Bankia pelea contra las costas judiciales

Bankia ataca a los abogados que representan a los clientes que reclaman el dinero invertido en ella. La entidad financiera pierde prácticamente todos los casos judiciales y es condenada en costas. Esto quiere decir que tiene que pagar la minuta de los abogados de los demandantes. La entidad se queja de que estas son demasiado caras y que ha tenido que hacer unas provisiones de 500 millones de euros (400 para las posibles condenas en costas, mas otros 100 para pagar a sus propios abogados) para cubrir los costes judiciales que podría tener en el futuro. Además, Bankia ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los colegios de abogados porque considera que los baremos orientativos para calcular estas costas incumplen esta normativa.
 Los abogados de los afectados que perdieron su inversión, por su parte, se muestran indignados con la estrategia de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Sostienen que este banco pretende acabar con quienes han conseguido que miles de clientes recuperen su dinero.

Estos abogados subrayan que Bankia sufre estos gastos por su insistencia en pleitear, a pesar de que pierde prácticamente todos los juicios. También recuerdan que Bankia cobra costas calculadas con el mismo baremo que ahora denuncia cuando, por ejemplo, realiza una ejecución hipotecaria.

Tanto el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, como su consejero delegado, José Sevilla, han dicho que van a reconsiderar su estrategia a la vista de unas cifras que Sevilla ha calificado de “excesivas y desproporcionadas”. Bankia sufrió durante 2015 un aluvión de nuevas demandas por lo que consideran un “efecto llamada”, esto es, se presentaban más demandas conforme se conocía que los tribunales fallaban a favor de los inversores. Esto provocó que esta entidad  tuviera que realizar una provisión adicional en sus cuentas en el pasado año sobre lo que estaba previsto inicialmente. Esto tiene un efecto significativo sobre los márgenes y ratios más importantes de sus cuentas.

La cifra redonda de los 500 millones de euros de provisión entre abogados propios y condenas en costas (pago de las minutas de los abogados de la parte contraria) se corresponde con la eventualidad de que Bankia tuviera que hacer frente finalmente al pago de la totalidad del tramo minorista de su salida a bolsa. El Tribunal Supremo decidió la anulación de la suscripción de acciones “debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública”, es decir, de la salida a bolsa de Bankia. La entidad financiera considera un escenario en el que tuviera que devolver aproximadamente 1.300 millones de euros del total de 1.800 millones en que consistió el tramo minorista de su salida a bolsa en el año 2011. Hasta el momento se han presentado reclamaciones por valor de 829 millones de euros. De las 76.546 demandas presentadas, a 31 de diciembre de 2015 hay sentencias firmes sobre 13.478 de ellas, correspondientes a casi 82 millones de euros. La entidad considera que si se comparan las minutas de los abogados de los demandantes con las de sus propios letrados, están afrontando un sobreprecio de 150 millones de euros, según la denuncia presentada a la CNMC.

Los bufetes de abogados de los particulares que demandan recuperar su dinero han visto crecer su negocio. Uno de los más importantes es el de Arriaga Asociados, que ha utilizado como reclamo publicitario al portero Íker Casillas, uno de sus clientes. Este despacho partió de cero en junio de 2013 y ese mismo año ya consiguió facturar algo más de un millón de euros. En 2014 ha cerrado sus cuentas con una facturación de 6,4 millones de euros y prevé, según su informe anual, que en los primeros seis meses de 2015 ya duplicara esa cantidad.

Los beneficios de Arriaga en 2014 ascendieron a 104.000 euros. Los ingresos provienen fundamentalmente de las provisiones de fondos que realizan los clientes para las reclamaciones, aunque ya hay que sumar los ingresos obtenidos por los servicios que finalmente se cobran al finalizar el proceso judicial. Arriaga Asociados asegura que tiene un porcentaje de éxito de más del 98% en primera instancia y del 99% en apelación. El bufete pasó de 7 trabajadores en 2013 a 101 al año siguiente. También concentra un buen número de reclamaciones Bufete Rosales, cuya cifra de negocios alcanza ya 1,4 millones de euros en el ejercicio 2014 frente a los 357.000 de dos años antes.

