Desbandada de cargos por las elecciones

Existe una maldición china que se limita a desear al pobre destinatario que viva tiempos interesantes. Aunque pueda parecer algo naíf, no es una amenaza gratuita. La historia ha enseñado una y otra vez a los chinos que rara vez los tiempos interesantes son pacíficos y la mayoría de las veces acaban saldándose con multitud de víctimas. Pues bien, España vive en el ámbito político uno de los momentos más interesantes de su historia reciente. La llegada de dos nuevos partidos con posibilidades de gobernar va a trastocar todos los equilibrios de poder que había establecido el bipartidismo. Falta saber quiénes serán las víctimas del terremoto. A día de hoy muchos cargos públicos y electos de los dos grandes partidos siguen maniobrando para tratar de salvar los muebles. Al menos los suyos.

El primer paso del terremoto que amenaza con sacudir España tendrá lugar en solo dos semanas, el domingo 24 de mayo, cuando los españoles elegirán de nuevo a cerca de 70.000 concejales (muchos sin salario) y algo más de 850 diputados autonómicos. Pero no solo ellos se la juegan. La maquinaria parlamentaria de los partidos depende directamente del poder que les otorgan las urnas. Hay multitud de asesores, secretarias, administrativos e incluso cargos políticos que dependen del resultado de uno u otro partido. Y la cifra se dispara si el partido ocupa el Gobierno autonómico, la alcaldía o las diputaciones. Algunos cálculos cifran en 50.000 los cargos remunerados, electos o de designación, que se juegan PP y PSOE en las municipales y autonómicas. Ante la incertidumbre del resultado, en los últimos meses muchos de esos cargos se han movido para encontrar una salida fuera de la política o asegurarse un puesto que les permita seguir cobrando un sueldo público.

Un caso paradigmático es el de los delegados y subdelegados de Gobierno. Su puesto depende directamente del Gobierno central, ahora ocupado por el PP, pero una gran incógnita a partir de noviembre. En las últimas semanas al menos cuatro delegados de Gobierno (Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura) y cinco subdelegados (Madrid, Valladolid, Tenerife, Cuenca y Zamora) han cesado en sus cargos. El caso más famoso es el de Cristina Cifuentes, candidata a la Comunidad de Madrid, pero todos los demás también se han integrado con mayor o menor fortuna en listas electorales, todos, en principio, en puestos de salida. La disyuntiva estaba entre aguantar seis meses en el cargo o tener la seguridad de cuatro años al calor del grupo parlamentario o municipal.

Volver a la casa paterna. Menos afortunados son muchos concejales que han quedado fuera de las listas o están en puestos en los que tienen la seguridad de que no saldrán elegidos. En los últimos meses han llegado hasta las sedes, regionales principalmente pero también a las nacionales en Madrid, multitud de peticiones para encontrar una salida a militantes que serán expulsados de la vida política durante al menos los próximos cuatro años. Saben que cualquier esperanza pasa por las decisiones del partido.

Hay casos de todo tipo. Desde familias que dependen en gran medida del sueldo que recibían desde la Administración, hasta concejales que se verán obligados a volver a casa de los padres y seguir estudiando una vez apartados de la Administración. Todos ellos se seguirán moviendo de aquí a noviembre para tratar de reengancharse a la política y pensando, probablemente, que maldita la hora en que les tocó vivir tiempos tan interesantes.