adelante”, critica. Algo parecido a lo que sucede cuando se empeñan en no rescindir el contrato a trabajadores a los que no pueden pagar, impidiéndoles cobrar la prestación por desempleo.

La labor del administrador concursal empieza cuando se hace cargo de una empresa en situación de insolvencia, “que no significa la muerte”, aclara González. Su función consiste en identificar y tipificar el patrimonio, para así determinar si su continuidad es viable. “Que una empresa entre en concurso de acreedores es como que una persona entre en la UVI”, explica, y su recuperación “en gran medida depende de las ganas que se pongan”. Nuevas opciones de mercado en el extranjero, venta de sedes, reducción de plantilla... las opciones son infinitas y el administrador puede hacer todo lo que su imaginación le permita. El principal problema es, según algunos profesionales, que no siempre se aportan soluciones.

Una imaginación que previsiblemente tendrán que emplear al máximo el próximo año. Fernández Seijo vaticina, a tenor del inusual incremento de casos que ha experimentado su juzgado en lo que va de 2012, un incremento del 15%. Miles de empresas volverán a quedar en manos de profesionales, que aún siguen esperando un estatuto jurídico que regule su actividad profesional, para evitar que “se sigan dejando empresas que se podrían salvar en manos de profesionales que no acreditan una serie de garantías”, según González. De acuerdo con las estadísticas, el 90% de las empresas que entra en concurso de acreedores en España termina cerrando. Sin embargo, la reciente reforma de la Ley Concursal, una de las últimas aprobadas por el Gobierno de Zapatero, deja un espacio para el optimismo. “Si se cumpliera la ley, se salvarían más empresas”, sentencia.