Bankia calcula que la media que tiene que pagar a los abogados de la parte contraria era de unos 3.500 euros y que sus propios letrados, por el contrario, solo le cobraban unos 800 euros. Respecto a la denuncia de Bankia a la CNMC, la entidad considera que los colegios de abogados establecen unos precios orientativos que van contra la libre competencia. El Colegio de Abogados de Madrid, uno de los señalados en esta denuncia, aunque todavía no tenía constancia formal de la denuncia a la CNMC, explica a esta revista que el mecanismo es otro. Cuando se impugnan unos honorarios porque la parte condenada en costas los considera excesivos, el colegio de abogados “emite un dictamen de naturaleza pericial, preceptivo (por imposición de ley) y de carácter no vinculante para el juzgado, que resolverá lo que entienda procedente”. Por esa razón considera que “ha de rechazarse cualquier consideración contraria a las normas de competencia”.

En Arriaga Asociados y Bufete Rosales atacan con dureza a Bankia. “Me sonroja que un banco que está haciendo miles de demandas como ejecuciones hipotecarias que se pueden rellenar en un simple papel y cobra luego no solo el valor de la casa, sino unas costas importantes, se queje de las que tienen que pagar ahora ellos al ser condenados”, dice a TIEMPO Jesús María Ruiz de Arriaga, del despacho Arriaga Asociados. Este abogado explica que para llevar adelante los pleitos su bufete ha tenido que investigar y atraer clientes con grandes campañas de publicidad, con lo que si hubieran cobrado menos no abrían podido sostenerlos económicamente. De hecho, adelanta que el pasado ejercicio 2015 no han obtenido beneficios “porque hemos tenido muchísimos gastos”. Para Arriaga, “Bankia lo que pretende es que no hagamos publicidad” para evitar que capten clientes. De esa manera cortarían con lo que los propios responsables de la entidad financiera califican de “efecto llamada”. Este bufete lleva por ahora a unos 25.000 de los 347.000 accionistas que acudieron al tramo minorista de la salida a bolsa. La suma de la reclamación de estos 25.000 clientes asciende a 347 millones de euros.

Ruiz de Arriaga recuerda que las costas se cobran según los baremos de los colegios de abogados, que no son públicos, y cuya intención es orientar para evitar que las condenas en costas sean excesivamente caras. Quien no esté de acuerdo con las costas que se le imponen puede acudir al colegio de abogados para que dictamine si no son abusivas. Si aun así no está de acuerdo con el dictamen, puede apelar a la Audiencia Provincial. Bankia denuncia que Arriaga no informa claramente a sus clientes sobre qué hace con las condenas en costas y los intereses. Este bufete lo desmiente. Asegura que “informa a sus clientes con claridad de todo lo que se juega”.

Pero Ruiz de Arriaga destaca que “todo esto pasa porque Bankia se niega a seguir los criterios de los jueces”. Hasta ahora, Bankia pierde en el 96% de los casos. Según el responsable de este bufete, esta entidad solo quiere pagar si un juez le obliga. La razón por la que le conviene esta estrategia aunque tenga que ser condenada en costas es que, según calcula Arriaga, solo el 20% de los afectados va a los tribunales, con lo que Bankia estaría haciendo lo posible para disuadir a los que compraron acciones de recurrir a la Justicia. Son los inversores más pequeños los que más reacios se muestran. Los que invirtieron cantidades mucho mayores sí se plantean que merece la pena el pleito. “Lo que quieren es callarnos”, dice Arriaga, ya que solo este despacho lleva a unos 25.000 inversores de Bankia.

La entidad financiera también se queja ante la CNMC de que los colegios de abogados no establezcan criterios para calcular cuotas de aquellas demandas individuales que son calcadas unas de las otras. Arriaga responde que Bankia se queja de esto, cuando los bancos, por otra parte, realizan ejecuciones hipotecarias en las que los intereses y los gastos judiciales llegan a ser el 40% del valor del inmueble.

