Cómo se persigue el dinero negro

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que destapó inicialmente la trama de Mario Conde, ha aumentado su eficacia en un 55% desde el año 2012, pero los expertos creen que aún queda mucho por hacer. Los casos de Conde, procesado y encarcelado por blanqueo, o Rodrigo Rato, acusado del mismo delito, son la guinda de un trabajo oculto que al final da sus frutos.

A pesar de estos avances, muchos profesionales del Derecho y la judicatura son escépticos, porque, aunque ha habido avances legales y operativos significativos, no hay todavía un número convincente de sentencias contundentes, ni multas disuasorias, ni cantidades significativas de dinero recuperado para la Hacienda pública, como para decir que la batalla está ganada. El Sepblac tampoco informa por separado del resultado de su trabajo, por lo que es difícil saber cuántas condenas o multas proceden de su labor de vigilancia.

El Sepblac es un organismo integrado por los ministerios de Economía y Hacienda, además de por el Banco de España, la Fiscalía Anticorrupción, Policía y Guardia Civil. Hoy cuenta con más medios legales y materiales, pero el aumento de su eficacia se debe sobre todo a la ley antiblanqueo de 2010 y a la colaboración, entre otros, de bancos, operadores financieros, notarios y registradores. Todos ellos están obligados a informar a este servicio al mínimo indicio de delito de blanqueo, salvo que quieran incurrir ellos mismos en delitos de cooperación necesaria, encubrimiento o complicidad.

Penalistas como Óscar Arredondo, del bufete Cremades&Calvo Sotelo, o Ruric Morillo, de Hispajuris, señalan que “aún queda mucho por hacer; desde 2010 tenemos una ley suficiente, hay determinación en los jueces y más eficacia policial, porque los agentes financieros y profesionales denuncian más los indicios del delito”. Pero para que todo esto cale en la sociedad, como subraya el letrado Morillo, falta la prueba del nueve: “Hay que ver un número de sentencias ejemplares, con cárcel efectiva y completa, multas disuasorias y mucho dinero recuperado en los juzgados, porque el dinero blanqueado se evapora en un 90%”.

En todo caso, esta colaboración de las entidades financieras se empieza a notar. Las actuaciones del Sepblac alcanzaron las 9.359 en 2015, según datos del organismo. Los bancos aumentaron las denuncias un 20% y las entidades de pago (gestoras de remesas de emigrantes), en un 74% entre 2013 y 2014. En 2015 alcanzaron la cifra de 2.406, que supone un aumento del 7,5%.

La mejora se debe también a que el Sepblac, el Banco de España y Hacienda, recuerdan a todos los obligados las penas a que se exponen por no denunciar. Periódicamente se les recuerda a bancos, aseguradoras, notarios, registradores, abogados, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, auditores, contables, emisores de tarjetas de crédito, casinos, administraciones de loterías y gestoras de remesas de emigrantes, el riesgo que corren si no denuncian el mínimo indicio de delito. “Se les puede sancionar duramente por negligencia, cooperación, complicidad o encubrimiento, si no cumplen con el imperativo legal de denunciar a la mínima sospecha”, señalan fuentes del Ministerio de Economía.

Algo más que un soplo

Las denuncias ayudan sobremanera. La coincidencia es general en que la ley antiblanqueo marca un antes y un después, todo ha cambiado desde que se obliga a empresas y profesionales a denunciar al Sepblac meros indicios de delito. Pero también la Administración cuenta con más medios personales y, sobre todo, hay más coordinación entre los órganos supervisores (Banco de España, Dirección General de Seguros y CNMV) y entre Hacienda, fiscales, jueces, Policía y Guardia Civil.

Los sectores más vigilados, por su riesgo potencial, son el comercio internacional, el inmobiliario, las profesiones liberales, la hostelería y las entidades de pago (transferencias de emigrantes). Madrid, el arco mediterráneo y Barcelona son las regiones que concentran las denuncias (solo Madrid registra casi un tercio de ellas). Los países de destino de los fondos blanqueados son todos los de la Unión Europea, especialmente Alemania, Reino Unido y Suiza. Son destinos preferentes también Estados Unidos y Hong Kong. Los países de origen de capitales blanqueados suelen ser Suiza, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia, Chipre y Emiratos Árabes Unidos.

La OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismos que lideran la lucha contra el blanqueo, señalan a España como buen alumno en la persecución del fraude y los delitos, pero poco ejemplar en las condenas, ya que muchas veces se saldan con multas e inhabilitaciones. Prácticamente nadie va a la cárcel. El caso de la cantante Isabel Pantoja, condenada a dos años, es, hasta el momento, excepcional. El último informe público del GAFI anota avances, aunque insuficientes, máxime ante el crecimiento de la economía sumergida, que en España puede estar en torno al 20% del PIB. La prueba de si se gana o se retrocede en esta lucha contra el blanqueo de capitales es si hay más o menos economía sumergida y ese saldo es todavía negativo.

Los expertos consultados por TIEMPO comparten esta opinión. Las penas por blanqueo más habituales van de seis meses a 3 años de prisión, aunque lleven aparejados delitos fiscales, que agravan las condenas. Los letrados Arredondo y Morillo vuelven a coincidir: “Los procedimientos por estos delitos son largos, estos delincuentes son muy sofisticados y es muy difícil de probar los delitos. Al final no se dictan condenas duras”.

Sobre los casos de mayor actualidad, los que afectan a Mario Conde o Rodrigo Rato, ambos juristas responden con un “veremos en qué queda, porque hay una maraña de empresas y movimientos que desentrañar a efectos penales”.