Arriaga sostiene que “somos de los que cobramos menos” y explica los pactos a los que llega con sus clientes para el cobro de sus honorarios en la hoja de encargo “en letra bien grande y en una hoja y media, no como la letra pequeña de los contratos bancarios”. “Si han perdido poco, quizá no les interese”, admite. Depende de la cuantía del pleito y del pacto a que llegue con sus clientes, este despacho gana los intereses que se condena a pagar a Bankia. En algún contrato conocido por esta revista, se establece que el cliente debe pagar una provisión de fondos que siempre cobrará el despacho, aunque si gana con condena en costas a la otra parte, devolverá esta provisión. Según este tipo de contrato, Arriaga se queda con los intereses si gana el pleito.

El caso de las reclamaciones sobre la salida a bolsa de Bankia ya ha llegado al Tribunal Supremo, pero todavía puede haber miles de nuevas demandas. Los plazos para reclamar dependen, en primer lugar, de los motivos que se aleguen: porque se ha incumplido la normativa del Mercado de Valores; porque se ha engañado en la salida a bolsa; por contrato incumplido porque no se ha informado bien; o por daños ocasionados. “Cada motivo tiene un plazo”, explica Ruiz de Arriaga. El fin del periodo para reclamar depende también de cuándo se establece que el inversor tuvo conocimiento de su perjuicio. Bankia sostenía que era desde la fecha de salida a bolsa, de la que ya han pasado cuatro años, lo que está en discusión. El segundo plazo sería en mayo de este año, si se considera como fecha inicial el momento en el que Bankia reformuló sus cuentas. Pero para Arriaga, también se podría considerar como plazo inicial el momento en el que los peritos del Banco de España señalaron que las cuentas no eran correctas o incluso más allá, porque luego hubo otros peritos que contradecían a los primeros. Ruiz de Arriaga recuerda que “el Tribunal Supremo dice que el plazo debe favorecer a los afectados y no ser estricto”. En todo caso cree que los inversores deberían reflexionar sobre si merece la pena agotar los plazos cuando estos son difusos.

José Baltasar Plaza Frías, socio director de Bufete Rosales, afirma que con las quejas sobre las costas que tiene que soportar Bankia cuando pierde los juicios, la entidad financiera “está intentando engañar a los clientes y a la ciudadanía”. “Si paga costas es porque han generado esta situación y obligan a los afectados a ir a los tribunales”, añade el abogado, que recuerda que Bankia podría haber establecido alguna medida para devolver el dinero a los inversores sin ir a juicio y no lo ha hecho. Respecto a la denuncia ante la CNMC sobre las valoraciones de las costas que hacen los colegios de abogados, Plaza recuerda que Bankia “en 4.500 sentencias no ha impugnado ninguna por excesiva” y que las valoraciones de los colegios “se están aplicando en juicios de todo tipo en España per secula seculorum”. Este abogado cree que Bankia ha presentado esta denuncia “a ver si suena la flauta”. También considera que el argumento de que las minutas deberían ser menores porque se trata de demandas calcadas “es una aberración, un absurdo. Estamos actuando conforme a las normas”. Plaza explica que han tenido que estudiar en profundidad el caso antes de interponer las miles de demandas presentadas. Este abogado añade que “si no, que admitan las demandas colectivas”. Este despacho presentó la primera en Valencia y no fue aceptada. En Madrid no lo han sido cinco de diez presentadas. Plaza confía que la sentencia del Tribunal Supremo abra la puerta a que las demandas se puedan agrupar. En definitiva, considera que Bankia “usa artimañas legales para dilatar el pago”, lo que considera “vergonzante”.

Bankia señala que paga a sus propios abogados mucho menos por cada caso. Plaza explica que el argumento no es válido, puesto que “pueden proponer una tarifa plana ya que al representar a la entidad en miles de casos, la cantidad total que cobran es muy alta”.